Cuando el presidente Evo Morales dijo, en diciembre de 2010, que la situación de las subvenciones de los carburantes era “insostenible”, Bolivia importó combustibles, en ese mes, por 51 millones de dólares. En diciembre pasado, las importaciones fueron por 108 millones. Y la subvención se disparó.
El tema se ha convertido en la pesadilla del presidente. Hace alusiones a este problema cada vez con más frecuencia, aunque no atina a darle una solución. Desearía, con mucha ingenuidad, que las “organizaciones sociales” le obliguen a acabar con las subvenciones, es decir a subir los precios.
Las autoridades de YPFB anuncian, de tanto en tanto, que los controles para la venta de los carburantes subvencionados serán más rígidos, que se usarán espías satelitales, que los motorizados de todos los bolivianos serán dotados de chips que los identifiquen, a fin de que no puedan usar más combustible del que necesitan.
Todo esto en la geografía que el Estado boliviano controla. Porque en el resto del país rigen otros precios, otras leyes, los puestos de venta no están registrados ni por YPFB ni por autoridad alguna. En las regiones controladas por el narcotráfico, que son cada vez más amplias, rigen precios que duplican a los oficiales. En regiones no atendidas por el sistema de YPFB, los consumidores deben pagar también el doble, aunque no tengan los ingresos del narcotráfico.
Lo cierto es que, en un año y medio, desde que el presidente intentó dar el gasolinazo y luego se acobardó, las importaciones se duplicaron. ¿Se duplicó el consumo?
¿Se ha duplicado el parque automotor en el país en estos 18 meses? Ni siquiera con la ayuda de los diputados “chuteros” que el presidente dice tener podría haber ocurrido eso.
Aquí surge otra pesadilla.
Imaginemos un barco que trajera diesel venezolano y entrara por río hasta el Pantanal y allí, antes de recalar en el puerto boliviano, el barco entregara el combustible en el lado brasileño. Pero que, a pesar de que el barco estuviera vacío, los papeles de la carga fueran entregados a quienes corresponda en el lado boliviano. Y que esos papeles fueran sellados, dando conformidad de que la carga se recibió.
La pesadilla sigue. Imaginemos que esos mismos papeles, de una carga que no existe, fueran luego usados para contratar los servicios de almacenamiento, muy caros, y de transporte, todo a cargo de YPFB. En este último caso, el transporte de la “carga” sería un buen negocio para quienes son propietarios de la ferrovía oriental, es decir del venezolano Carlos Gil, dueño también de famosos medios de comunicación y otras cositas.
Los papeles de estas importaciones, con todas las firmas, con todos los gastos hechos, pagadas todas las facturas de almacenamiento, de transporte, calculadas las mermas, se sumarían al costo de la subvención.
No se ha duplicado el consumo de diesel en el país; sólo las importaciones. En lugar de hablar tanto sobre la subvención, el presidente tendría que observar a su alrededor. Allí está surgiendo una oligarquía.
