Siete años después que se anunciara con bombos y platillos su presentación, finalmente se remitió el proyecto de ley de minería a la Asamblea Legislativa saltando a la vista normas y
disposiciones que, además de inconstitucionales, reflejan la ineficiencia gubernamental en la elaboración y concertación de una norma clave para el país.
Todo indica que un sector estratégico como la actividad minera termina siendo objeto de una disputa en la que prevalecen los intereses particulares de los cooperativistas, comunidades y regantes que anuncian una segunda Guerra del Agua y de algunas regiones que alegan su secular abandono.
Ya manchada de sangre, la ley de marras ha despertado demonios que anteriores Gobiernos y el actual Gobierno del Estado Plurinacional no puede domesticar. En otras palabras, los entuertos visibles y latentes que cercan el tratamiento de la ley son reflejo de problemas nacionales de larga data que lejos de haberse encarado con mínima racionalidad estos últimos años resurgen con una fuerza inusitada. Hoy la ley minera es la veta y cantera que inspira la identificación de una serie de propuestas de cambio de que lejos de cambiar empeoró.
De manera insólita, el Presidente con voz imperativa y sin sonrojarse pidió que el legislativo no modifique ni una coma del texto propuesto, reflejando uno de los rasgos más perversos del hiperpresidencialismo que debemos desterrar, que desnuda que hay un “gabinete” que no termina de sintonizar con los impulsos irreflexivos del círculo presidencial y palaciego. ¿No es el culto a la personalidad una práctica que entrampa la gestión del MAS y que debe corregirse a futuro?
En el pasado neoliberal, el cooperativismo minero fue también instrumentalizado al convertirse en la válvula que permitía descongestionar la presión social a la minería chica, mediana y estatal. Hoy la reconocida capacidad de presión de este sector se ha visto agigantada al punto que sus amenazas comienzan a desdibujar la idea de un Estado integral unido y articulado en función de intereses superiores de la comunidad boliviana.
Así como el Gobierno acusa de anti patrias con tanta facilidad a sus imaginarios enemigos políticos, debiera ser algo más ecuánime y racional al enfrentar a un sector que desde la crisis
minera de los 80 estuvo succionando los bienes residuales de la minería estatal y que no sólo no paga impuestos, sino que bajo el manto del cooperativismo encubre formas de explotación laboral preocupantes. ¿Acaso el calificativo de “anti patrias” no se aplica en este caso? Es un sector que intenta convertirse en un poder paraestatal con rostro popular y prácticas de capitalismo salvaje y depredador que pone en figurillas al Gobierno que prohijó, al igual que otros en el pasado, sus deformaciones.
Lamentablemente, los cooperativistas empoderados no demuestran la mínima intención de avenirse progresivamente a formas más modernas, ambientalmente más limpias y laboralmente más justas de producción. Hoy desborda toda racionalidad gubernamental en la proyección de una política minera plural y ecuánime para todos los agentes productivos de la minería.
Es cierto, el MAS apostó por el cooperativismo, en desmedro del sector minero estatal. En el fondo, el Gobierno evitó engordar un sector minero estatal por el costo que representaría
la caída eventual de precios de un sector tan volátil. Un sector que durante los años 80 sembró en la memoria el recuerdo del fantasma de la relocalización. En este caso, entre ineficiencia, falta de visión estratégica del sector, demagogia y cálculo electoral, la ley minera es una
dinamita que nos amenaza a todos con una cadena de conflictos de difícil solución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario