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jueves, 17 de agosto de 2017

no se entiende porqué Martinez tiene que usar adjetivos poco comunes, casi hirientes e insultativos con Carlos Mesa todavía Vocero del Gobierno para temas del MAR ante gobiernos extranjeros. Martínez no se comporta a la altura de su rango de segundo o tercer ministro despues del Canciller. para replicar sobre el tema del TIPNIS debería ofrecer argumento y no la sarta de insultos que utiliza


Ministro de la Presidencia arremete contra Mesa por declaraciones sobre el Tipnis


  • El ministro de la Presidencia, René Martínez, y el expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa. | Foto archivo | ABI LA PAZ |
El ministro de la Presidencia, René Martínez, calificó hoy al expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, de ser un "ecologista gonista y racista", después de que mostró su desacuerdo con el proyecto de la construcción de una carretera por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

"Al señor Carlos Mesa (inicialmente) habíamos calificado de ecologista de última hora y él en una respuesta forzada de justificación nos apareció con nuevos conceptos mostrándonos hoy a un ecologista gonista, racista", dijo Martínez, en una conferencia de prensa.

En principio, Mesa consideró a través de su cuenta de Twitter que fue hipotecado el futuro del agua y el oxígeno del país, después de que el presidente Evo Morales promulgó la Ley que elimina la intangibilidad del Tipnis. Luego escribió en su blog que el Gobierno planteó un "falso debate en el que se concluye que el dilema está entre (la construcción de una) carretera y el Tipnis".

Pero "no es así. Nadie se opone a una carretera que conecte Beni y Cochabamba. Yo mismo la impulsé a través de sendas normas. Una carretera que se construya con un trazo que no parta en dos el Parque, que no vulnere su biodiversidad y que, sobre todo, cumpla rigurosamente la Ley de Medio Ambiente, las normas de los parques y áreas protegidas, que siga el mandato constitucional de la consulta informada y de buena fe a las 63 comunidades que habitan el área y que no impulse la frontera cocalera", sostuvo Mesa.

Sin embargo, según el ministro Martínez, esas "sendas normas" son un decreto supremo del 17 de abril de 2003 y una Ley de 24 de octubre de 2003, que demuestran que en Bolivia ya había un proyecto para construir una carretera para unir Cochabamba y Beni a través del Tipnis.

Aunque "Mesa nos señala que la intención de (construir) esa carretera tenía un trazo que no partía en dos el TIPNIS, que no vulneraba la biodiversidad y sobre todo que cumplía rigurosamente la Ley de Medio Ambiente, pero estos conceptos a nuestro criterio son absolutamente falsos y marcan la doble moral con la que intenta justificar su observación", aseveró Martínez.

Explicó que el mencionado decreto tenía por objeto complementar la red vial fundamental de las carreteras del país a través de una nueva vía entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.

"Pero no había ningún trazo (establecido en ese decreto), sólo nos establece exactamente la misma ruta que hoy el Gobierno de Evo Morales está discutiendo a partir de la suspensión de la intangibilidad. Ese tramo (del decreto de 2003) sólo nos señala de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, no tiene ningún anexo, no tiene ningún dibujo o gráfico que nos pueda permitir (establecer) la gran mentira que dijo (Mesa) de que habría existido una intencionalidad distinta a la que se está discutiendo hoy", manifestó.

Asimismo señaló que en esa "maravillosa construcción normativa" sólo se encargó al entonces Servicio Nacional de Caminos asumir la responsabilidad del nuevo tramo en todos los aspectos relacionados a la planificación, programación, estudio y diseño referidos a la construcción, conservación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación.

Entonces hizo una "norma sin tener ningún cuidado de las características conceptuales que hoy nos señala (Mesa) para presentarse como un ambientalista, defensor de la naturaleza, del agua y las reservas naturales", remarcó.

Indicó que posteriormente Mesa, cuando ya era Presidente, promulgó una Ley en octubre de 2003 con un único artículo en el que se autorizó buscar el financiamiento para la construcción y asfaltado de la citada carretera.

"Pero además lo que más llama la atención es que cuando habla de manera reiterativa del cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente, (se olvida de que él) no dijo absolutamente nada cuando Gonzalo 'Goni' Sánchez de Lozada destruía el medio ambiente con las actividades mineras" que ejercía en Bolivia, aseveró.

Por tanto, según Martínez, todo este contexto demuestra que Mesa sólo se opone a la construcción de una carretera por medio del TIPNIS porque ahora la iniciativa es impulsada por un gobierno indígena.

domingo, 13 de agosto de 2017

repaso de la historia por Carlos Valverde...fueron las republiquetas que sostuvieron la guerra de los 15, hasta lograr la independencia de Espana, pero también la creación de la República, las republiquetas fundadas en este orden Charcas, Potosí, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Tarija, Oruro y Trinidad. la voluntad de sus representantes hizo posible el nacimiento de Bolivia, de ahí porqué no habría forma de oponerse a las autonomías y por tanto al Pacto Fiscal que reclama el comunicador.


Pacto fiscal, ¿por qué el Estado no puede evitarlo?


Como quiera que hay tanto fanático haciendo ‘elucubraciones supranacionalistas y patrioteras’ para esquivar las responsabilidades redistributivas del Estado para con las regiones, es bueno recordar que la creación de la República de Bolivia fue por la decisión de los delegados de las republiquetas, que durante 15 años lucharon por independencia, tras 333 años de presencia de la Corona española en estas tierras (no 500). 

Recordemos cuándo se fundaron cada una de las ciudades coloniales que se rebelaron contra España: Charcas (1539),  Potosí (1545), La Paz (1548), Santa Cruz de la Sierra (1561, la única que era capital de gobernación y sede de obispado) Cochabamba (1571), Tarija (1574), Oruro (1609), Trinidad (1687); solo Cobija fue creada por decisión de la República en 1938.

Entendido esto, a ver si en el Gobierno entienden que la República se hizo por decisión de los representantes de esas republiquetas, quienes coincidieron en crear la República de Bolivia, pese a la aparente negativa de don Simón Bolívar; es decir, Bolivia es porque sus regiones (ahora departamentos) decidieron que sea y este solo hecho debiera servir para argumentar que el Estado no puede negar que, además de haber sido inserto en la Constitución Política del Estado, hay que acordar un pacto fiscal que debe ‘redistribuir’ el porcentaje necesario del dinero recaudado por ingresos fiscales a los departamentos autónomos, gobernaciones, municipios, universidades y pueblos indígenas, para que estos asuman responsabilidades inherentes a sus atribuciones.

A ver si lo entienden: los impuestos, de donde debe salir la ‘redistribución’, se generan en las regiones, son las actividades de los ciudadanos de los departamentos las que crean riqueza; son esos ingresos generados por sus habitantes los que deben hacer funcionar las autonomías.

Sirve ser reiterativo: habitantes de esas republiquetas, hoy departamentos, fueron los que eligieron a los representantes que en Chuquisaca decidieron crear la República, de manera que la ligazón sigue siendo la misma; ciudadanos de estos departamentos hicieron una CPE, donde se reconoció la necesidad de generar un pacto fiscal, de manera que no hay dónde perderse, sigue siendo el ciudadano de la región el que genera los cambios.

Por si no les alcanza la argumentación, hay que recordarles que los impuestos suben al Estado para que este pueda cumplir tareas constitucionales y los distribuya en función de lo que dice la ley; la CPE decidió que, como está hecha la distribución hoy, es insuficiente para el cumplimiento de las responsabilidades autonómicas (autonomías que fueron decididas, otra vez, por los ciudadanos de los departamentos), de manera que, este Estado, creación de los patriotas (de ahí viene la idea de patria), debe entender (en realidad sus tozudos gobernantes, centralistas y a-históricos) que es hora de equilibrar la relación entre Estado y departamentos y que se debe cumplir con el pacto fiscal. No entenderlo así es desconocer la idea primigenia de que el país es la decisión de sus ciudadanos y no al contrario.
 

martes, 8 de agosto de 2017

preocupa a El Deber que frente a los escándalos de corrupción que atesta de presos las cárceles colmadas de presos sin sentencia, que la elección judicial aparezca con vicios de parcialidad que permitiría el continuado nexo con el Ejecutivo.


La fe ciudadana está en juego


Los escándalos en la justicia se han convertido en noticia habitual y no hay semana en la que no se informe de condenas injustas, de denuncias contra jueces y hasta de hechos de corrupción que pretenden perpetuar el deplorable sistema que tenemos en este momento. En el marco de esa dramática realidad, Bolivia se prepara para asistir a una nueva elección de magistrados del Poder Judicial, la cual también está teñida de dudas por los vaivenes del procedimiento que se ha seguido.

En 2011, el Gobierno defendió a capa y espada la elección de magistrados, bajo el argumento de que esa era la forma de limpiar un sistema que ya tenía muchas sombras; sin embargo, tres años después fue el mismo presidente Evo Morales quien admitió que esos comicios fueron un error de su gestión, textualmente dijo: “En vano incorporamos poncho y pollera a la justicia”, poniendo sobre el tapete que la corrupción y la retardación eran el cáncer del sistema.

A pesar de esa reflexión, este año asistiremos a nuevas elecciones. Si bien el procedimiento tiene variantes, como la incorporación de delegados de universidades para la fase de evaluación de los postulantes, su avance deja dudas como el hecho de que hay precandidatos que son o que fueron funcionarios públicos vinculados al partido en función de Gobierno; que se eliminó el requisito de equidad de género y de cuota indígena, entre otros, en el afán de llevar adelante la elección a como dé lugar.

Un factor que genera susceptibilidad es que el próximo Tribunal Constitucional Plurinacional, que estará constituido por nuevos magistrados, probablemente tendrá que resolver la repostulación de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, frente a lo que no se puede soslayar el temor de que ese sea el fin principal de llevar adelante las elecciones, antes que la búsqueda de poner un freno al estado actual de la justicia.

Bolivia ya no tolera más escándalos de corrupción y las cárceles del país están atestadas de presos sin sentencia, cuyas familias denuncian cobros indebidos. Por esta razón, es fundamental que la Asamblea Legislativa Plurinacional tome en serio su responsabilidad de elegir a los candidatos más probos para los altos tribunales de justicia. La fe de la ciudadanía en sus autoridades y en la institucionalidad está en juego y no puede ser soslayada. 

sábado, 5 de agosto de 2017

no basta atacar la máscara, se tiene que llegar al fondo cuando se trata de Lo Judicial, explica LT que es bueno denunciar corrupción como en el caso de DDRR, pero no basta. prestemos atención.

La acción en contra de algunos miembros del Consejo de la Magistratura y del Director Nacional de Derechos Reales impulsada desde el Ministerio de Justicia con elevado grado de difusión mediática es, sin duda, positiva, pues ayuda a comprender, con información proveniente del propio oficialismo, la profundidad de la crisis moral en que se encuentra el Órgano Judicial Plurinacional (OJP) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Asimismo, ratifica que las reformas introducidas por el Gobierno del MAS en este campo han fracasado, al punto que es posible afirmar que éste se encuentra en peores condiciones que en el pasado.

Si esta es una realidad que los propios creadores de la actual organización judicial –elección por voto ciudadano de sus autoridades de postulantes seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)– reconocen, además de impulsar acciones particulares como la que se comenta, también deberían impulsar su cambio, pues se ha instalado una estructura corroída por la militancia política y su subordinación, la corrupción y la falta de profesionalismo.

Pero, esto no es lo que sucede. Más bien, las autoridades del Gobierno y el MAS han decido mantener, como pocos cambios, la forma de elegir a los postulantes al OJP/TCP utilizada el año 2011; es decir, dar prioridad a la selección de militantes o adherentes, antes que a ciudadanos, hombres y mujeres idóneos profesional y moralmente.

En ese marco, todo lo bueno que se podría esperar de acciones en contra de funcionarios corruptos se diluye porque, en última instancia, parecen ser el maquillaje para que el tema de fondo, la nueva elección de autoridades del OJP/TCP, sea hegemónicamente controlada por el oficialismo.

A fuerza de ser reiterativos, otra percepción habría, sin duda, si estas denuncias en contra de autoridades del actual Consejo de la Magistratura y el Director Nacional de Derechos Reales fueran acompañadas de acciones concretas dirigidas a garantizar un transparente proceso de selección de quienes aspiran a copar ese espacio de poder.  Más bien, un mecanismo ideado para ese fin, como fue la incorporación de delegados del sistema universitario para supervisar ese proceso, hoy está en riesgo, precisamente porque los asambleístas del oficialismo impiden el cumplimiento de su misión, al punto que la próxima semana los rectores del sistema universitario definirán si se mantiene o no esta participación.

En definitiva, nuevamente parece que se impondrá la vieja concepción ideológica que predomina en el MAS en sentido de que la justicia sólo sirve para beneficiar al poderoso y no como un instrumento que garantice la pacífica convivencia ciudadana y el respeto a los derechos de cada uno de los ciudadanos frente, precisamente, a los desmanes del poder. De ahí su decisión de copar a como dé lugar este espacio. Alguna importante autoridad expresó que nunca el Estado (eufemismo que disfraza la autoridad concreta y personal) se equivoca y que éste “no debe” perder ningún juicio.

Por lo señalado, se debe destacar acciones como la impulsada por el Ministerio de Justicia, pero, al mismo tiempo, aclarar que éstas serán percibidas, en las actuales circunstancias, como maquillaje para ocultar la decisión de mantener a la justicia como un instrumento de poder al servicio del gobierno de turno.

jueves, 3 de agosto de 2017

difiero algo con Manfredo no es la amistad entre Evo y Maduro la causa del apoyo incondicional del primero al segundo. hay mucho más. el vínculo político y Cuba por encima de todo que se empena en mostrar al mundo que "el chavismo perdura", es el interés geopolítico metido con Irán y porqué no con Rusia y China, aunque estos últimos no se jugarán "un puro" por la subsistencia de Venezuela. los otros motivos se explican por el escritor camba, a toda luz.


Inaceptable postura internacional



martes, 1 de agosto de 2017

no es la primera, son varias las ocasiones que el texto de Echalar me causa admiración, siendo "operador de turismo" posee la agudeza de un analista profundo y honesto, ahora critica cómo Evo se deja poner un brazo al hombro y otras confianzas por un "pichicatero" narcodetenido en Brasil con 100 ladrillos de cocaína. "cómo pudo ser posible" claro que Evo dice no tengo la culpa, la culpa es de la oposición para desprestigiarme...Echalar hace ver que esto no pasaría si Evo terminara su "mandato cocalero" no lo hace y mantiene ese doble "inaceptable rol" para la dignidad de Bolivia


De fotos, investiduras y algo peor


La semana que ha pasado ha sido un período un tanto bochornoso para el MAS, para el Presidente del Estado Plurinacional y para una serie de personalidades del Gobierno, y es que las fotografías de Romer Gutiérrez, el ciudadano boliviano que ha sido detenido en el Brasil por la posesión de casi 100 kg de cocaína, no son poca cosa.
Empecemos por la visión más ingenua que se pueda tener respecto a estas imágenes y tenemos que concluir que, si se trataba de un desconocido que simplemente se acercó al Presidente y a algunos ministros, digamos para tener un recuerdito, tanto la seguridad como protocolo de la presidencia no están haciendo su trabajo. Ni aquí ni en la Cochinchina ni en la Suiza donde el Presidente usa transporte público, debe poder acercarse a este un extraño, porque podría tratarse de un asesino.
Debido a detalles que han ido saliendo a la luz, sabemos sin embargo que el hombre en cuestión no es ajeno a los círculos cercanos al señor Presidente. Gutiérrez es nada menos que el capo máximo de una organización que lleva el nombre de una de las principales figuras del santoral del socialismo del siglo XXI, es hermano de una diputada suplente, en un sistema donde los hermanos y las hermanitas son parte del esquema y es asesor de una concejala del partido de gobierno en el municipio de Santa Cruz.
El Señor Presidente ha salido al frente con un par de argumentos válidos: Los delitos los cometen las personas y mientras estos no sean apañados por la institución que los cobijó, y mientras no haya una interferencia de parte del Gobierno para tratar de encubrir esas actividades, en realidad no habría mucho para armar alboroto.
Lastimosamente, su Excelencia no ha podido evitar echar la culpa a la oposición por el escándalo que se ha suscitado, y los ha acusado de estar haciendo eso para desestabilizar al gobierno. Penoso sería que no se alzaran voces para señalar esta tan irregular situación.
El problema es que nos estamos enfrentando, por un lado, a un caso de entredicho de la imagen del Primer Mandatario. Estas fotografías, que muestran no la cercanía de un cazador de personalidades sino de alguien que llega a colocar la mano sobre el hombro de Evo, dañan la investidura presidencial y son simbólicamente inaceptables. El Presidente no sólo debe tomar medidas para que algo así nunca más suceda, sino que debe disculparse por haber permitido semejante familiaridad con alguien que evidentemente no lo merecía.
Todo empeora debido a una situación totalmente extraordinaria, no conocida en ninguna democracia moderna en parte alguna del mundo. Me refiero a las dobles funciones que ejerce don Evo Morales Ayma, como Presidente Constitucional del Estado y como secretario general de las seis federaciones de sindicatos del trópico cochabambino.
Las fotos de un hombre hallado con 99 kilos de cocaína, junto al “secretario general” de esa federación de sindicatos productores de hojas de coca que no sólo se sabe van a la producción de cocaína, sino que un dirigente de uno de esos sindicatos ha confirmado con un desparpajo inusitado, habrían tenido, en circunstancias normales,  muy desagradables consecuencias para este “secretario general”.
Si el Presidente de Bolivia sintiera un poco de respeto por sus conciudadanos, debería pedir disculpas por haberse puesto en una situación tan delicada y debería renunciar lo antes posible a ese dudoso cargo que nunca debió haber conservado una vez ungido como Primer Mandatario del país.
La historia de Gutiérrez tiene aparte de esta incómoda perspectiva fotográfica  y simbólica, un trasfondo muy serio y que va más allá de las relaciones que el individuo hubiera podido tener con el partido de gobierno, se trata de Bolivia en su conjunto y el narcotráfico. ¿Hasta qué punto está nuestra sociedad contaminada con esa actividad? ¿Cuán podrida está esta manzana?
 A una semana del 6 de agosto, no podemos estar en el ánimo de sentirnos orgullosos.

El autor es operador de turismo.