A pocos días del asesinato de dos periodistas de la ciudad de El Alto, en La Paz, un grupo de vecinos golpeó y quemó a un presunto delincuente de quien dicen fue encontrado de manera flagrante robando una casa. Se trata de un linchamiento, es decir, de una acción al margen de la ley en la cual grupos de vecinos toman la justicia por propia mano cometiendo a su vez un crimen que está penado en la legislación vigente.
Días antes y en una masiva marcha de protesta los pobladores de El Alto habían pedido públicamente la pena de muerte contra los denominados “cogoteros” que asesinan a personas que abordan taxis, aunque la protesta general fue contra el evidente aumento de la ola delictiva que aterroriza a los alteños y que se extiende a otras ciudades del país, principalmente del eje troncal.
Este contexto que está caracterizando una peligrosa situación en El Alto de La Paz, no puede ser analizado como una hecho circunstancial porque confluyen una serie de antecedentes y casi todos ellos tienen que ver con la falta de seguridad ciudadana en una ciudad donde los crímenes como atracos, robos, asesinatos y otros se han convertido en hechos que han rebasado la acción policial.
A todo esto se añade el anuncio en sentido de que el Gobierno presentará un plan para organizar un consejo de seguridad ciudadana con la participación de los vecinos, o sea que los mismos pobladores organizados mediante brigadas se ocupen de la vigilancia y seguridad de los barrios.
De todo esto se puede colegir que la inseguridad ciudadana en aquella ciudad, como en otras del país, está ingresando a un punto de extremo peligro donde la norma legal puede empezar a ser relegada en un ámbito donde los vecinos asuman acciones propias de la Policía. Es necesario en estas circunstancias analizar con mucho cuidado y serenidad sobre el pedido que los alteños expresaron en la marcha del pasado viernes sobre la necesidad de un referéndum para aplicar la pena de muerte contra los asesinatos, una figura que ha sido desplazada desde hace años del Código Penal y desde luego que no contempla la Constitución Política del Estado. La vigencia de la pena de muerte está reconocida sólo en algunos estados de Estados Unidos y en países donde existen regímenes autocráticos. En Bolivia no sólo que disposiciones legales la excluyen como pena máxima sino que el país ha firmado convenios internacionales que garantizan que esta medida no podría ser adoptada en la legislación nacional.
Otro aspecto que no puede ser aceptado sin un análisis profundo es la participación organizada de ciudadanos en la seguridad, pues esto engloba riesgos que en determinado momento pueden ingresar a un descontrol social. Otra cosa es la prevención ciudadana en tareas de seguridad. La Policía es la institución que tiene el mandato constitucional de otorgar seguridad, de encargarse de preservar el orden público de otorgar garantías a los ciudadanos sobre su integridad física y sus bienes.
Mientras la ola delictiva se profundiza como un fenómeno social que parece no tener soluciones concretas, aún queda pendiente el nuevo plan de seguridad ciudadana cuyas directrices centrales fueron planteadas en una denominada cumbre que se desarrolló hace algunas semanas en la ciudad de Santa Cruz. Una vez más la población espera su aplicación aunque en un ambiente tenso, de temor y de impaciencia ciudadana.
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