En una lista de diez países latinoamericanos evaluados, Bolivia aparece junto con Venezuela con los niveles más bajos de transparencia y eficiencia legislativa. El promedio conseguido por el Congreso boliviano es de apenas 24 por ciento, menos de la mitad del logrado por el parlamento peruano y 16 puntos por debajo del promedio continental.
El informe ha sido elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa y a nivel general, los resultados no son nada alentadores, pues solamente Perú y Chile tienen una ubicación regular, lo que habla muy mal del estado de la democracia en la región.
El informe mide el funcionamiento de los congresos basándose en cuatro dimensiones: Presupuesto, Gestión Administrativa y Mecanismos de Participación; Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas; Normatividad y Labor del Congreso.
El peor indicador es la transparencia, con parlamentos que irrespetan los códigos de ética, violan los mecanismos para el trabajo en comisiones y mantienen el tratamiento de los temas en reserva o a través de ciertos niveles de secretismo, lo que impide el funcionamiento pleno de los mecanismos democráticos de control y pluralismo.
Salvo raras excepciones, los congresos no disponen reglamentaciones de lobby, no hay registros públicos de los debates y discusiones en comisiones y tampoco se difunden con asiduidad las labores de los parlamentarios, las votaciones y otras acciones que deberían estar abiertas al público.
El estudio afirma que casi ningún congreso provee información sobre las asesorías que reciben los congresistas, ya sea remuneradas o no; no se sabe la idoneidad de los asesores y sus contratos; tampoco hay registro sobre obsequios a los parlamentarios y si bien todos los países cuentan con una normativa sobre la ética parlamentaria, no hay cómo hacer una evaluación de su cumplimiento.
En casi todos los indicadores arriba señalados, el parlamento boliviano aparece muy abajo, precisamente al lado de aquellos países que han avanzado en el despotismo y el autoritarismo, reduciendo a los poderes Legislativo y Judicial, simplemente a instrumentos que apuntalan el monopolio del poder central.
En el caso boliviano este fenómeno se ha vuelto mucho más evidente, desde que se impulsaron las reformas que redujeron el peso de las minorías parlamentarias y que tienden hacia la concentración, como efectivamente sucedió, a través del dominio de los dos tercios de la asamblea y el control de ambas cámaras.
En Bolivia, el trabajo legislativo ha sido degradado a tal punto, que ha desaparecido el debate, el trabajo en comisiones es prácticamente inexistente y casi todos los proyectos se originan en los gabinetes del Órgano Ejecutivo y el paso por el Congreso es un simple trámite burocrático que penaliza la disidencia y castiga incluso cualquier tipo de visión cuestionadora dentro del oficialismo.
El peor daño que se le puede hacer a la democracia es continuar con este camino desde la hegemonía hacia el absolutismo, que elimina toda posibilidad de contrapeso, de equilibrio y de control del ejercicio del poder, algo inconcebible en un estado de derecho.
El peor indicador es la transparencia, con parlamentos que irrespetan los códigos de ética, violan los mecanismos para el trabajo en comisiones y mantienen el tratamiento de los temas en reserva o a través de ciertos niveles de secretismo, lo que impide el funcionamiento pleno de los mecanismos democráticos de control y pluralismo.
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