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martes, 23 de abril de 2013

OPINION se refiere a la internacionalización del crimen organizado, al incremento del narcotráfico, la presencia de grupos criminales y el clima de violencia. centra en jueces y fiscales el control de los delincuentes y en preservar a la sociedad de su presencia

En estos tiempos en que la ola de violencia delictiva se incrementa, mucha gente se pregunta sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno para preservar la seguridad de las personas y se analizan algunos de los problemas centrales que pueden estar originando este clima de intranquilidad.

Los factores profundos pueden ser anotados desde la internacionalización del crimen organizado, el incremento del narcotráfico en el departamento de Santa Cruz, la presencia de grupos de criminales que operan en la frontera con el Brasil y desde luego los factores de pobreza y desarraigo que se inscriben en situaciones que deben ser analizadas con el debido cuidado y seriedad.

Lo cierto es que la violencia criminal casi siempre obedece a una especie de proceso social donde la concurrencia de una serie de aspectos representan en determinado momento esa especie de detonante que quizá nunca debería llegar porque tiene que ver con el deterioro de la institucionalidad de un país. 

El Gobierno ante la ola de asesinatos, registrados los últimos 15 días en Santa Cruz, con intervención de asesinos a sueldo, conocidos como sicarios, ha expresado su intención de aplicar la ley de fuga es decir eliminar físicamente a estos delincuentes que se resistan. Paralelamente ha desplegado un operativo con grupos de élite policial y grandes redadas en calles y avenidas de la capital cruceña.

Sin embargo, más allá de los factores que se han anotado hasta ahora, como las causas posibles para la ola delictiva, no se puede dejar de mencionar, una vez más, la responsabilidad de fiscales y jueces como elementos indispensables en el proceso de combate contra la delincuencia. Como se sabe, la acción administrativa, judicial y penal es fundamental para castigar y reprimir el delito, como una de la tareas esenciales que tiene el Estado.

Si por un lado la Policía cumple con su deber, muchas veces llena de dificultades, para apresar a los delincuentes, asesinos, sicarios y otros elementos antisociales, su labor queda truncada y frustrada si la cadena de administración de justicia falla en uno de sus eslabones y libera a peligrosos criminales, reincidentes y que no llegaron a cumplir penas por diferentes motivos. Es incomprensible que peligrosos delincuentes transiten libremente por calles, pese a que han sido capturados en operativos policiales, pero luego ser liberados por falta de adecuadas acciones fiscales o de jueces.

Hace algunos meses se había anunciado la tramitación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de una ley que sancione de manera drástica a jueces y fiscales que liberen a delincuentes avezados y de extrema peligrosidad, pero nada de esto ha ocurrido, lo que conforma también un cuadro de impunidad o cuando menos de sospecha en torno al trabajo de estos administradores de justicia que no cumplen con su deber. Lo que no puede pasar por alto, por más tiempo, es el silencio que rodea el trabajo de algunos fiscales y jueces luego de que liberan a delincuentes, acciones que se pierden, a no ser por denuncias que realizan algunos medios de comunicación social y de tímidas protestas de jefes policiales.

Se dijo también en alguna oportunidad, que era necesario realizar una investigación, una auditoría sobre la labor de fiscales y jueces para averiguar la cantidad de casos en los que han quedado liberados delincuentes, como el caso de un individuo que habría cometido más de 60 asesinatos, y que discurría su vida en libertad. Nada de esto se ha cumplido.

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