demasiadas leyes casi dos por semana que no se cumplen. un legislativo maratónico aunque de labor poco eficiente. normas sin presupuesto destinadas al archivo. El Dia, SC

Muchos sabios de la historia y teóricos de la democracia han coincidido en que los políticos deberían trabajar lo menos posible, pues su misión es ser árbitros en una sociedad que debe buscar por sí misma su propia supervivencia y prosperidad. Mientras más se mete el Estado, mientras más madrugan y se esfuerzan los gobernantes, regulando, haciendo leyes, prohibiendo, encarcelando, estableciendo cupos, controles, los resultados son totalmente adversos y en eso, el transcurrir el tiempo es rico en ejemplos. Obviamente lo opuesto también es nocivo para cualquier país que aspire a una convivencia armónica dirigida hacia el bien común.

En los últimos tres años, desde la puesta en vigencia de la nueva Constitución y el inicio del Estado Plurinacional se han promulgado casi 300 leyes y 944 decretos en el país, a una razón de 100 normas por año en promedio, aunque el más prolífico fue el 2011, con 141 leyes aprobadas.

Semejante cantidad arroja un total de dos leyes por semana, algo imposible de concebir en un país que pretenda ser serio, pues una norma suele requerir un periodo de elaboración, consulta, consenso y corrección antes de pasar a la fase del debate que también toma su tiempo. Obviamente eso no es lo que ha pasado en la Asamblea Plurinacional, donde más de la mitad de las iniciativas legislativas provienen desde el Órgano Ejecutivo con órdenes expresas de levantar la mano a favor y la otra mitad son contratos y toda una serie de documentos administrativos en los que la discusión también suele ser nula, aunque fuera un requisito de gran peso para evitar la corrupción y los lados oscuros, que por cierto, están apareciendo con mucha frecuencia últimamente.

El cuadro de contradicciones sobre el trabajo del Gobierno, que madruga mucho pero sin saber por qué, es mucho más inquietante cuando se admite que más de la mitad de las leyes que se aprueban terminan en el papel, la foto y los puños levantados. Nadie las conoce, nadie hace esfuerzos por difundirlas y aparentemente no son del interés de los que debieran, por lo tanto no se aplican.

La conclusión figura en un informe legislativo de la gestión 2012, en el que se afirma que de las 97 leyes aprobadas en este año, solo el 40 por ciento se aplican y el resto, sobre todo las relacionadas con el funcionamiento de los municipios y las gobernaciones, se han quedado en los anaqueles y las páginas de internet de las instituciones.

Hay varios ejemplos de leyes que son un verdadero “saludo a la bandera”, como la relacionada con la seguridad ciudadana, la de control de expendio de bebidas alcohólicas, la de trata y tráfico de personas, la ley preferente para discapacitados y la de revolución industrial y productiva, entre muchas otras. Esas normas suelen tropezar con falta de presupuesto, superposición de competencias, carencia de infraestructura y personal para ponerlas en práctica, lo que refleja que el trabajo legislativo sigue haciéndose desde los escritorios, sin el menor contacto con la realidad y en total desconocimiento del funcionamiento de las instituciones públicas.

Obviamente hay leyes y decretos que funcionan y muy bien. Mientras que sigue pendiente la aplicación de la prohibición de importación y venta de ropa usada, por ejemplo, todas las normas aprobadas en relación a los controles establecidos en contra de los sectores productivos, como el azucarero, la soya, la carne y el maíz, entre otros, funcionan como un reloj.

Hay varios ejemplos de leyes que son un verdadero “saludo a la bandera”, como la relacionada con la seguridad ciudadana, la de control de expendio de bebidas alcohólicas, la de trata y tráfico de personas, la ley preferente para discapacitados y la de revolución industrial y productiva, entre muchas otras.

medular lo establecido por un examen de opinión ordenado por Los Tiempos. EM no debe ir a la reelección se pronuncia y dejar de ser autoritario. la Iglesia y los Medios tienen preferencia de credibilidad

No debe ser fácil para los gobernantes observar que la ciudadanía no tiene similares sentimientos y percepciones que ellos. Bajo una concepción democrática del poder, esta disonancia obliga a los gobernantes a tratar de adecuar sus actos respetando dos dimensiones del ejercicio del poder: satisfacer las demandas de la gente con las posibilidades que la administración le otorga. En cambio, una visión autoritaria del poder hará que, sea mediante la seducción prebendal o ejercicio de la fuerza, se moldee aquellos sentimientos y percepciones de acuerdo a las de quienes ejercen el poder.

Bajo esa concepción, la encuesta sobre valores y principios democráticos que en homenaje a los 30 años de vida democrática ininterrumpida en el país publicamos en Los Tiempos el pasado 10 de octubre, ofrece una serie de datos que muestran, precisamente, la existencia de disonancias entre las percepciones ciudadanas y las de las autoridades. De principio, hay una de fondo: mientras la mayoría de los consultados expresa plena adhesión al sistema democrático conquistado en 1982, lo que han hecho diversas autoridades ha sido tratar de desmerecer todo lo que se ha hecho entre esa fecha fundacional y 2006.

Otra, que es muy importante, en que la mayoría considera que la democracia es, fundamentalmente, libertad de expresión, pluralismo, alternancia en el ejercicio del poder y respetos por los derechos humanos, percepción que contradice a quienes creen que esos valores tienen raíz colonial y deben estar subordinados a los intereses del Estado y sus conductores, para lo que tratan de generar e inventar ritos, mitos y conceptos que, tal como están siendo propuestos, adquieren elevada peligrosidad. 

En cuanto a percepciones más especificas, no debe ser grato para muchas autoridades encontrar que las instituciones que ellas han definido como adversarias sean las que mayor credibilidad y aceptación ciudadana tienen, como son la Iglesia Católica y los medios de comunicación. Si a eso se suma que las autoridades electas regionales y municipales y que no pertenecen al oficialismo tienen porcentajes de apoyo que superan ampliamente las obtenidas por las del oficialismo, el panorama se les complica.

También es interesante observar que la mayoría de los consultados considera que el Primer Mandatario no debiera ir a una "re reelección" (lo que de ninguna manera se puede interpretar en sentido de que si lo hiciera no votaría por él), así como que cree que la Constitución no se lo permite.

Por último, debiera provocar alarma la profunda desconfianza de la gente respecto al Órgano Judicial, lo que demuestra que las advertencias que se hicieron sobre la poco transparente manera en que se procedió a su reforma y reconstitución habían sido correctas. 

Se trata, pues, de una serie de datos que ratifican la compleja percepción que sobre la realidad tiene, en este momento, la gente. Sin embargo, parecería que nada conmueve a las autoridades que por lo que dicen y hacen daría la impresión que prefieren adecuar, a cualquier precio, la realidad a sus visiones y no éstas a la realidad, actitud que de ninguna manera es democrática.

por tercer dia consecutivo Challapata tomada por tropas del Ejército. "se quedarán hasta que sea necesario" declaró el responsable. Ver nuestro Previus

Previus. Si de veras quiere el Gobierno liquidar el tema de los "chutos" no queda otra gran solución, dolorosa aunque definitiva "quemar los chutos" o alternativamente convertirlos en "chatarra". si las FFAA no tienen equipo para convertir en chatarra vehículos y maquinaria inservible, pedir prestado a Brasil o Argentina. Será la gran fogata o el martillo pilón, una solución definitiva. De lo contrario, meses más meses menos "los chutos" serán nacionalizados y el problema empezará de nuevo. No olvidar que los chutos son fruto del trueque con cocaína o simplemente acción del contrabando en la seguridad de sacarle al Gobierno Masista, otro decretito de amnistía. Además el Gobierno debe dar señales claras y enérgicas de lo que quiere, es menos dramático y menos sangriento que buscar muertos y heridos, a veces de población civil que no es contrabandista ni culpable.

La localidad orureña de Challapata continuaba este jueves por tercer día consecutivo bajo control militar, provocando que aumente el temor de los civiles, reportó el presidente del Concejo Municipal, Pánfilo Condori.

“Los militares están patrullando las calles de Challapata. La gente tiene miedo porque hay muchos militares”, dijo.

Agregó que las autoridades civiles optaron por viajar a La Paz para reunirse con autoridades gubernamentales para analizar lo ocurrido el martes en Challapata, localidad a 115 kilómetros al sur de Oruro, y 345 kilómetros de la ciudad de La Paz.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró el miércoles que los militares se mantendrán en Challapata hasta que se recobre normalidad y se tenga control de los contrabandistas de vehículos traídos desde Chile.

En Challapata está acantonado el regimiento Ranger Méndez Arcos, y fue reforzado con soldados llegados desde Patacamaya y Oruro.

El fiscal de distrito de Oruro, Gonzalo Martínez, anticipó a los periodistas de Oruro que prosiguen las investigaciones sobre la muerte de dos hombres el martes en Challapata, uno de ellos por disparo de arma de fuergo.

El “Operativo Pijchay (limpieza en quechua” también provocó al menos cinco heridos, y seis personas fueron aprehendidas, dos ellos eran ciudadanos peruanos.

El operativo militar fue dirigido en Challapata por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Tito Gandarillas y la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya.

"Tenemos que cortar las redes de la organización del crimen en Bolivia, vinculado al contrabando, a la internación ilegal de vehículos, al narcotráfico, a la falsificación de dinero", destacó el ministro Quintana.

La acción militar permitió ingresar a cuatro garajes donde se halló 40 vehículos, y los sobrevuelos que se hizo en Challapata constató la existencia de decenas de motorizados, todos sin papeles.
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celebrando 30 años de Democracia Evo manda a detener a dos generales en retiro que lucharon contra el Che. los acusan de conspiración con el asesinado Rósza. Harold Olmos

Hoy, 10 de octubre, a 30 años de la restitución de la democracia en Bolivia,las autoriddes han ordenado la detención de los generales Lucio Áñez y Gary Prado Salmón, dos de las oficiales institucionalistas de las Fuerzas Armadas que se rebelaron contra la dictadura del general Luis García Meza Tejada. Pagaron caro su audacia pero lograron su propósito de contribuir a restablecer una patria democrática. El fiscal Marcelo Soza, del “caso terrorismo”, o el complot magnicida secesionista cuyo comando atribuye al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, pidió el arresto de ambos porque no se presentaron en Tarija, donde se lleva a cabo fase final del proceso. El fiscal Soza  había conseguido que el proceso se escenifique en Tarija alegando que Santa Cruz, donde debía realizar la audiencia, no garantizaba la seguridad de la parte acusadora. En el caso hay 39 imputados, y varios presos en la ciudadela carcelaria de San Pedro, incluso dos sobrevivientes del episodio del 16 de abril de 2009. Otros están refugiados o exiliados países vecinos. La audiencia comenzó ayer, pero como ninguno de los dos generales se presentó, alegando razones de salud, el fiscal se encuentra ante un vacío que no logra llenar.
La orden, por lo que se sabía esta noche, no ha sido cumplida. No será de fácil trámite el arresto de dos generales para un caso que se arrastra a paso de tortuga desde hace tres años y medio, menos para dos personas cuya hoja de servicios luce institucionalmente impecable. El general Áñez sufre de dolencias cardíacas y el general Prado Salmón está en silla de ruedas desde hace más de veinte años a raíz de una bala fortuita que lo hirió cuando trataba de reimplantar el orden en una zona convulsionada de Santa Cruz. Por estos motivos no habían asistido a las audiencias en La Paz y Cochabamba.
Sobre estos dos acusados pesa la acusación de haber colaborado con Rózsa. Al general Prado por haber recibido al fallecido combatiente croata para una entrevista. La entrevista derivó en una publicación en la revista húngara en la que Rózsa escribía El general entregó al fiscal uno de los dos ejemplares con el reportaje. Al general Áñez se le acusa de haber participado en supuestas reuniones relacionadas con la causa que se atribuye a Rózsa.
La orden de arresto y la audiencia en Tarija son acontecimientos en pleno desarrollo.

productores de coca no quieren intermediarios. quieren vender su producto al consumidor sin que se paguen "precios bajos" como fruto del monopolio en la comercialización (Qué hay detrás de este afán?)

Ante las continuas denuncias de desvío de la hoja de coca al mercado ilegal en el trayecto a la localidad de Sacaba, dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba analizan cambiar el sistema de comercialización de ese producto al mercado tradicional.
Rolando Vargas, ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas del Trópico de Cochabamba, informó este martes que el tema está siendo analizado y se espera que hasta fin de año se tenga una propuesta concreta. Sugiere que el nuevo sistema de venta de la coca sea del productor al consumidor. 
“Hay comerciantes detallistas que monopolizan y pagan (precio) muy bajo en el mercado, por lo tanto ese monopolio hay que romper, lo que significa que nosotros como productores de coca tenemos que abrir un nuevo mercado, del productor al consumidor, para evitar este tipo de especulaciones”, señaló Vargas a radio Pío XII de Erbol.
Según el dirigente, son los comerciantes intermediarios de la hoja verde quienes facilitan la deviación del insumo para la fabricación de cocaína.
Agregó que en estos días llevan adelante un seminario taller para abordar la problemática y que el próximo 17 y 18 de diciembre, en un Congreso, decidirán la implementación de nuevas medidas.
Mario Castillo, dirigente de la Federación de Trópico, dijo que a partir de la venta de la “hoja sagrada” a los comerciantes, ellos pierden el control del destino del producto.
“Si habría algún desvío, eso no podemos controlar, controlamos en nuestros mercados, pero del mercado no sabemos cómo están actuando los comerciantes de coca”, dijo el dirigente a Erbol.
Afirmó que la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN), debe ser la institución que asuma el mayor control. Explicó que otra medida de seguridad próximamente a ser implementada por los cocaleros es la dotación de carnet digital, inserto en el sistema biométrico, para controlar a los productores.
El director general de DIGCOIN Cochabamba, Reynado Ledesma, confirmó la víspera que parte de la coca que sale del Chapare es desviada y no llega al mercado legal de Sacaba para su comercialización. Admitió que la mercadería disminuye en un 25 por ciento luego de pasar el control en el sector de El Castillo y antes de llegar a la tranca del Locotal, a 120 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.

golpe bajo a Sacha Llorenti. su antecesor Chávez dice que no es admisible que el ministro no supiera lo que estaba pasando en Chaparina. no es razonable, tiene nomás que responder por sus actos. Sacha no comenta se encuentra en Nueva York, ocupando la más importante embajada de Bolivia

Wilfredo Chávez masista critica a Sacha Llorenti masista.

El ex ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, aseguró que un ministro de Estado tuvo y tiene que conocer todas las actividades realizadas por su despacho, haciendo referencia a la intervención del Gobierno a la VIII marcha de los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) del 25 de septiembre de 2011.

La ex autoridad precisó que el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, debió tener información de los movimientos de las instituciones dependientes de esta cartera de Estado para controlar y evitar lo acontecido en la localidad beniana de Chaparina.

“El ministro debe estar a cargo de algo, no puede estar ausente de lo que ocurra, y que se esté incendiando su casa no puede ser que él no sepa. Yo he conocido por mis actos y le digo cuando se es ministro se dedica pues a ser ministro, no se dedica a ver videos poco más. (Un ministro) tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo en su despacho y la información que tiene sobre estos casos, yo entiendo en esa amplitud que el ministro tenía que estar informado,  que se haya roto la cadena de mando u otro ya son explicaciones diferentes, por ello yo creo que video más o video menos la investigación tiene que dar cuenta de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en Chaparina”, aseveró Chávez ante la prensa.

La abogada legal del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho,  presentó en las pasadas semanas un video donde se ve al ex viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, presuntamente planificando la intervención a la marcha del TIPNIS.

A finales del mes de julio, la comisión de fiscales del caso Chaparina, Patricia Santos y José Ponce, determinó excluir a Llorenti de las investigaciones porque supuestamente habría existido una ruptura en la cadena de mando para la intervención a los indígenas, por lo que no encontraron responsabilidad en la ex autoridad. Además los fiscales decidieron rechazar la denuncia del supuesto secuestro al canciller David Choquehuanca por parte de mujeres del TIPNIS.

Una vez conocida la exclusión de las investigaciones de Llorenti, también ex representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), se conoció posteriormente su postulación para ser embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hecho que se plasmó y la ex autoridad de Estado ya se encuentra en Estados Unidos ocupando su nuevo cargo.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, en el informe realizado sobre los sucesos en Chaparina, sostuvo que hubo incumplimiento de obligaciones y responsabilidades empezando por Llorenti, quien habría decidido que se intervenga la marcha y habría ordenado la realización de los actos preparatorios para su ejecución.

Los dirigentes indígenas que participaron de la VIII y IX marcha en defensa del TIPNIS repudiaron la determinación del Ministerio Público de excluir a Sacha Llorenti de las investigaciones, quien para este sector sería el principal responsable de la violación de los derechos de los indígenas que se movilizaron para rechazar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS.

OPINION recoge con acierto la expresión "ahora todos quieren ser mineros" y se apoderan de las minas contra toda Ley y mandato. fruto del cambio.

Huanuni, Himalaya, Laramquta, Sayakira, Colquiri, Porco, Teoponte, Mallku Quta, entre otros, son algunos ejemplos de la codicia que despierta el auge de la riqueza minera.
Se sabe, en la minería, que los tiempos de vacas gordas son breves; a veces duran muy poco y hay que aprovecharlos al máximo, pues no se puede saber cuándo volverán las épocas de esplendor.
Arrancar los recursos contenidos en los sombríos y oscuros socavones es una tarea complicada, peligrosa y pocas veces compensa el enorme sacrificio que implica.
Por ello, cuando suben —como en el momento presente— las cotizaciones internacionales de los minerales, los obreros del sector buscan explotar las mayor cantidad posible para venderlos a quien ofrezca más y disfrutar de un bienestar pasajero, antes de volver a sufrir la miseria y estrecheces de casi siempre.
Eso explica las tomas —muy mal llamadas avasallamientos— que han sucedido recientemente.
Da la impresión de que muchos sectores, principalmente los cooperativistas, están alentados por un sentimiento de “ahora o nunca”, y en ese afán, como sucede en la mina Himalaya, el wólfram explotado sólo beneficia a quienes literalmente se han apoderado de ese mineral, que pertenece a todos los bolivianos.
Esto es posible por la carencia de una ley que regule las actividades mineras en el país, que imponga penas a quienes defrauden impuestos.
Desde esta misma columna se dijo que el Estado actúa con energía sobre contribuyentes que evaden facturar, o sea tributar, por montos irrisorios en comparación con el fraude fiscal en que incurren quienes se dedican al saqueo de la riqueza minera. Y éstos no sufren el menor problema por ello.
Es imprescindible, pues, que se cuente con una ley que establezca obligaciones y derechos de los sectores que participan en la minería. Que se establezcan no sólo las obligaciones tributarias, de pago de regalías y otros, sino que se detallen, con precisión absoluta, los pasos previos al comenzar cualquier labor de explotación minera, tales como la obtención imprescindible de licencias ambientales, la construcción de diques de colas y plantas de tratamiento de los desechos industriales.
Hay pocas actividades que causan tanta polución como la minería, a grado tal de que los propios trabajadores sufren las consecuencias, traducidas en silicosis. Los campos agrícolas y las comunidades asentadas cerca de los puntos de explotación minera son víctimas de los desechos industriales mineros.
También, esa normativa debe establecer cuáles son los derechos de quienes explotan la riqueza, pues si cumplen con todas sus obligaciones (cooperativistas, privados y el mismo Estado) deben gozar de seguridad jurídica.
La parte patronal, y ésta incluye a los socios de las cooperativas, debe proporcionar seguridad laboral a sus dependientes y entre ellos mismos. Si alguna de estas unidades productivas no puede proveer tan elemental cuestión, no debe comenzar sus operaciones.