El flamante presidente del Tribunal Constitucional (TCP), Petronilo Flores, elegido el pasado 3 de diciembre, se lanzó de oficio ante los pies de la repostulación y afirmó que el fallo emitido en noviembre que habilita la reelección indefinida, es un caso cerrado, porque los dictámenes de este órgano judicial son vinculantes, inapelables y de cumplimiento obligatorio.
Recordemos que los anteriores miembros del TCP fundamentaron su decisión en la extravagante e insólita interpretación de un artículo del Pacto de Costa Rica sobre los Derechos Humanos referido a los derechos políticos que supuestamente son violados por la carta magna boliviana porque no le permiten al presidente Morales postularse las veces que le de la gana a la primera magistratura.
Pese a las implicaciones de manipulación que están detrás de las palabras y la actitud del magistrado Flores, es necesario tenerlas en cuenta a la hora de revisar anteriores dictámenes del TCP, que siempre tuvo las intenciones de darle gusto al régimen, pero que no ha sabido mantener una estrategia sólida, pues como bien se afirma, “no hay crimen perfecto”.
Tal como lo señala el abogado constitucionalista Carlos Alarcón, el TCP emitió un fallo que contradice y viola sentencias anteriores del mismo organismo relacionadas a la repostulación que indican que para la aprobación de la reelección indefinida en el país, sería necesario un referéndum aprobatorio y una posterior convocatoria a asamblea constituyente que modifique el texto constitucional.
Esos fallos fueron emitidos con anterioridad a la consulta del 21 de febrero de 2016 que resultó desfavorable para el oficialismo y en consecuencia le impidió hacer cambios en la Constitución que ahora pretende ser pisoteada sobre la base de un precepto del derecho internacional creado para proteger a la gente de las dictaduras y no justamente al revés.
Sobre la base de estos razonamientos jurídicos, Alarcón ha presentado demandas que no solo obligan al TCP a realizar las aclaraciones respectivas, sino que también interpelan al Tribunal Electoral a cumplir con su obligación de hacer respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero, que también son vinculantes, con mucho mayor rigor que una fallo de un grupo de magistrados, porque procede de la voluntad popular.
Este recurso, así como el que acaban de presentar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y los exdefensores del pueblo de Bolivia ante la OEA, anticipan una guerra judicial sin precedentes en el país, orientada a defender la vigencia de la democracia y que en el caso del régimen gobernante, lo colocan ante un escenario poco auspicioso que desnuda sus argumentos, los debilita y los pone en un contexto de atropello que no se debe permitir. El otro camino que ha sido marcado para defender la Constitución y la voluntad de pueblo lo ha señalado la propia ciudadanía que está dispuesta a seguir en las calles hasta lograr que el Gobierno desista de sus propósitos.
Recursos como el que acaba de presentar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y los exdefensores del pueblo de Bolivia ante la OEA, anticipan una guerra judicial sin precedentes en el país, orientada a defender la vigencia de la democracia y que en el caso del régimen gobernante, lo colocan ante un escenario poco auspicioso que desnuda sus argumentos.
