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lunes, 23 de abril de 2018

razona Susana, analiza y concluye que se da otra vez la manipulación de la Justicia para justificar un atropello inaudito del Poder en contra de los intereses de Santa Cruz. Simplemente abuso de poder para no pagar regalías y continuar con el despilfarro.




De nuevo Evo en contra de Santa Cruz. Caso Incahuasi

Susana Seleme



El asalto del centralismo a las regalías del departamento de Santa Cruz, contenidas en el pozo petrolero Incahuasi, confirma que Bolivia no es un Estado Autonómico como forma de organización territorial, administrativa y política del Estado.

Es uno “con autonomías”, inscrito así en la Constitución Política del Estado (CPE), para salir del paso frente a las demandas autonómicas, otorgando competencias ya exclusivas, concurrentes, privativas y compartidas, solo en el papel. En los hechos, se aplican o respetan cuando bien le conviene al Ejecutivo que concentra todos los poderes del Estado.

La confiscación de las regalías de Incahuasi es, además, un caso de judicialización política de las mismas regalías y de la autonomía. La maniobra empieza en el Ministerio de la Presidencia, y luego, con cara de “yo no fui”, se pasa al Judicial, que es su apéndice. Y el Tribunal Constitucional establece la sentencia 1160/2017 que congela cuentas porque Chuquisaca también reclama esas regalías, aunque el reservorio está en departamento cruceño, según estudios antiguos y actuales, pero pide uno nuevo.  Recuerda al perro del hortelano: ni come ni deja comer.

Sin corrección política alguna, afirmo que es una maniobra del centralismo de Morales y sus ad látere contra Santa Cruz y contra el Gobernador Rubén Costas, a quien con 28 procesos judiciales inventados e interminables, no logran acobardarlo, acorralarlo o destituirlo, que es la meta del oficialismo.

Y sin inmutarse, resta a la gobernación y a la población cruceña sus propios recursos, congelados desde hace más de cuatro meses. El monto a la fecha supera más de 130 millones de bolivianos.

El secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, cuestionó la determinación de la autoridad judicial, y afirma que “nosotros no hemos pedido el cumplimiento de una sentencia, hemos pedido corregir una injusticia”. Agrega que nunca existió la intención de enfrentarse contra el pueblo chuquisaqueño, sino contra el gobierno centralista, y afirma que no pagarán un nuevo estudio, porque carecen de fondos, y además “ni la montaña ni el reservorio se han movido.”

Es evidente que el juez que dictó el congelamiento de fondos, no es independiente del poder político:  está subordinado al Ejecutivo, que ya es un ‘Estado-Gobierno’ como ya llaman algunos especialistas al de Morales y García Linera. La denominación ‘Estado-Gobierno’ contiene una de las mayores contravenciones al Estado de Derecho, porque el Estado es la institución permanente, basado en un Pacto Social que proviene de una Constituyente y de la CPE, más allá de sus aberraciones, como distinguir dos tipos de ciudadanos por su origen étnico.  Es decir, no es garantía de igualdad de todos los ciudadanos de Bolivia, según el constitucionalista Ramón Peralta Martínez. (El Deber. 05/04/2015)

Los gobiernos, en cambio, son transitorios porque están sujetos a la alternancia cada cierto tiempo, en cumplimiento al democrático y legítimo derecho ciudadano de elegir/cambiar a sus gobernantes.  La alternancia permite a los votantes corregirse si se equivocaron antes, pues no hay ‘derecho humano’ que ampare la reelección indefinida para perpetuarse en el poder y utilizar ilícita e impunemente los recursos públicos.

Bien decía Ramiro Velasco (+) que “El centralismo es producto de la estrechez política del sistema administrativo estatal, es la impotencia estatal para contener la nación” que es diversa y heterogénea en un espacio geográfico y étnico de diferencias contundentes. En esa realidad, el Estado-Gobierno centralista es una superestructura vertical que tiene una visión parcializada de su conjunto social multi y pluri. Por eso nunca han entendido los fines de la descentralización ni de las autonomías, en las antípodas del centralismo ‘castrochavista’, según el chileno Fernando Mires, amén de populista y autocrático. 

Ya en 1928, el peruano José Carlos Mariátegui, sentenciaba que “el fin histórico de una descentralización no es secesionista, sino por el contrario unionista. Se descentraliza no para separar y dividir a las regiones, sino para asegurar y perfeccionar su unidad dentro de una convivencia más orgánica y menos coercitiva. Regionalismo no quiere decir separatismo.”  Otros autores sostienen que cuando crece la competencia en unidades territoriales que no están separadas por fronteras, ningún argumento es más acertado que el de la autonomía política.

James Petras, intelectual de izquierda norteamericano libre de toda sospecha imperialista, pinta a Morales de cuerpo entero: “¿Cuántos líderes pueden proclamar un ‘Estado plurinacional’ y centralizar el poder político y la toma de decisiones económicas en las manos de una pequeña élite tecnocrática mestiza? Evo Morales es el rigor y la consistencia con que ha aplicado las políticas económicas ortodoxas, siguiendo el manual de las organizaciones financieras internacionales… ha mostrado su maestría, sin parangón en América Latina, en justificar las políticas ortodoxas y reaccionarias con una retórica radical”. ¡Vaya!  que la Bolivia de Morales no es ni revolucionaria, ni socialista del Siglo XXI. Este es un Estado-Gobierno que quiere partido y pensamiento únicos, con economía estatizada y que da muestras de colonialismo interno.  

Según Peralta Martínez, “frente al modelo del Estado Plurinacional estatista, centralista y sin división de poderes habrá que plantear un modelo federal, democrático y ciudadano” donde nadie ande “promoviendo un Estado indigenista ni a sus 36 naciones”, sino todos iguales ante la Ley.

Para que el Estado contenga las múltiples determinaciones de la nación, debemos impedir la cuarta reelección de Morales predicador de la impostura. Debemos impedirlo para que tantas décadas de lucha no sean fagocitadas por un Estado-Gobierno que desde hace 12 años se esmera en la reproducción verticalista, corrupta y centralista del poder, porque es impotente para contener a toda la nación. 

domingo, 8 de abril de 2018

tal como aparece en el blog de Montaner, un columnista muy leído a nivel mundial. hasta ahora no se ha producido ningún desmentido a esta declaración sobre la comparescencia de Goni y de Sánchez Berzain en un Juzgado de Florida, EEUU.

Hace pocas fechas el gobierno de Evo Morales echó las campanas al viento para declarar que el expresidente Sánchez de Lozada y  su exministro Sánchez Berzaín habían sido declarados culpables de ejecuciones extrajudiciales. Era fake news. El jurado, pese a la confusión, había declarado lo contrario. Los abogados de los dos prominentes bolivianos explican lo que sucedió y probablemente lo que sucederá a principios de mayo cuando el juez dicte la sentencia definitiva.
Declaración a nombre del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del ex Ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín
Washington, abril 6 de 2018
El veredicto que el jurado ha emitido el 3 de abril no es la decisión final del tribunal. El caso continúa y la Corte específicamente ya había advertido a los demandantes y a sus abogados que no proclamen victoria en base al veredicto del jurado debido a que el mismo no es la decisión final. (Transcripción del Juicio p. 41, líneas 4 a 12, 28 de Marzo de 2018).
Consistente con sus declaraciones de 28 de marzo, la Corte no emitió sentencia final en nuestro caso. En lugar de ello, la Corte solicitó a las partes presentar por escrito argumentos suplementarios a fin de considerar nuestra moción de descartar la demanda o anular el caso en aplicación de la Regla 50 de las normas federales de Procedimiento Civil. La Regla 50 es una norma bien establecida en la justicia americana que permite a un juez anular un caso cuando la evidencia es insuficiente para poder sustentar una decisión razonable del jurado en favor de los demandantes.
Nosotros ya hemos expresado nuestro desacuerdo con el veredicto porque creemos que la evidencia presentada es insuficiente para sostener el veredicto que emitió el jurado:
  1. 1. Los abogados de los demandantes ya admitieron que no existieron órdenes de nuestros defendidos para disparar y matar civiles desarmados.
    2. No existen evidencias de que hubiera habido un plan de nuestros defendidos para utilizar fuerza letal contra la población civil.
    3. El veredicto del jurado es inconsistente porque ellos mismos encontraron que las muertes no fueron causadas de forma “deliberada o intencionalmente” por un soldado boliviano (Formulario del Veredicto, Pregunta 8).
    Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto del jurado será dejado sin efecto cuando la ley sea correctamente aplicada.
    Stephen D. Raber
    Ana C. Reyes
    Williams & Connolly LLP

sábado, 24 de marzo de 2018

Rolando Villena exdefensor del pueblo, religioso vinvulado a los DDHH, refiere la historia de las "democracias" de las grandes transformaciones sociales, hasta llegar al llamado "proceso de cambio" y "el periodo de bonanza" que el MAS no supo aprovechar. el MAS confundió su rol, aquellas condiciones que lo encumbraron ya no existen. Bolivia sigue siendo el más pobre, hora es de diseñar las bases de un nuevo ciclo basado en los DDHH, la democracia, la transparencia y el respeto a la CPE.

El referéndum del 21 de febrero de 2016, que negó la pretensión de Evo Morales de volver a ser candidato a la presidencia en 2019, marcó el principio del fin del ciclo político de la “democracia corporativista”, iniciado en octubre de 2003 con la salida del Gobierno de Sánchez de Lozada y que históricamente reemplazó a la “democracia pactada” del neoliberalismo.

Este ciclo, cuya base social y política fueron los movimientos sociales, generó grandes transformaciones que no se habían producido en el país desde la Revolución de 1952, de la que precisamente tomó los principios de nacionalismo, nacionalización, redistribución, revolución productiva, economía estatista, poder popular y alianza de clases, aunque los bautizó con otros nombres.  El “proceso de cambio” se caracterizó por la hegemonía política, la cohesión social y, sobre todo, el crecimiento económico, producto de la subida de los precios internacionales del gas y los minerales.

La debacle de los partidos tradicionales y la emergencia de los movimientos sociales habían generado las condiciones objetivas y subjetivas para implementar cambios estructurales que pudieron haberse hecho por consenso y sin conflictos, ya que Evo Morales tenía el 64% del voto y el 75% de apoyo; por 10 años tuvo dos tercios de la Asamblea Legislativa con lo que impuso leyes y autoridades de todas las instituciones y Órganos del Estado. Controló al 90% de las alcaldías, tuvo total apoyo internacional y gobernó prácticamente sin oposición.

Pero el MAS carecía de una propuesta ideológica consistente y más allá de recuperar las reivindicaciones de la Revolución del 52 y ensayar slogan como “la revolución democrática y cultural”, “el vivir bien” o “el capitalismo andino”, nunca tuvo la capacidad de construir una respuesta ideológica para el momento histórico que le tocó liderar.

Confundió su rol y reemplazó la ideología por la acción política, apelando a la propaganda, la cooptación de las organizaciones sociales, la desinstitucionalización del Estado y la implementación de un modelo de gestión gubernamental que privilegió el culto al caudillo, debilitando hasta el límite la meritocracia, la transparencia y la eficiencia.

Después de 12 años de gobierno, es evidente que las condiciones que lo encumbraron ya no existen.  La absoluta mayoría con que contaba, ha quedado reducida a los funcionarios públicos; grupos corporativos amalgamados tras intereses económicos y algunos sectores populares, que en total suman el 22% de la población.  La economía se está contrayendo; Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica, ocupamos los últimos puestos en calidad institucional y nos mantenemos como el tercer país más corrupto de la región.

Para sobrevivir, el MAS se atrinchera tras las instituciones que aún controla, porque destruyó su vínculo con el pueblo y convirtió a las organizaciones sociales en comandos oficialistas. Incluso, para imponer la repostulación de Morales, se ha inconstitucionalizado la Constitución, un hecho inédito en el mundo.

Pero el mayor problema es que, en su intento de extender un proceso ya agotado, está rompiendo las bases del sistema democrático, recurriendo al control y distorsión de las instituciones e intentando construir un gobierno con legalidad, pero sin legitimidad, tal como lo hicieron Paz Estenssoro en 1964 y Sánchez de Lozada en 2002.

El escenario actual, coloca a Bolivia frente a la necesidad de construir un espacio de transición social y política, a través del consenso, que frene las tentaciones de volver al pasado, que recupere los avances logrados, pero sobre todo que evite una crisis social, que nos pueda llevar a una dictadura abierta como en Venezuela, o a enfrentamientos violentos como en octubre de 2003.

Esa es la gran responsabilidad que tiene la sociedad civil y política para el 2020, cuando acabe el mandato legal de Morales.Por eso, la agenda electoral no nos puede hacer perder de vista que, no solamente se trata de impedir que la Constitución sea vulnerada, sino de diseñar las bases del nuevo ciclo político, que se construya sobre principios de derechos humanos, democracia, transparencia y respeto a la Constitución y la ley.



Exdefensor del Pueblo y miembro del Conade.

miércoles, 21 de febrero de 2018

Marcelo Ostria titula su texto "21 de Febrero" simple y llanamente para recordar lo que ocurrió hace 24 meses y la voluntad expresa del pueblo de salir a las calles buscando el respeto al NO que marcó la victoria de la cordura, la sensatez y la Justicia y que hoy el MAS de Evo, pretende ignorar. la decisión soberana es tal, que ya dió señal de contar con fuerte respaldo hasta el final.

21 de febrero

Hace dos años, en un referendo convocado por el gobierno, la mayoría de los bolivianos votó contra la propuesta de cambiar la norma constitucional que limita la reelección presidencial continua a una sola vez. La reacción de quienes detentan el poder fue –y aún es– airada; por primera vez desde 2005 el partido oficial perdió en un acto electoral nacional y sus dirigentes, consternados, siguen atribuyendo el resultado que les fue adverso a las “mentiras propaladas por la derecha”, lo que, en el supuesto -ciertamente negado- que las hubo, no constituirían causal para impugnar una votación. En verdad las mentiras y falsas promesas son corrientes en las campañas electorales, y de este pecado pocos se libran.
Pero, al fin, cuando  el caso parecía cerrado, el oficialismo, que nunca se recuperó de la pérdida, recurrió al Tribunal Constitucional, insistiendo en que se permita la nueva reelección del presidente.  El fallo fue sorprendente e írrito. Se dio una muestra de la dependencia de los encargados de impartir justicia al oficialismo, pretendiendo consagrar el prorroguismo.
La situación ha cambiado en el país y en América Latina. El neopopulismo, inspirado en el Socialismo del Siglo XXI de Heinz Dieterich Steffan, que parecía incontenible, ahora está en franco retroceso; solo quedan los regímenes populistas de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y luego de más de una década de gestión del actual gobierno boliviano, la mayoría exige con clara determinación que se respete, sin retaceos, uno de los elementos de la democracia: la alternancia. Es que nunca tuvo sentido el anuncio de los oficialistas de que han llegado al poder no como inquilinos, sino para quedarse. Tampoco convence la prédica de que todos los males habidos y por haber, son causados por la “derecha” y por el “imperio”, como parte  de una herencia “maldita”. 
El rechazo es también a la corrupción generalizada, a los errores y a la ineficiencia en el manejo de la administración del Estado. Se trata de una gestión de gobierno fallida, pese a la excepcional oportunidad que brindó el mercado internacional a los productos de exportación.
Descalificar la actual resistencia ciudadana al prorroguismo es negar la realidad. A la vez, es negar que se limita la libertad y los derechos democráticos. Lo cierto es que se objeta el modelo populista autoritario y excluyente. Y ya no hay temor en mostrar decepción y descreimiento en esta aventura política. Los ciudadanos protestan, y está a la vista que su determinación es recuperar los valores democráticos ahora perdidos.

miércoles, 31 de enero de 2018

El Dia primero denuncia a Petronilo Flores del TC que "de su espontánea voluntad" dice que el 21F no tiene valor. El Dia dice que la voluntad del pueblo es dar la batalla en las calles y en los tribunales.

El flamante presidente del Tribunal Constitucional (TCP), Petronilo Flores, elegido el pasado 3 de diciembre, se lanzó de oficio ante los pies de la repostulación y afirmó que el fallo emitido en noviembre que habilita la reelección indefinida, es un caso cerrado, porque los dictámenes de este órgano judicial son vinculantes, inapelables y de cumplimiento obligatorio.
Recordemos que los anteriores miembros del TCP fundamentaron su decisión en la extravagante e insólita interpretación de un artículo del Pacto de Costa Rica sobre los Derechos Humanos referido a los derechos políticos que supuestamente son violados por la carta magna boliviana porque no le permiten al presidente Morales postularse las veces que le de la gana a la primera magistratura.
Pese a las implicaciones de manipulación que están detrás de las palabras y la actitud del magistrado Flores, es necesario tenerlas en cuenta a la hora de revisar anteriores dictámenes del TCP, que siempre tuvo las intenciones de darle gusto al régimen, pero que no ha sabido mantener una estrategia sólida, pues como bien se afirma, “no hay crimen perfecto”.
Tal como lo señala el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, el TCP emitió un fallo que contradice y viola sentencias anteriores del mismo organismo relacionadas a la repostulación que indican que para la aprobación de la reelección indefinida en el país, sería necesario un referéndum aprobatorio y una posterior convocatoria a asamblea constituyente que modifique el texto constitucional. 
Esos fallos fueron emitidos con anterioridad a la consulta del 21 de febrero de 2016 que resultó desfavorable para el oficialismo y en consecuencia le impidió hacer cambios en la Constitución que ahora pretende ser pisoteada sobre la base de un precepto del derecho internacional creado para proteger a la gente de las dictaduras y no justamente al revés. 
Sobre la base de estos razonamientos jurídicos, Alarcón ha presentado demandas que no solo obligan al TCP a realizar las aclaraciones respectivas, sino que también interpelan al Tribunal Electoral a cumplir con su obligación de hacer respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero, que también son vinculantes, con mucho mayor rigor que una fallo de un grupo de magistrados, porque procede de la voluntad popular.
Este recurso, así como el que acaban de presentar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y los exdefensores del pueblo de Bolivia ante la OEA, anticipan una guerra judicial sin precedentes en el país, orientada a defender la vigencia de la democracia y que en el caso del régimen gobernante, lo colocan ante un escenario poco auspicioso que desnuda sus argumentos, los debilita y los pone en un contexto de atropello que no se debe permitir. El otro camino que ha sido marcado para defender la Constitución y la voluntad de pueblo lo ha señalado la propia ciudadanía que está dispuesta a seguir en las calles hasta lograr que el Gobierno desista de sus propósitos.
Recursos como el que acaba de presentar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y los exdefensores del pueblo de Bolivia ante la OEA, anticipan una guerra judicial sin precedentes en el país, orientada a defender la vigencia de la democracia y que en el caso del régimen gobernante, lo colocan ante un escenario poco auspicioso que desnuda sus argumentos.

domingo, 29 de octubre de 2017

gusta el artículo de Carlos Mesa. lo que no gusta es que pretenda ignorar la razón por la que las FFAA no fueron a Vallegrande a rendir homenaje al Che. "hasta ahora se desconocen las razones" es que la ausencia de uniformados se ha debido al noble razonamiento "no pueden los soldados cuadrarse ante el invasor derrotado". la avivada de Evo de homenajear a los excombatientes de la guerrilla, no estuvo nada bien. otra burla a las FFAA y el doble discurso en contra y a favor del Che. menos mal que también las FFAA se van dando cuenta de la doblez presidencial que cae mal.

Con la avalancha informativa sobre el cincuentenario de la muerte de Che Guevara, tal vez no se prestó mayor atención a hechos que dibujaban mejor lo ocurrido en Bolivia estos días y su significado en una realidad contradictoria que parecieron reflejar. Menos de una semana después de rendir tributo al guerrillero argentino-cubano e identificarlo como su verdadero héroe, el presidente Morales presidió el homenaje de las Fuerzas Armadas a quienes lo derrotaron y pusieron fin a su campaña. La incongruencia entre los actos de Vallegrande, primero, y de La Paz, pasó desapercibida para el Jefe del Estado, quien dedicó gran parte de su discurso a atacar al “imperialismo”, imprescindible en su oratoria. El de La Paz semejó un acto en el que los participantes militares caminaban por una ruta y las palabras vibrantes del mandatario por la orilla opuesta.
Hasta ese momento, muchos ignoraban que el propio Jefe de Estado y el Alto Mando Militar iban a homenajear a los excombatientes de la guerrilla, algo que nunca había ocurrido durante todos los años del Gobierno. Hasta hoy se especula sobre qué motivó al Gobierno a llevar a cabo el homenaje cuando aún estaban en Bolivia algunos de la multitud de admiradores que vinieron a rendir tributo al comandante guerrillero. Un dato citado por testigos y observadores parecía elocuente: en las ceremonias de Vallegrande no hubo una presencia visible de militares. Fue notoria la ausencia de excombatientes, pese a que tenían todos los gastos cubiertos, inclusive la oferta de un viático especial. La versión más verosímil parece estar en la insatisfacción militar con la posibilidad de dejar pasar el aniversario e ignorar la acción de 1967, en la que ocurrió la única victoria decisiva de las armas bolivianas el siglo pasado contra una fuerza que se proponía crear “uno, dos, tres, muchos Vietnam” a partir de Bolivia. Con todo, los detalles sobre la decisión aún permanecen oscuros.
En La Paz, los excombatientes fueron condecorados, acto que el presidente Morales equilibró con su fuerte discurso anti-norteamericano, con blanco en la CIA. Culpó a la agencia norteamericana y a los generales bolivianos de la muerte del guerrillero. Como ha sido habitual, no elaboró su afirmación ni sus bases históricas.
El fervor marcial del acto en el Cuartel General de Miraflores, menos de una semana después, fue visto como una evidencia de que, por sobre otras enseñanzas, pesa sobre los militares su propia historia. Los observadores subrayan que es improbable que el relato que recibían hasta hace una década vaya a transformarse para aceptar la versión de que la victoria en la campaña de Ñancahuazú no fue obra de bolivianos.
El debate sobre la guerrilla de 1967 recobró actualidad y reavivó controversias estos días con declaraciones de la combatiente de aquellos años, Loyola Guzmán, parte del grupo original que comandó Che Guevara. En una extensa entrevista publicada por Página Siete el domingo antepasado, la exguerrillera explicó por qué se escogió Ñancahuazú, en el remoto sureste nacional, como base de operaciones para lanzar la campaña. El lugar ha sido señalado como inadecuado por los críticos de la guerrilla pues equivalía a estar en el medio de nada: a cientos de kilómetros de la frontera más próxima (a 400 kilómetros de Argentina, a 800 kilómetros de Brasil y a más de mil de Perú). “Por lo que nos explicó (el Che) era una especie de retaguardia”, dijo la excombatiente, cuya misión era organizar y activar una red urbana de lucha clandestina. Esas distancias gigantes respecto a la retaguardia se multiplicaban con la condición inhóspita de la zona, lo que, en opinión de los críticos, anticipaba la derrota. La retaguardia quedaba muy lejana de los lugares sobre los que se suponía que los combatientes debían operar y una cobertura logística mínima lucía adversa.
La excombatiente, nemesis para el partido de Gobierno y al lado de quienes se oponen a la reelección indefinida del presidente Morales (“Si ser izquierdista es ser masista, yo no soy izquierdista”), dijo que la campaña en Bolivia debía extenderse por muchos años y que su estallido el 23 de marzo de 1967 fue prematuro. En contraste, los críticos y analistas de la campaña sostienen que habría sido sólo cuestión de días para que el movimiento quedase al descubierto. Casi todos los autores coinciden en que la presencia de la columna de Guevara era conocida desde hacía semanas y que los pobladores de la extensa región escogida para lanzar los combates mantenían informado al ejército. Cuando la base de operaciones del movimiento fue capturada a pocas semanas de la apertura de hostilidades, la campaña guerrillera quedó sin cordón umbilical, a la intemperie, y su suerte sellada.
Una apreciación general es que los actos del cincuentenario fueron sólo una página entre otras cuya lectura quedó pendiente y que sobre la conmemoración en Bolivia resta mucho para contar.

El autor fue presidente de la República

sábado, 28 de octubre de 2017

llamar las cosas por su nombre. toda incitación a desobedecer la CPE es un ACTO DELINCUENCIAL, Los Tiempos se expresa en forma por demás pertinente, valiente y oportuna cuando desde el Gobierno es inspiran, alientan y hasta financian expresiones públicas para burlar la prohibida postulación de Evo.Alva, cuando todas las disposición artículos 168, 108, 410 de la CPE disponen acatarla, más aún si existe un referendum del 21F que es vinculante.

La organización por parte de autoridades del Gobierno y dirigentes del MAS de movilizaciones para respaldar una nueva postulación del Primer Mandatario en las elecciones generales de 2019 puede ser tipificada como una instigación a delinquir por cuanto la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe esa posibilidad en al Art. 168 que dispone que los primeros mandatarios sólo pueden ser reelectos “por una sola vez de manera continua”.

Esa disposición ha sido ratificada por la mayoría ciudadana en el referendo constitucional de febrero de 2016, convocado por el oficialismo para modificarla y así habilitar a los actuales primeros mandatarios a postular una vez más.

Es pertinente recordar, además, que el Art. 108/1-3 de la CPE fija como deberes de la ciudadanía “Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” y “Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución”.

El Art. 410/I-II dispone que todas “las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, municiones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución” y que ésta “es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa”.

Con esos antecedentes, es pertinente sostener que las acciones dirigidas a que no se cumpla la CPE  son, en definitiva, instigaciones a delinquir.

Desde otro enfoque, también conviene recordar que el Art. 196/I de la CPE define que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “vela por la supremacía de la Constitución”, y el Art. 202 que entre sus atribuciones está la de conocer y resolver es “única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatus Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos (…)”.

Es decir, la demanda presentada por parlamentarios del MAS para que el TPC declare “no aplicable” el Art. 168 mencionado es un dislate más que sólo muestra la desesperación que tienen los actuales inquilinos del Ejecutivo por prorrogarse en el poder, así sea violando la CPE y las leyes del país.

Obviamente, una cosa es presentar demandas como la señalada, así sean incoherentes y maliciosas, y otra, muy distinta, forzar movilizaciones para que sus adherentes opten por desconocer la CPE y las leyes y pretendan imponer la postulación permanente de los actuales mandatarios, así sea también al costo de enterrar el proyecto político que los encumbró.

Pero, bien harían en recordar que el actual Código Penal sanciona con la reclusión de un mes a un año al “que instigare públicamente a la comisión de un delito determinado”.