Carlos Cordero sobre la campaña de Evo para quedarse en el poder. continúan las proclamas contra viento y marea y menciona la grabación de Marcelo Soza lo que deteriora la confianza en el Gobierno.

La campaña gubernamental para intentar conservar el poder a partir de las elecciones de 2014 se ha intensificado, pero también está tropezando con nuevos y viejos problemas.
El presidente del Estado ha ratificado que se encuentra en campaña por la segunda relección y un tercer periodo de Gobierno, pero un par de días más tarde ha pedido a sus adherentes que no se hable de aquello. Las organizaciones afines al partido gubernamental recibieron con entusiasmo el primer anuncio y rápidamente se reunieron en congreso para definir las líneas de su estrategia de campaña e hicieron oídos sordos al segundo pedido. Más bien continuaron las proclamaciones y voceros gubernamentales recurrieron a malabarismos jurídicos para explicar aquello que expresamente prohíbe la Constitución vigente, una tercera candidatura del presidente Morales.
El escenario político electoral, en el cual el partido de Gobierno llevaba una relativa ventaja, se ha desfigurado por eventos que escapan a su control. El primero de ellos es la indignación y rechazo de la ciudadanía orureña al cambio de nombre del aeropuerto de dicha región. Un paro departamental, multitudinarias movilizaciones y una huelga de hambre de dirigentes cívicos retratan el malestar ciudadano por los intentos oficiales de manosear y olvidar la historia. Aunque el tema parece irrelevante frente al despliegue publicitario alrededor de tres soldados bolivianos extraviados en un confuso incidente fronterizo, el intento de asambleístas departamentales orureños de eliminar a Juan Mendoza de nuestra historia, está desnudando a un Gobierno que prefiere ignorar la demanda colectiva en lugar de ceder y ratificar el nombre del viejo héroe, para evitar un mayor deterioro de la imagen gubernamental.
El último evento que siembra dudas sobre la honestidad del Gobierno es la grabación que deja muy mal parado al fiscal que dirige los procesos judiciales sobre terrorismo y separatismo. Si bien dichas grabaciones han sido calificadas de inverosímiles y como parte de una campaña orientada a desprestigiar a autoridades gubernamentales, estas denuncias deterioran aún más la confianza del ciudadano respecto de sus autoridades. Sobre todo, después de la supuesta desarticulación de la red de altos funcionarios gubernamentales vinculados con hechos de corrupción, tráfico de influencias y utilización de mecanismos de la justicia para perseguir y descalificar a ciudadanos que hacen críticas al Gobierno