El Gobierno ha estado cruzando los dedos para que la zafra cañera resulte mejor de lo esperado y hasta se adelantó a anunciar que este año habrá suficiente azúcar para abastecer el mercado interno. Desde los ingenios acaban de informar que la molienda se retrasará casi un mes porque la sequía ha afectado severamente a los cañaverales y es casi seguro que se repita la historia de escasez, largas filas e importación de azúcar vía aérea. Inmediatamente, la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, anunció que durante el 2011 se mantendrá el veto a las exportaciones, pese a que el presidente Morales había prometido lo contrario.
Con el maíz, un producto clave del que dependen los precios de muchos comestibles como el pollo y la carne de res, la situación podría resultar peor todavía. De acuerdo a los cálculos, el déficit en la producción de maíz podría superar las 250 mil toneladas, cifra que si bien es inferior a la que se registró el año pasado, no alcanzará para frenar la escalada inflacionaria de esta cadena alimenticia, cuyo indicador más claro es el quintal de maíz que no baja de los cien bolivianos y que ha colocado el kilo de pollo a 18, más del doble de lo que se pagaba hace un año.
Cientos de funcionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), están recorriendo los campos de cultivo de Santa Cruz para hacer compras masivas de todo lo que puedan acopiar. Prometen precios superiores a los del mercado aunque los productores desconfían, pues el pago es a largo plazo y los descuentos les dejan la sensación de que todo es un “cuento del tío”. Más o menos como la promesa de convertir a Emapa en una institución promotora de la expansión agrícola o como aquellos créditos con cero intereses de los que habló el presidente Morales.
El Gobierno tal vez pensó que con algunas arengas y más promesas incumplidas se iba a cambiar la historia de la producción de alimentos en el país, atacada sin piedad durante los cinco últimos años por una política suicida. Los resultados de semejante acto de barbarie económica, se han registrado en febrero de 2011, con la mayor caída de las exportaciones no tradicionales (soya y derivados principalmente) de los últimos cuatro años, lo que equivale a 60 millones de dólares menos que el 2010 y 92 millones por debajo del 2008.
Lo que ocurre ahora con el gran temor del Gobierno a incrementar los salarios más allá del 10 por ciento, responde al hecho de haberle visto la cara al monstruo que él mismo engendró. Los precios de los alimentos en Bolivia han subido un 18,5 por ciento en los últimos doce meses y obviamente, las consecuencias podrían ser aún más nefastas con un aumento salarial que naturalmente producirá un incremento de la demanda. Lo más triste de todo es que ni siquiera hay suficiente comida en el país para abastecer los requerimientos actuales.
El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, acaba de afirmar que la inflación es buena para frenar el contrabando, insólita declaración que deja bien claro cuál es el fantasma al que le teme el Gobierno. No se trata de las manifestaciones de la COB ni los bloqueos, pues de eso sabe mucho este régimen, que ha demostrado suficiente talento para reprimir y abalanzarse contra las barricadas de los trabajadores.
Ojalá que las virtudes de la inflación de las que habla el ministro tengan eco en la población, de lo contrario, la gente comenzará a preocuparse por lo que ya vaticinó el vicepresidente García Linera, es decir el fantasmagórico periodo de la UDP.
Con el maíz, un producto clave del que dependen los precios de muchos comestibles como el pollo y la carne de res, la situación podría resultar peor todavía. De acuerdo a los cálculos, el déficit en la producción de maíz podría superar las 250 mil toneladas, cifra que si bien es inferior a la que se registró el año pasado, no alcanzará para frenar la escalada inflacionaria de esta cadena alimenticia, cuyo indicador más claro es el quintal de maíz que no baja de los cien bolivianos y que ha colocado el kilo de pollo a 18, más del doble de lo que se pagaba hace un año.
Cientos de funcionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), están recorriendo los campos de cultivo de Santa Cruz para hacer compras masivas de todo lo que puedan acopiar. Prometen precios superiores a los del mercado aunque los productores desconfían, pues el pago es a largo plazo y los descuentos les dejan la sensación de que todo es un “cuento del tío”. Más o menos como la promesa de convertir a Emapa en una institución promotora de la expansión agrícola o como aquellos créditos con cero intereses de los que habló el presidente Morales.
El Gobierno tal vez pensó que con algunas arengas y más promesas incumplidas se iba a cambiar la historia de la producción de alimentos en el país, atacada sin piedad durante los cinco últimos años por una política suicida. Los resultados de semejante acto de barbarie económica, se han registrado en febrero de 2011, con la mayor caída de las exportaciones no tradicionales (soya y derivados principalmente) de los últimos cuatro años, lo que equivale a 60 millones de dólares menos que el 2010 y 92 millones por debajo del 2008.
Lo que ocurre ahora con el gran temor del Gobierno a incrementar los salarios más allá del 10 por ciento, responde al hecho de haberle visto la cara al monstruo que él mismo engendró. Los precios de los alimentos en Bolivia han subido un 18,5 por ciento en los últimos doce meses y obviamente, las consecuencias podrían ser aún más nefastas con un aumento salarial que naturalmente producirá un incremento de la demanda. Lo más triste de todo es que ni siquiera hay suficiente comida en el país para abastecer los requerimientos actuales.
El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, acaba de afirmar que la inflación es buena para frenar el contrabando, insólita declaración que deja bien claro cuál es el fantasma al que le teme el Gobierno. No se trata de las manifestaciones de la COB ni los bloqueos, pues de eso sabe mucho este régimen, que ha demostrado suficiente talento para reprimir y abalanzarse contra las barricadas de los trabajadores.
Ojalá que las virtudes de la inflación de las que habla el ministro tengan eco en la población, de lo contrario, la gente comenzará a preocuparse por lo que ya vaticinó el vicepresidente García Linera, es decir el fantasmagórico periodo de la UDP.
Lo que ocurre ahora con el gran temor del Gobierno a incrementar los salarios más allá del 10 por ciento, responde al hecho de haberle visto la cara al monstruo que él mismo engendró. Los precios de los alimentos en Bolivia han subido un 18,5% en los últimos doce meses y obviamente, las consecuencias podrían ser aún más nefastas con un aumento salarial que naturalmente producirá un incremento de la demanda. (El Dia. SC.Bolivia)
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