21 de febrero
Hace dos años, en un referendo convocado por el gobierno, la mayoría de los bolivianos votó contra la propuesta de cambiar la norma constitucional que limita la reelección presidencial continua a una sola vez. La reacción de quienes detentan el poder fue –y aún es– airada; por primera vez desde 2005 el partido oficial perdió en un acto electoral nacional y sus dirigentes, consternados, siguen atribuyendo el resultado que les fue adverso a las “mentiras propaladas por la derecha”, lo que, en el supuesto -ciertamente negado- que las hubo, no constituirían causal para impugnar una votación. En verdad las mentiras y falsas promesas son corrientes en las campañas electorales, y de este pecado pocos se libran.
Pero, al fin, cuando el caso parecía cerrado, el oficialismo, que nunca se recuperó de la pérdida, recurrió al Tribunal Constitucional, insistiendo en que se permita la nueva reelección del presidente. El fallo fue sorprendente e írrito. Se dio una muestra de la dependencia de los encargados de impartir justicia al oficialismo, pretendiendo consagrar el prorroguismo.
La situación ha cambiado en el país y en América Latina. El neopopulismo, inspirado en el Socialismo del Siglo XXI de Heinz Dieterich Steffan, que parecía incontenible, ahora está en franco retroceso; solo quedan los regímenes populistas de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y luego de más de una década de gestión del actual gobierno boliviano, la mayoría exige con clara determinación que se respete, sin retaceos, uno de los elementos de la democracia: la alternancia. Es que nunca tuvo sentido el anuncio de los oficialistas de que han llegado al poder no como inquilinos, sino para quedarse. Tampoco convence la prédica de que todos los males habidos y por haber, son causados por la “derecha” y por el “imperio”, como parte de una herencia “maldita”.
El rechazo es también a la corrupción generalizada, a los errores y a la ineficiencia en el manejo de la administración del Estado. Se trata de una gestión de gobierno fallida, pese a la excepcional oportunidad que brindó el mercado internacional a los productos de exportación.
Descalificar la actual resistencia ciudadana al prorroguismo es negar la realidad. A la vez, es negar que se limita la libertad y los derechos democráticos. Lo cierto es que se objeta el modelo populista autoritario y excluyente. Y ya no hay temor en mostrar decepción y descreimiento en esta aventura política. Los ciudadanos protestan, y está a la vista que su determinación es recuperar los valores democráticos ahora perdidos.
