Tener un padrino o unos compadres masistas puede ser peligroso hoy en día. Para confirmar este aserto habría que preguntar a los familiares de los 54 cadetes dados de baja de la Academia Nacional de Policía (Anapol), qué fue lo que les motivó para haber buscado desesperadamente, y mal que ahora les pesa, esos padrinazgos políticos con el fin de ingresar en la escuela mayor de policías. Lo sorprendente del caso es que los nombres de los padrinos fueron conocidos este viernes, cuando 19 excadetes prestaron declaraciones judiciales en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y delataron, nada más ni nada menos, a los senadores oficialistas Fidel Surco e Isaac Ávalos, y al diputado azul Edwin Tupa, como los principales artífices del tráfico de influencias y beneficios a cambio del aval político para ingresar en la Anapol.
En esta trama tan extendida todos son culpables, por lo que mal podría insistir en su inocencia el comandante de la Policía, General Santisteban, si él recibió las listas con los nombres de los apadrinados y autorizó su ingreso por temor reverencial a los tres poderosos masistas, siempre a sabiendas de que estaba cometiendo un acto arbitrario e ilegal. Así como son tan culpables los padres de familia que optaron por este acto ilícito y corrupto con el fin de aventajar a sus hijos en el largo camino para convertirse en profesionales de la Policía. ¿Qué hubiera pasado si este hecho podrido no se hubiera descubierto?, peor ¿qué tenían en mente los cadetes si se consumaba su profesionalización a base de corruptelas?
Pero los peores indicios nos conducen ante los padrinos. Esos tres poderosos masistas que colgados de una fuerte red de corrupción y tráfico de influencias se permiten presionar sin escrúpulo alguno a autoridades y ciudadanos, utilizando mecanismos perversos para obtener beneficios particulares. Sólo basta remover la memoria para matizar aún más el azaroso y complejo prontuario de estos padrinos. Sobre el masista Fidel Surco pululan una serie de acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico, materializadas en el siglo pasado por funcionarios de los gobiernos republicanos, y especialmente a principios del nuevo siglo cuando presidía la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), principal pilar que sustenta al Gobierno de Evo Morales.
Isaac Ávalos, en cambio, goza de un fuerte señorío azul y le falta poco para hacerse de Santa Cruz, controlando todos los negocios del Gobierno en esa parte del país. Es el mismo Ávalos que protege y fomenta a todos los tomatierras en su afán de luchar contra los “traficantes de tierra y latifundistas”, así como materializa otros actos irrefrenables de poder absoluto, que son la envidia de los mejores traficantes de influencias. El otro diputado del MAS, Edwin Tupa, hace poco fue acusado por la supuesta violación de una menor de edad en la ciudad de Montero, cuyo sumario penal también ha pasado a archivo y no se conoce el resultado final, así como aquel proceso criminal por uso indebido de influencias y presuntos hechos de corrupción, que fue iniciado por una exconcejal del MAS, del municipio de Montero.
En aras del buen Gobierno y el Estado de Derecho, si es que algo queda, las autoridades competentes deberían aplicar sin miramientos la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El autor es abogado
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