De nuevo Evo en contra de Santa Cruz. Caso Incahuasi
Susana Seleme
El asalto del centralismo a las regalías
del departamento de Santa Cruz, contenidas en el pozo petrolero Incahuasi,
confirma que Bolivia no es un Estado Autonómico como
forma de organización territorial, administrativa y política del Estado.
Es uno “con autonomías”,
inscrito así en la Constitución Política del Estado (CPE), para salir del paso
frente a las demandas autonómicas, otorgando competencias ya exclusivas,
concurrentes, privativas y compartidas, solo en el papel. En los hechos, se
aplican o respetan cuando bien le conviene al Ejecutivo que concentra todos los
poderes del Estado.
La confiscación de las regalías de Incahuasi
es, además, un caso de judicialización política de las mismas regalías y de la
autonomía. La maniobra empieza en el Ministerio de la Presidencia, y luego, con
cara de “yo no fui”, se pasa al Judicial, que es su apéndice. Y el Tribunal Constitucional establece la sentencia
1160/2017 que congela cuentas porque Chuquisaca también reclama esas regalías, aunque el
reservorio está en departamento cruceño, según estudios antiguos y actuales,
pero pide uno nuevo. Recuerda al perro del hortelano: ni come ni deja
comer.
Sin corrección política
alguna, afirmo que es una maniobra del centralismo de Morales y sus ad
látere contra Santa Cruz y contra el Gobernador Rubén Costas, a quien con
28 procesos judiciales inventados e interminables, no logran acobardarlo,
acorralarlo o destituirlo, que es la meta del oficialismo.
Y sin inmutarse, resta a la
gobernación y a la población cruceña sus propios recursos, congelados desde
hace más de cuatro meses. El monto a la fecha supera más de 130 millones de
bolivianos.
El secretario de Gobierno de la
Gobernación cruceña, Vladimir Peña, cuestionó la determinación de la autoridad
judicial, y afirma que “nosotros no hemos pedido el cumplimiento de una
sentencia, hemos pedido corregir una injusticia”. Agrega que nunca existió la intención de
enfrentarse contra el pueblo chuquisaqueño, sino contra el gobierno
centralista, y afirma que no pagarán un nuevo estudio, porque carecen de
fondos, y además “ni la montaña ni el reservorio se han movido.”
Es evidente que el juez que
dictó el congelamiento de fondos, no es independiente del poder político:
está subordinado al Ejecutivo,
que ya es un ‘Estado-Gobierno’ como ya llaman algunos especialistas al de
Morales y García Linera. La denominación
‘Estado-Gobierno’ contiene una de las mayores contravenciones al Estado de
Derecho, porque el Estado es la institución permanente, basado en un Pacto
Social que proviene de una Constituyente y de la CPE,
más allá de sus aberraciones, como distinguir dos tipos de ciudadanos por su origen étnico. Es decir, no es
garantía de igualdad de todos los ciudadanos de Bolivia, según el
constitucionalista Ramón Peralta Martínez. (El Deber. 05/04/2015)
Los gobiernos, en cambio, son transitorios
porque están sujetos a la alternancia cada cierto tiempo, en cumplimiento al
democrático y legítimo derecho ciudadano de elegir/cambiar a sus
gobernantes. La alternancia permite a los votantes corregirse si se
equivocaron antes, pues no hay ‘derecho humano’ que ampare la reelección
indefinida para perpetuarse en el poder y utilizar
ilícita e impunemente los recursos públicos.
Bien decía Ramiro Velasco (+) que “El
centralismo es producto de la estrechez política del sistema administrativo
estatal, es la impotencia estatal para contener la nación” que es diversa y
heterogénea en un espacio geográfico y étnico de diferencias contundentes. En
esa realidad, el Estado-Gobierno centralista es una superestructura vertical
que tiene una visión parcializada de su conjunto social multi y pluri. Por eso
nunca han entendido los fines de la descentralización ni de las autonomías, en
las antípodas del centralismo ‘castrochavista’, según
el chileno Fernando Mires, amén de populista y autocrático.
Ya en 1928, el peruano José Carlos
Mariátegui, sentenciaba que “el fin histórico de una descentralización no es
secesionista, sino por el contrario unionista. Se descentraliza no para separar
y dividir a las regiones, sino para asegurar y perfeccionar su unidad dentro de
una convivencia más orgánica y menos coercitiva. Regionalismo no quiere decir
separatismo.” Otros autores sostienen
que cuando crece la competencia en unidades territoriales que no están
separadas por fronteras, ningún argumento es más acertado que el de la
autonomía política.
James
Petras, intelectual de izquierda norteamericano libre de toda sospecha
imperialista, pinta a Morales de cuerpo entero: “¿Cuántos líderes pueden
proclamar un ‘Estado plurinacional’ y centralizar el poder político y la toma
de decisiones económicas en las manos de una pequeña élite tecnocrática
mestiza? Evo Morales es el rigor y la consistencia con que ha aplicado
las políticas económicas ortodoxas, siguiendo el manual de las organizaciones
financieras internacionales… ha mostrado su maestría, sin parangón en América
Latina, en justificar las políticas ortodoxas y reaccionarias con una retórica
radical”. ¡Vaya! que la Bolivia de Morales no es ni revolucionaria,
ni socialista del Siglo XXI.
Este es un Estado-Gobierno que quiere partido y pensamiento únicos, con
economía estatizada y que da muestras de colonialismo interno.
Según Peralta Martínez, “frente
al modelo del Estado Plurinacional estatista, centralista y sin división de
poderes habrá que plantear un modelo federal, democrático y ciudadano” donde
nadie ande “promoviendo un Estado indigenista ni a sus 36 naciones”,
sino todos iguales ante la Ley.
Para que el Estado contenga las
múltiples determinaciones de la nación, debemos impedir la cuarta reelección de
Morales predicador de la impostura.
Debemos impedirlo para que tantas décadas de lucha no sean fagocitadas por un
Estado-Gobierno que desde hace 12 años se esmera en la reproducción
verticalista, corrupta y centralista del poder, porque es impotente para
contener a toda la nación.
