entre los masistas incondicionales de Evo, hay algunos que no toleran la disidencia. pensar diferente es un delito así Rebeca Delgado presidenta de Diputados está siendo blanco de intriga, conjura, amenazas imposibles de soportar.

Texto y foto de Erbol edición digital. masistas en contra de la dirigencia femenina

Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) criticaron nuevamente el actuar de la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y solicitaron su alejamiento de ese partido tras las declaraciones del presidente Evo Morales, quien lamentó públicamente que la legisladora “coincidiera con toda la oposición”.

 

De acuerdo al diputado oficialista, Rodolfo Calle, la titular de la Cámara Baja, de comprobarse que “está trabajando para la derecha”, debería ser procesada y sancionada internamente por el partido en función de gobierno, al no actuar de forma orgánica.

 

“Si existe alguna diputada (Delgado) que está trabajando con la derecha tiene que ser sancionada y alejada del MAS. Nosotros trabajamos de forma orgánica, hay cosas que sólo podemos decidir en bancada, por tanto, no podemos trabajar con la oposición”, afirmó el oficialismo.

 

Las palabras del primer mandatario en el trópico de Cochabamba cuestionaron radicalmente a los medios de comunicación, a los que tildo de “amarillistas” por pretender “magnificar el tema”. Sobre Delgado, el líder del MAS lamentó que al igual que opositores y “resentidos” se “agarre” del escándalo de la “red de extorsión” con intereses particulares.

 

Sobre el trascendido, el diputado Galo Bonifaz dijo que el Presidente, “en su sabiduría”, sabe lo que algunas diputadas dicen y descartó que esté prohibido disentir en el oficialismo, indicando que existe una “democracia orgánica” que determina asumir decisiones como bancada y no de forma individual.

 

“Él (Evo) sabe a quién se refiere, por qué dice. Hay que respetar su decisión, aquí no se está prohibiendo a nadie (…) Hay muchas colegas que piensan que aquí han venido solas, todos hemos venido por una imagen, por la presencia de nuestro líder”, enalteció el oficialista.

 

El jefe de la bancada del MAS en la Cámara Alta, Eugenio Rojas, evitó reconocer concretamente que Morales se haya referido a Rebeca Delgado, afirmando que existen instancias “internas” en las que se definirá la situación para evitar que trasciendan públicamente estos entredichos.

 

Desde la oposición, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Andrés Ortega, descartó que Delgado esté más cerca de su partido que del MAS. Manifestó que para Evo es “opositor” todo aquel que piense diferente, critica que se amplió al oficialismo por tratar de erradicar toda vos disonante.

 

“Cualquier persona que piense de forma contraria al Presidente es considerado opositor (…) Esta es una falta de respeto para las mujeres, a los diputados y al país, las cosas no son en blanco o negro. El MAS no permite pensar diferente”, asintió el opositor.

 

Investigación sólo a mandos medios

 

Hace casi un mes, la todavía titular de Diputados, Rebeca Delgado, afirmó que la investigación del Ministerio Público sobre la red corrupción y extorsión sólo llegó hasta mandos medios del gobierno, solicitando que se identifique a quienes dieron la orden.

 

“Hasta ahora lo que se ha llegado es simplemente a mandos medios y esos mandos medios no creemos que hayan actuado solos”, sostuvo la legisladora cochabambina.

aumento de consumo, aumento de exportaciones por un lado, inversión privada en veremos e inversión pública un fracaso Mutún, minería, litio, fundición. empresas que le cuestan al estado cubrir déficits Texturbol, Boa, Papelbol. 6 años y nada todavía en industria del gas. Evo ha derrochado para ganar apoyo. imagen deteriorada con valores invertidos. así describe con acierto D.P. la real situación

Por un lado mientras las cifras macroeconómicas muestran resultados favorables como el aumento del consumo, del gasto de gobierno, el aumento del valor de las exportaciones, con sus efectos multiplicadores en los ingresos fiscales, por el otro la inversión privada permanece entre paréntesis y la inversión pública muestra ser un rotundo fracaso: en la minería, caso litio, fundición y mutún; en la industria, empresas como: Hilos Hilbo, Texturbol, Planta ensambladora de computadoras, o parque industriales o Papelbol en Villa Tunari, BoA Boliviana de Aviación, que le cuestan al Estado, es decir a todos los bolivianos, cubrir sus déficits operativos e inutilidad económica de todas ellas. 

Si hablamos del proyecto más importante, que fue la bandera con la cual se quebró el proceso democrático el año 2003, la industrialización de los hidrocarburos, nada tenemos en más de seis años.

Esto quiere decir que en todo este tiempo, el gobierno ha tenido dinero para derrochar, gracias a lo cual se puede sostener e incluso obtener el 55 por ciento de aprobación según encuestas últimas. Y la sociedad en su mayoría, aplaude este estado de cosas. Cómo lo hizo durante el septenio banzerista, cuando el precio del petróleo se disparó y el general se dedicó a construir autopistas e importar vehículos como signo de prosperidad social.

No tiene nada de raro entonces que al derroche popular- estatal le siga la fiesta nacional que se vive, incentivando el contrabando y el narcotráfico.

Contrasta esto con la ausencia de proyectos nacionales que sean objetivos del verdadero cambio que se ha propuesto. Mirando el proceso desde afuera, Bolivia ha perdido peso. 
Cuando les pido a mis alumnos ejemplos de países en los cuales no invertirían, nombran a Bolivia entre Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Argentina. Esta imagen nacional, no es la que se siente fronteras adentro, donde se cree en el proceso de cambio, es decir; en la inversión de valores, donde lo que antes estaba arriba ahora está abajo, o lo que era visto como bueno hoy día es visto como malo. Esta inversión de valores ha mostrado un rostro vacío de contenido indígena, popular y revolucionario, por otro contradictorio entre su discurso y la acción donde el contenido se alimenta de la violencia y la corrupción promovida desde las más altas esferas del Poder.

El beneplácito de las Fuerzas Armadas que no reaccionan ante el derroche de los recursos nacionales en proyectos partidarios, la complicidad del sector empresarial que cuida sus bolsillos antes que los intereses nacionales, la complacencia de amplios sectores populares con la política de encubrimiento y amparo de las actividades ilegales sostenidas desde el Estado, configuran el soporte político de este proceso. En palabras sencillas, la indiferencia social ante lo que se dice y se hace, es la mejor manera de avalar los tremendos desaciertos del gobierno.

Por eso quienes reclamamos por una administración que tenga objetivos, planificación, estrategias claras y controles reales, parecemos simplemente desorejados, es como si pidiéramos algo fuera de orden. Y claro en medio de la fiesta cuando los sentidos se alteran, nadie quiere escuchar reflexiones, todos prefieren bailar, gritar y reír, es así como se sienten los bolivianos ahora. 

Lo tremendo de esto, es que el desarrollo energético postergado por carencia de políticas al respecto, nos deja mucho más lejos del desarrollo que comienzan a experimentar otros, como el Perú, cuyo volumen de inversión extranjera directa supera el nivel de las reservas internacionales que tenemos y la expectativa de proyectos en el marco de los países signatarios de la integración del Pacifico: Chile, México, Colombia y Perú extiende sus beneficios hacía la Unión Europea y Estados Unidos, justo cuando estos buscan afianzar inversiones que les permitan controlar la crisis que viven. 

En suma, mientras los tratados de libre comercio han configurado un nuevo escenario de afianzamiento del comercio exterior para proveer de tecnología de punta a economías dispuestas al desafío de globalizarse, Bolivia se ha encerrado como monje agustino en sus cuatro paredes. 
Vivimos la época del folklore, mixtura, serpentina, cerveza y chicharrón, hoy día tenemos para pagar todo eso, mañana quien sabe...

más sobre la corrupción del MAS. lo nuevo Ministra Suxo defendió a rajatabla a Villegas, Rodas y Rivera "me ayudan muchísimo en mis procesos" o se la corrupción. a qué espera Evo, a que los detenidos digan toda la verdad?

Wilfredo Chávez, ex ministro de Gobierno, afirmó en sus declaraciones ante la Fiscalía, que la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, evitó el despido de al menos dos funcionarios gubernamentales que ahora están acusados por formar parte de la red de extorsión.

Ese matutino intentó ayer comunicarse con la ministra Suxo; sin embargo, desde la unidad de comunicación de esa entidad afirmaron que llamarían para hacer conocer una contraparte de la autoridad aludida, pero hasta el cierre de esta edición (13:30) de ayer no hubo la llamada.

Una parte de su declaración fue leída en el programa Que no me pierda de la red Uno, difundida la noche del viernes. El fiscal habría preguntado: ¿Iniciando usted una nueva gestión como ministro de Gobierno por qué razón no agradeció los servicios a estos dos abogados (Dennis Efraín Rodas Limachi y Fernando Rivera Tardío)? a lo que Chávez respondió:

“Recuerdo que a los días de haber ingresado, saliendo del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar (…) a los doctores Rodas y Rivera; en ese momento la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga; con relación a Boris Villegas me dijo puntualmente que si yo lo retiraba lo llevaría a trabajar con ella. Para ser objetivo en mis decisiones, como dije antes, me decidí por la evaluación de gestión que finalmente no se dio por mi cambio”.

Rivera, Rodas y Villegas, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, son considerados como los presuntos cabecillas de la red de extorsionadores que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia.

En la gestión del ex ministro Chávez, Denis Rodas fue director de gestión jurídica de ese ministerio; Fernando Rivera, asesor legal; y Boris Villegas fue director de Régimen Interior.

La ministra Suxo, en pasadas semanas, negó cualquier vínculo con la red de extorsión y sobre Villegas, quien después de que salió del Ministerio de Gobierno trabajó en el Ministerio de Transparencia, dijo que éste trabajó durante un cortísimo tiempo. Inicialmente, desde ese ministerio se dijo que laboró sólo 16 días, cuando en realidad estuvo durante 30 días, según datos obtenidos del sistema SIGMA.

A principios de diciembre, dos fuentes vinculadas al Gobierno le dijeron a Página Siete que la red de extorsión, que tiene al menos 50 denuncias en contra, penetró ese despacho.

Analizan proceso contra Ariel Rocha

El Consejo de la Magistratura no descartó abrir un proceso disciplinario contra el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha, después de que se conoció de su relación con la red de extorsionadores. Actualmente no se conoce su paradero.

El consejero Wilber Choque declaró a Página Siete que se instruyó a la representación departamental del Consejo de la Magistratura analizar si es que existen elementos en el marco de la Ley 025 para la apertura de un proceso disciplinario contra Rocha.

El consejero aseguró que desde que se descubrieron vínculos de autoridades judiciales con la red de extorsionadores, el Consejo de la Magistratura será más “drástico”, al momento de revisar las denuncias que llegan en contra de administradores de justicia y funcionarios. La autoridad dijo que la investigación de este caso debe estar a cargo del Ministerio Público.

Rocha es buscado por la Interpol de acuerdo con las últimas informaciones del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, porque no se presentó a prestar su declaración por este caso.

No hubo control a abogados implicados en red de extorsión

Los grupos de monitoreo a los funcionarios fueron desarticulados.

DECLARACIÓN. El ex viceministro Gustavo Torrico sostuvo el fin de semana que la red de corrupción se expandió por no tener “un control” por parte de sus superiores.

Página Siete / La Paz

Los ex abogados del Ministerio de Gobierno en una audiencia. APG.

Dos equipos, uno técnico y otro político que monitoreaban las actividades de los funcionarios del Ministerio de Gobierno, fueron desarticulados en la gestión del ex ministro Sacha Llorenti, esto generó un debilitamiento en el seguimiento a los ex abogados de ese despacho, ahora detenidos por el caso red de extorsión.

La afirmación fue realizada por una autoridad de esa cartera de Estado que pidió guardar su nombre en reserva para evitar represalias. No obstante, la existencia de los mecanismos de control fueron corroborados el viernes en Santa Cruz por el ex ministro de Gobierno Alfredo Rada (2008-2010).

“Estos lamentables hechos de corrupción y extorsión que se han detectado han sido posteriores al momento en que yo dejé el cargo. En los años en que estuve, esas personas (Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, implicados en la presunta red) tenían simplemente un rol técnico jurídico. En esos años teníamos mecanismos de control colectivo y combinado del trabajo que efectuaban los abogados en materia penal”, dijo.

La fuente no identificada detalló que en ese entonces funcionaba un grupo técnico y de consultores “que hacían el seguimiento de los funcionarios”.

Esas eran la Unidad de Coordinación Social y Prevención de Conflictos (UCS-PC), además de un grupo de asesores que la componían autoridades dependientes de ese ministerio que “aparte de cumplir sus labores en la administración gubernamental hacían el trabajo de seguimiento de subalternos”.

“Luego de que Rada dejara el ministerio y se hiciera cargo Sacha Llorenti (2010-2011), éste desarticuló la unidad y al equipo de asesores”, dijo la fuente, lo que dejó sin ningún control interno. También dijo que incluso Llorenti habría “perseguido” a algunos de esos funcionarios de monitoreo de funcionarios y de prevención de conflictos.

Se consultó a la jefatura de comunicación si habían estos controles ahora, pero dijeron desconocer su existencia. Otra fuente dijo que el actual ministro, Carlos Romero, “tiene un equipo organizado a su manera” que le ayuda en el control interno.

También se pronunció al respecto el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico, quien precisó que los brazos de esta red de extorsión, miembros que guardan detención en la cárcel de Palmasola, se habrían expandido a otras instancias al no haber tenido “un control” por parte de sus superiores.

El Ministerio de Gobierno, así como otras instancias del Ejecutivo, otorga poderes especiales “amplios y suficientes” a su equipo de abogados para que los representen en instancias judiciales a la máxima autoridad ejecutiva. Esta frecuente acción fue utilizada, según Romero, por estos “ex simples funcionarios, que se aprovecharon para sacar ventaja económica, aliados con algunos jueces y fiscales”. 

Caso Ostreicher toca las puertas del Palacio de Evo

Extorsión. La investigación se amplía a otros funcionarios. Declaran dos ministros, viceministros y directores de dos ministerios y tres detenidos en la cárcel de Palmasola.

discriminación. injusticia. extorsión. falsedad de parte de la ministra de Justicia. incumplimiento. inaudito lo que está sucediendo.

masistas cobraron. no masistas están siendo burlados. víctimas de la violencia discriminados por Evo Morales

organismos que donaron para el resarcimiento están molestos

una vigilia de ancianos y familiares que lleva meses en el Prado.

Victoria López como víctima de la violencia política. "somos discriminados"

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de El Alto denunció discriminación del Gobierno hacia las personas adultas mayores que efectúan vigilia en El Prado, La Paz, pidiendo la aplicación de la Ley 2640 de “Resarcimiento Excepcional a las Victimas de la Violencia Política en Períodos de Gobiernos Inconstitucionales”.

 

Existe violación a los derechos humanos por la forma de discriminación hacia nuestros hermanos de la tercera edad, tanto mujeres y hombres, que acampan desde hace nueve meses frente al Ministerio de Justicia sin ser atendidos oportunamente en su pedido porque a ellos les debemos la democracia y deberían ser considerados como nuestros mártires, señala.

 

Agrega que respaldan a las personas de la “Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano Víctimas de Violencia Política”, quienes desde marzo se encuentran en vigilia en el centro paceño exigiendo justicia y real aplicación de la Ley 2640 de resarcimiento a las víctimas de la violencia política.

 

Consterna a nuestra institución promotora y defensora de los derechos humanos que de 6.200 víctimas que se acogieron a Ley 2640 sólo 1.714 hayan sido calificadas positivamente y 4.486 no fueron consideradas, entre ellas el padre Julio Tumiri Javier, fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y Nelly Colque de Paniagua, quien con una huelga de hambre junto a sus hijos, el 28 de diciembre de 1977, derrocó al entonces dictador Hugo Banzer Suarez.

 

El tecnicismo con que valoró el Ejecutivo a las víctimas demuestra enfáticamente que el Estado actúo violando los principios internacionales de acceso a la información y lucha contra la impunidad, al aprobar el Decreto Supremo 28015, que obliga a las víctimas hacerse cargo y materializar las pruebas, situación que contradice a la Corte Interamericana, argumenta.

 

“La Corte Interamericana ha establecido que, toda persona, incluyendo a los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tienen el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las victimas (o las victimas) y la sociedad como un todo, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. En este sentido, el derecho de acceso a la información impone a los Estados entre otros, el deber de preservar y facilitar el acceso a los archivos estatales, cuando éstos existieran, y de crearlos y preservarlos cuando no estuvieran recopilados u organizados como tales”, según  la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

llegó el cuestionamiento también a los edecanes de Rocha quién está a punto de ser destituído por faltar a su puesto de trabajo. dice estar enfermo (extraoficial) sin certificado médico

Servicios de Inteligencia de la Policía dan cuenta de que algunos agentes que cubrían las espaldas del presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha, serán investigados, según reporte del diario cruceño El Deber.

La Sala Plena (11 vocales) del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, por decisión unánime, dispuso ayer que la petición de licencia de 15 días de Rocha no se considere hasta que el interesado presente una certificación sobre su estado de salud.

“Basándonos en la Ley General del Trabajo se establece un plazo de seis días para que lo haga. De lo contrario, el Consejo de la Magistratura debe tomar la acción que corresponda”, dijo la vocal Teresa Lourdes Ardaya, presidenta interina del Tribunal.

El presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Hurtado, negó que se dé protección a Rocha; añadió que los tribunales departamentales tienen “autonomía” para tomar decisiones.

En tanto, la audiencia de medidas cautelares del exfiscal Roberto Achá y su esposa la abogada Cori Balcñazar, implicados en el caso Ostreicher, fue postergada para hoy..

La diputada del MSM Marcela Revollo denunció que el ex presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, y el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, conocían a Balcazar, quien está acusada de ser la responsable de vender el arroz de Ostreicher.

En Internet también hay páginas en las que Balcázar aparece como representante por Santa Cruz de la denominada Organización de Abogados por el Cambio (Oapec), que buscaba tomar los colegios de abogados, contrarios a la línea del Gobierno.

ha causado conmoción en Santa Cruz la posible participación de Ariel Rocha en la Red de corruptos y extorsionadores. debió presentarse a declarar, no llegó y se supo que estaba a punto de salir de Bolivia. El Dia.SC

El allanamiento se extendió también hasta las oficinas de Rocha en la Corte Suprema de Justicia, agentes secuestraron un CPU y documentos de las oficinas del juez, quien fue declarado además prófugo ante el riesgo de fuga.

La autoridad judicial fue convocada en anteriores días para prestar declaraciones en calidad de testigo, pero no lo hizo.El Ministerio Público determinó la aprehensión del presidente de la Corte Suprema, tras conocerse que este pretendía ausentarse del país, pero éste no se encontraba en su domicilio.  

cuánta razón manifiesta Los Tiempos por cuanto crece la duda respecto de los colaboradores de Evo Morales involucrados en el escándalo de Jacob Ostreicher cuyo efecto se deja percibir por cuanto falta claridad. deja LT el tema en manos del Jefe del Estado

Seguir negando la importancia del caso extorsiones o atribuirlo a factores externos, sólo servirá para corroer la legitimidad del Gobierno y frustrar a la ciudadanía
El caso de las extorsiones ha afectado la autoridad moral del Gobierno y al país. Como no había sucedido en otras oportunidades, el discurso que trataba de convencer a la ciudadanía de que los nuevos actores de la política eran invulnerables a la corrupción ha dejado de tener validez y nos damos cuenta de que lo que hace posible la corrupción no es que se tenga presuntas características étnicas o ideológicas, sino que se tenga condiciones para que quienes cometan actos de corrupción queden en la impunidad, al contar con protección oficial y una  administración de justicia puesta al servicio del estamento político dominante.

Paralelamente, este caso da cuenta de la existencia de dos raseros para tratar la corrupción: uno, que se aplica a opositores o disidentes; otro, a los militantes y adherentes. Con los primeros, se utiliza todas las estructuras del Estado y los mecanismos –legales o ilegales– para destrozarlos; con los segundos, al contrario, todo el aparato estatal busca aminorar los efectos del acto de corrupción y encontrar recursos para que la impunidad proteja a sus responsables directos e indirectos.

Al constatarse esta realidad, la ciudadanía ya no sólo desconfía de lo que está sucediendo en el momento, sino que revisa hechos del pasado y pone en duda la actuación gubernamental en casos como El Porvenir, el grupo Rózsa, los atentados terroristas en contra de viviendas y medios de comunicación, los juicios en contra de personajes de reconocida solvencia moral e intelectual o las sanciones y multas a empresas.

Además, surgen más nítidas las corrientes internas del MAS y el Gobierno, como la de aquellos que proponen poner orden en las propias filas para procesar y sentenciar a los presuntos corruptos afines, y la de quienes  buscan, más bien, protegerlos, como una forma de mantenerse en el goce del poder, confundiendo, dramáticamente, lealtad con sumisión indigna a los poderosos.

Pero, el caso “extorsión” también puede ser (dado el liderazgo del Presidente del Estado y porque no está en duda su honestidad en lo material, duda que, empero, crece respecto a muchos de sus colaboradores) una gran oportunidad para que el régimen reconduzca acciones y, sometiéndose a la Constitución y las leyes, recupere legitimidad. Ello exige, por un lado, una profunda autocrítica por lo actuado y asumir a plenitud la vocación democrática que dice tener, lo que significa respetar el disenso, así como los pesos y contrapesos que un Estado verazmente democrático exhibe.

En cambio, seguir negando la importancia de la red de extorsionadores o acusar de este caso a infiltrados interesados en dañar el proceso de cambio, confiar en el tiempo para que un manto de impunidad lo cubra, premiar a los que buscan eludirlo y sancionar a quienes quieren enfrentarlo, corroerá, aún más, la legitimidad del Gobierno y dejará en la ciudadanía la percepción de que una nueva propuesta de cambio se ha frustrado por los tentáculos de la corrupción.

Ésa es la dimensión del desafío que tiene el Presidente del Estado en las actuales circunstancias.