En el referendo de febrero estaremos decidiendo si nos adherimos al sistema democrático o, más bien, nos inclinamos por variantes de sistemas autoritarios. Éste es, pues, el debate de fondo
Una vez sancionada la ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para modificar el Artículo 168 de manera que los actuales primeros mandatarios puedan postular por cuarta vez a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, se abre un tiempo para recuperar la esencia del debate político.
La pregunta central es si una segunda (en verdad, en este caso, tercera) reelección inmediata de las actuales autoridades es una posición democrática o no. Desde el poder se sostiene que lo es porque la cuestión es sometida a consulta popular. Si la ciudadanía avala mediante voto esta reforma, se trata, como lógica consecuencia, de un cambio democrático.
Sin desconocer la importancia y su perverso efecto distorsivo del aprovechamiento abusivo de los recursos del Estado (humanos, económicos y de infraestructura, como se lo ha hecho en toda convocatoria electoral) hay factores que permiten, más bien, señalar lo contrario.
Dado el sistema presidencialista que rige, el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y su sostenibilidad en el tiempo requiere la alternancia, de manera que las decisiones no se centralicen exclusivamente en los niveles de confianza o desconfianza en una determinada persona, sino en el aparato institucional existente.
Para el sistema democrático esto es básico, y basta ver la capacidad que tienen las naciones que así actúan para refortalecer permanentemente el sistema, mientras que donde el poder es encarnado por una sola persona una vez agotadas sus posibilidades de acción, se derrumba el sistema que lo hizo posible.
Además, la democracia exige el permanente debate entre diversas posiciones; de lo contrario, y como está sucediendo en el país, se agota rápidamente y, así mismo, se ingresa a la confrontación. En cambio, cuando el debate es sobre visiones de Estado, se abre, como ha sucedido, la posibilidad de que los contendores puedan mutuamente enriquecerse.
Obviamente un buen debate político exige actores políticos (no gestores) dispuestos a sustentar posiciones ante el eventual adversario, y no sólo mutuos insultos y recriminaciones. Hasta ahora, se puede afirmar que el debate político en Bolivia se ha reducido a esto último, y una muestra palpable ha sido la campaña para el referendo sobre los estatutos autonómicos, en el que los presuntos actores políticos optaron por el silencio.
En ese marco, es posible sostener que la propuesta de modificar el Artículo 168 de la CPE es, desde su origen, antidemocrática, y que conceptual e históricamente la que postula el respeto a la CPE es esencialmente democrática.
Además, se debe entender que en este referendo no se expresa la adhesión o rechazo a la gestión de los primeros mandatarios, sino a principios. Es decir, puede haber gente que apoya al Gobierno, pero que rechaza por antidemocrática esta reforma. De la misma manera que habrá gente que le gustaría esta reforma si los beneficiarios fueran sus adherentes, pero que la rechazan por animadversión política.
Por tanto, en el referendo de febrero estaremos decidiendo si nos adherimos al sistema democrático o, más bien, nos inclinamos por variantes de sistemas autoritarios. Éste es, pues, el debate de fondo.
NUESTRA PALABRA
En el referendo de febrero estaremos decidiendo si nos adherimos al sistema democrático o, más bien, nos inclinamos por variantes de sistemas autoritarios. Éste es, pues, el debate de fondo
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