los chinos sí están en el Illimani, una nueva mentira del Gobierno que queda al descubierto. los chinos están bien instalados en el Mururata y el coloso Illimani de 6.800 metros sobre el nivel del mar, lo dice Amalia Pando con documentos en la mano, en su sitio de Internet.

Los chinos si están en el Illimani. El Ministro miente
030martes, 22 de noviembre de 2016

Los chinos si están en el Illimani. El Ministro miente

Narendra

amaliapandocabildeo.com |

Cabildeo1

COMABOL socia de una empresa china

La Compañía Minera Amazona Bolivia empresa dedicada al procesamiento de oro, antimonio y plata, estaría operando hace varios meses y tiene como socia a la empresa minera Yang Fan S.A. De acuerdo a la información que obtuvo Cabildeo.


Amazona Bolivia se estableció en septiembre de 2008 en la ciudad de La Paz, cuenta con 26 áreas mineras ubicadas en el departamento de La Paz, con una dimensión 136, 75 km 2. Su mina principal denominada "Nico", tiene una reserva de oro de 50 toneladas. 
El Gobierno negó que empresas chinas operen en el Illimani
El Gobierno, mediante el ministro de Minería, César Navarro, negó que empresas chinas exploten el nevado Illimani y que los mineros de esa región utilicen en sus tareas agua que debía llegar a la ciudad de La Paz.

La declaración de Navarro responde a afirmaciones que circularon el fin de semana en las redes sociales, señalando que una empresa china asentada en esa zona desvía agua para actividades mineras.

“En las áreas de Comibol en el sector del Mururata e Illimani no existen contratos de arrendamiento o riesgo compartido con empresas chinas. La única actividad de producción se efectúa con las cooperativas Cerro Negro y Bolsa Negra”, aseguró.

Navarro explicó que en la zona circundante al Illimani existen seis concesiones a entidades mineras: Sibera, de Luis Prado, Unificada Urania de Mururata Investment Group, Lidia de Pánfilo Carvajal, Las Nieves de la Compañía Minera Amazona Bolivia  (Comabol SA), Águila Chica de la Cooperativa Minera Aurífera, e Inti de la cooperativa minera Inti.
Aseguró que en estas seis concesiones no existen actualmente  actividades de producción minera.

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el fracaso de "la IIIa. cumbre de comunicación" que el Gobierno quizo aprovechar para sí, muestra que los desaciertos son mayores en su intento de retener el poder por el poder, para siempre jamas. LTD.

A la cada vez más nutrida lista de traspiés que la burocracia gubernamental va acumulando en su desesperado afán de afianzarse en el control monopólico y eterno del poder, se ha sumado durante los últimos días el fracaso de la III Cumbre Continental de Comunicación Indígena.

Profundas divisiones que derivaron en la instalación de una reunión paralela, en la aprobación de una declaración oficial que tuvo que refugiarse en insulsas generalidades para eludir las discrepancias concretas y la difusión de un pronunciamiento de protesta por la intromisión del Gobierno de Bolivia en el encuentro, fueron algunas de las manifestaciones más visibles de la frustración con que dejaron Cochabamba las delegaciones participantes.

No fue por culpa de la “oposición neoliberal” ni del “imperialismo y sus agentes internos” que la reunión de comunicadores tuvo tan mal desenlace. Fue, como lo denunciaron muchos de los participantes, la intromisión gubernamental y el afán de someter a los comunicadores a la condición de serviles repetidores de la propaganda oficialista lo que causó el enojo y la rebeldía de quienes se niegan a degradar su labor comunicacional.

Todo lo anterior da cabal cuenta de una brecha que se amplía entre las élites gobernantes y las bases, y las causas que les dieron origen y fuerza.

A la luz de ésta y otras experiencias similares, lo que corresponde es que quienes tanto confían en la propaganda y la censura sean más autocríticos y culpen menos al imperialismo por sus propios desaciertos.

despierta el león dormido. los aymaras perciben que Evo los traicionó y están reaccionando cada dia por lo ocurrido con las concesiones en la zona del Illimani. las especulaciones son muchas, en base a un fondo real y verdadero, la increíble enajenación del Coloso.

PARTE POSTERIOR DEL ILLIMANI QUE ES EXPLOTADO POR UNA EMPRESA CHINA.

Emergencia por explotación de Illimani y Mururata

eju.tv |

20/11/2016-11:35

Comunarios de Palca se declararon en estado de emergencia por explotación minera en el Illimani y Mururata, después que la Cámara Nacional de Minería (Canalmin) confirmara la presencia china y de cooperativas, mientras que el Gobierno prefirió callar sobre el asunto.

Una resolución del cabildo abierto de la Central Agraria Kaphi (CAK) a la que accedió la agencia de noticias ANF, informa que las comunidades del sector Illimani se declararon en estado de emergencia permanente para defender la vida y principalmente la protección de los nevados Illimani y Mururata, afectados por la actividad minera.

“Instamos al pueblo paceño y a todos los bolivianos a unirnos para la defensa del nevado Illimani y el Mururata, por ser el patrimonio y paisaje natural del Estado, atractivo turístico y cultural, principalmente maravilla de las ciudades de La Paz y El Alto”, señala el documento.

Publicado por: Melvy Ruiz

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cita El Deber un escrito de Roberto Navia sobre los linchamientos. presuntos ladrones de ningún modo "delincuentes confesos" que terminan siendo ajusticiados por turbas a veces drogadas o emborrachadas, impelidas a matar a como dé lugar. un castigo entre el pueblo que no se puede explicar sino por la atmósfera de desconfianza, desconcierto, impotencia en que se vive en Bolivia gobernada por un indígena que no habla ni quéchua, ni aymara.

U n reportaje de Roberto Navia, convertido en el documental Tribus de la Inquisición, reveló la gravedad del fenómeno de los linchamientos en Bolivia. Presuntos ladrones de vehículos fueron quemados vivos en la plaza de Ivirgarzama. No retrató un hecho del pasado, sino del presente más violento que aún vive Bolivia, mientras la crisis de la justicia se agrava para mal de todos los bolivianos.

Dos ejecuciones en menos de 72 horas han sacudido esta semana a la opinión pública nacional: una ocurrida en la localidad de Reyes (Beni) y otra en Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba. Ambas señalan que la justicia por mano propia se impone en el país, mientras las autoridades llegan al lugar de los hechos como bomberos después del incendio.

Cuando una población adopta estas medidas marcadas por el salvajismo, es que estamos frente a un alto grado de descomposición social. No quiere decir que se vayan a justificar los gravísimos delitos que pudieran haber cometido las víctimas de los linchamientos. Pero en una sociedad civilizada, los delitos se procesan por la vía de las instituciones: la Policía, la Fiscalía y la justicia. Ninguno de estos eslabones parece estar funcionando con eficiencia para evitar estos crímenes.

La Policía llega tarde o, simplemente, no interviene porque está sobrepasada por verdaderas turbas enardecidas. En los casos ocurridos esta semana, la gente sacó a los detenidos de las celdas policiales. La Fiscalía, lo propio, investiga cuando los hechos están consumados. Pero el problema de fondo es la falta de justicia. Un país donde la corrupción es moneda corriente para resolver los casos judiciales, donde los delincuentes entran a las cárceles por una puerta y salen por la otra, donde los jueces transan con los involucrados, es un país donde la justicia es una ficción inoperante.

¿De qué sirvieron todas las cumbres de justicia que organizó el Gobierno? ¿De qué sirve que el ministro de Gobierno salga a reconocer que el sistema no funciona? ¿Para qué sirve el Ministerio de Justicia? La justicia comunitaria que respete los derechos humanos se ha institucionalizado en el país con las reformas constitucionales de 2009. ¿No se abrió allí una puerta para que la gente tome la justicia en sus propias manos? ¿Por qué no se adoptaron medidas para evitar estas distorsiones? Bolivia no dejará de ser el país de los linchamientos hasta que no haya una decisión política clara para terminar con la impunidad y la manipulación política de las instituciones

la violencia en Venezuela analiza Los Tiempos, para entenderlo mejor se refiere también a lo que está pasando en Colombia. la negociación se prolonga demasiado y se tiene que insistir en la búsqueda incesante de la Paz, ya bastante han sufrido ambos pueblos por la actitud guerrera, destructiva y negadora de los DDHH.

Este fin de semana, las noticias provenientes de Colombia y Venezuela permiten recuperar la esperanza en que, al final, la paz se impondrá a la violencia y que, en esta historia de avances y retrocesos, la región buscará su destino en democracia y no en confrontación.

En Colombia, se han redoblado esfuerzos para que luego del difícilmente comprensible rechazo que buena parte de la ciudadanía dio a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se impulse un doble proceso de concertación; uno, con los promotores del rechazo y, el otro, con los comandantes guerrilleros con quienes, como ha oficializado el Presidente se ha acordado un nuevo tratado de paz que incluye muchas de las observaciones hechas por sus opositores.

Sin embargo, la posición guerrerista enarbolada fundamentalmente por el exmandatario colombiano Álvaro Uribe mantiene fuerza, pues está patrocinada fundamentalmente por una minoritaria oligarquía agrícola que, como han develado muchos analistas, rechaza el acuerdo de reparación de los miles de campesinos que fueron expulsados de las zonas de conflictos, cuyas tierras fueron apropiadas por aquélla. Obviamente, esta demanda es disfrazada de una serie de argumentos jurídicos y políticos que tratan de legitimarla, pero que, como se ha informado, en previos procesos de paz, uno de los cuales fue presidido por Uribe, fueron aceptados.

Ha ayudado a que estas nuevas negociaciones logren resultado positivo el amplio apoyo internacional al proceso de paz, así como las iniciales negociaciones que el Gobierno ha entablado con el otro grupo guerrillero importante colombiano, el ELN, y que, pese a que muestra muchas debilidades aún, parece que no se detiene.

De Venezuela ha llegado la información de un primer acuerdo entre Gobierno y oposición en el diálogo impulsado por exmandatarios extranjeros y orientado por el Vaticano, consistente en dar prioridad a atender la demanda de alimentos y medicamentos de la población en forma expedita y transparente. Respecto a la agenda política, que incluye la liberación de los prisioneros políticos (más de 100) y diseñar la hoja de ruta para la realización del referendo revocatorio planteado por la oposición o, al máximo, la realización de acciones generales para que sea la ciudadanía la que decida quién conduce a Venezuela para salir de la crisis que la agobia, sólo se ha han dado informaciones muy generales, lo que no hace sino atizar a los sectores más radicales de la oposición.

Hasta ahora, el grueso de la oposición sigue buscando caminos pacíficos para enfrentar dicha crisis, ante la obcecación de la cúpula familiar-militar que gobierna ese país que sólo busca prorrogarse indefinidamente en el poder, sin importarle el costo que ello implique.
En ese escenario, es posible prever que si se sigue dando largas a la negociación política cualquier esperanza de paz será anulada, extremo que las personalidades que están respaldando este complejo proceso de negociación deben sopesar debidamente.

En todo caso, no está todo dicho, y si bien se puede observar que en Colombia el camino hacia la paz presenta menos dificultades que en Venezuela, hay demasiados intereses que privilegian la violencia y que deben ser aminorados.

la andanada autoritaria del Evismo se explica para desviar la atención de sus frustraciones por el menor ingreso de recursos al Tesoro de la Nación, según lo interpreta Puka Reyesvilla en otra de sus muy visitadas letras, cuya lectura deleita.

En su propio vómito

eju.tv |

11/11/2016-19:02

Puka Reyesvilla
Como usted sabe, quien escribe sostiene que el régimen perdió, hace tiempo, el alma (su capital simbólico) lo que, sin embargo, no le impide deambular como ebrio entre la bruma.

En tal condición, tanto sus acciones como las declaraciones de sus operadores son cada vez más atrabiliarias. El tufo dictatorial que rezuma en cada una de ellas es tan notorio que es muy probable que le pase factura a su físico (su capital político) prontamente.

Desde que, mucho tiempo atrás, comenzó a apagarse -y este año se ha portado particularmente cruel con éste- el régimen ha adoptado un comportamiento similar al de una enana blanca; es decir, de una estrella en decadencia terminal: extremadamente caliente, aunque sin brillo alguno (prácticamente apagada), pero que en su agonía aún puede calcinar a quien ose acercársele demasiado. Y en su siempre mañoso proceder ha incluido en su repertorio persecutorio su versión -“plurinominal”, podríamos llamarla- de una institución jurídica del medio Evo: las ordalías; esos juicios que, en su fase probatoria, incluían absurdas maneras de probar inocencia tales como la sujeción de barras de fierro candentes, la introducción de las manos del acusado en brasas ardientes, la caminata entre hogueras o la sumersión de la cabeza durante prolongado tiempo en una tina con agua. Obviamente, ante tales torturas, el imputado acababa declarándose culpable e implorando clemencia -si es que llegaba a sobrevivir-.

El régimen, despiadado y ducho en materia de perseguir y judicializar la política, ha ido perfeccionando métodos algo más sutiles pero no menos crueles para despachar a los opositores a las celdas del terrible sistema penitenciario a su cargo. Los presos políticos se cuentan por decenas -Leopoldo Fernández y Eduardo León, probablemente los más emblemáticos- y varios candidatos a correr tal suerte se encuentran en lista de espera.

Las últimas dos semanas le ha tocado el turno a Samuel Doria Medina (todavía no doy pie en bola con el criterio que sigue el régimen para determinar a quién le jode la vida en determinado momento); el caso es que ahora es el turno del líder de Unidad Nacional y, para ello, el régimen ha fabricado una batería de supuestos delitos sorprendente: sólo falta el de descuartizar en serie, con lo que tendríamos a un verdadero monstruo como accionista mayoritario de Los Tajibos.

Pero las condiciones objetivas (e incluso la subjetivas) -en términos marxistas- para continuar con sus fechorías ya no son las mismas que, por ejemplo, para el caso de Fernández. Hoy, la comunidad internacional ya no está encandilada con el cuento del “primer indígena…” y tiene claro con qué tipo de régimen está tratando, lo que lo encoleriza más aún.

Una explicación plausible a toda esta andanada autoritaria podría ser el intento de desviar la atención de la opinión pública de los recientes -paupérrimos- indicadores que dejan muy mal parado al Estado plurinominal -sigo manteniendo la nomenclatura de la papeleta electoral con la que fue elegido Morales la pasada elección general- en materias de corrupción (subcampeón, entre 138 países estudiados por el Foro Económico Mundial para su Índice Global de Competitividad) competitividad  (puesto 121 entre 138 en el mismo informe), balanza comercial (835 millones de dólares de déficit comercial entre enero y septiembre del 2016) y la sostenida caída de las reservas internacionales netas (ahora por debajo de los once mil millones de dólares).
Retomando el modo en el que el régimen se ha farreado la bonanza (“con pies de barro”, como la llamo) y sus efectos traducidos en borrachera de poder, podría decirse que el régimen se está comenzando a ahogar en su propio vómito.

como lo hiciera Los Tiempos, El Deber se pronuncia en contra de la persecusión y el acoso a los dos periodistas de Página Siete que cubrían la información del latrocinio cometido por altos jefes militares que se embollsillaron los recursos destinados a la construcción de resguardos en la frontera. el latrocinio no ha podido ser ocultado y llegó a los tribunales y ordenó medidas que ahora tratan de suavizar para que "los militares no sufran el rigor de la ley". punto alto para El Deber por su coraje cívico.

El periodista Sergio Mendoza y el fotógrafo Álvaro Valero, ambos del matutino Página Siete, fueron detenidos y luego liberados durante una audiencia pública en La Paz donde se procesa a dos ex jefes militares por irregularidades en la construcción de puestos de las FFAA. Allí se investigan hechos de presunta corrupción en la construcción de puestos fronterizos con recursos del programa Evo cumple, por lo que es un asunto altamente sensible para la opinión pública. La orden de desalojo provino del juez segundo de Instrucción Anticorrupción, Alan Mauricio Zárate, a cargo del proceso por puestos militares, que tiene la obligación constitucional de llevar adelante un proceso transparente.
Se trata de un nuevo atropello contra la libertad de prensa durante el Gobierno del presidente Evo Morales, donde el ejercicio del oficio periodístico se ha transformado en una proeza solo para valientes. El justificativo de la Policía es que los comunicadores intentaron ingresar por la fuerza a la audiencia y que no estaban “bien vestidos” para el proceso judicial. Esos argumentos fueron rebatidos por los periodistas que, según han testificado, intentaban cumplir con su labor periodística de cubrir un evento de interés público.

En un claro atentado contra las libertades, los periodistas fueron empujados contra la pared, enmanillados y detenidos en una celda como si fueran delincuentes comunes. Afortunadamente, fueron liberados, pero el gravísimo hecho queda en los registros como otro de los atropellos que se vienen cometiendo contra los periodistas y los medios de comunicación en el país.

El renunciante director de Página Siete, Juan Carlos Salazar, ha denunciado recientemente que su medio de comunicación enfrenta el constante acoso de parte del Gobierno de Morales por su posición crítica con el poder. Por todos estos antecedentes, expresamos nuestra solidaridad con los colegas del diario paceño e instamos a redoblar esfuerzos para cumplir con el compromiso social de informar, pese a todas las presiones políticas que están vigentes.

La situación de la prensa es el reflejo del desarrollo de su democracia. En Bolivia, los derechos a la libertad de prensa y de expresión están en retroceso por las diversas acciones que se cometen desde el poder público. En última instancia, los efectos no son solo para la prensa independiente, sino para los ciudadanos, que ven restringido su derecho constitucional a estar bien informados