El presidente Morales ha anunciado una nueva avanzada internacional para conseguir la despenalización de la hoja de coca, que figura entre las sustancias sujetas a control en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo que depende de la ONU.
Evo Morales ha desistido de viajar a La Haya, donde debía presentar un recurso judicial en contra de Chile por el acceso al Océano Pacífico y en cambio, ha decidido trasladarse a Viena, Austria, sede de un foro mundial sobre las drogas y donde precisamente se encuentra la sede de la JIFE, cuyo instrumento de acción es la Convención de Viena sobre Estupefacientes suscrita en 1961 y a la cual se adhirió Bolivia en 1976.
El año pasado, el gobierno del MAS convirtió a Bolivia en el primer país en 51 años en retirarse de la Convención de Viena, con el objetivo de ser readmitido nuevamente este año, haciendo las reservas en cuanto a la hoja de coca, declarada “sagrada” por la Constitución Política del Estado, pese a que existe el compromiso boliviano ante la comunidad de internacional (firmado está) de eliminar incluso la costumbre del masticado de la coca.
Expertos en diplomacia no le auguran éxito al presidente Morales, no solo porque estos “entres y sales” son absolutamente inadmisibles en el marco de las relaciones internacionales, sino porque las cartas del nuevo Estado Plurinacional en materia de coca y lucha contra el narcotráfico son impresentables. Es obvio que la JIFE tiene en su poder todos los informes que ha elaborado la ONU sobre el impacto que ha tenido el impresionante crecimiento de los cultivos de hoja de coca, que han convertido al país en el principal proveedor de cocaína de América del Sur y destino apetecido de los grandes cárteles de narcos mexicanos y colombianos. Es natural también que este organismo conozca de cerca lo que ocurre con el lavado de dinero, que ha colocado a Bolivia en una lista negra o que sepa lo que ha sucede con la política de erradicación, sometida al capricho de los cocaleros, quienes bajo el pretexto del “control social” o la “justicia comunitaria” deciden cuándo echar o tolerar a la policía en sus territorios.
El presidente Morales quiere llamar la atención del mundo sobre los beneficios del consumo de la coca, pero además de la industrialización más rentable y polémica, es muy poco lo que se puede mostrar en este campo. Algunas plantas para la elaboración de infusiones, una que otra microempresa que produce jabones o dentífrico, no sirven para convencer a un organismo y mucho menos para justificar más de 30 mil hectáreas de cocales, un 250 por ciento por encima de los límites permitidos por ley.
Cuando el MAS era oposición, insistía hasta el cansancio por un estudio que ayude a delimitar con exactitud la demanda legal y tradicional de la coca. Han pasado seis años y el oficialismo no ha hecho más que poner excusas, lanzar propuestas incongruentes y en la mayoría de los casos, ignorar el asunto, lo que hace presumir que no le interesa en realidad ponerle límites a la coca, que de poco va penetrando en nuevas áreas del país, como sucede con el Tipnis y otras zonas, donde también se refuerza la presencia de narcotraficantes.
El viaje de Evo Morales a Viena, adonde irá acompañado de varios dirigentes cocaleros, no hace más que confirmar que pese a ser presidente de todo el país, su mayor interés sigue estando focalizado como un dirigente sindical con el objetivo fundamental de expandir a como dé lugar las plantaciones de coca.
Evo Morales ha desistido de viajar a La Haya, donde debía presentar un recurso judicial en contra de Chile por el acceso al Océano Pacífico y en cambio, ha decidido trasladarse a Viena, Austria, sede de un foro mundial sobre las drogas y donde precisamente se encuentra la sede de la JIFE, cuyo instrumento de acción es la Convención de Viena sobre Estupefacientes suscrita en 1961 y a la cual se adhirió Bolivia en 1976.
El año pasado, el gobierno del MAS convirtió a Bolivia en el primer país en 51 años en retirarse de la Convención de Viena, con el objetivo de ser readmitido nuevamente este año, haciendo las reservas en cuanto a la hoja de coca, declarada “sagrada” por la Constitución Política del Estado, pese a que existe el compromiso boliviano ante la comunidad de internacional (firmado está) de eliminar incluso la costumbre del masticado de la coca.
Expertos en diplomacia no le auguran éxito al presidente Morales, no solo porque estos “entres y sales” son absolutamente inadmisibles en el marco de las relaciones internacionales, sino porque las cartas del nuevo Estado Plurinacional en materia de coca y lucha contra el narcotráfico son impresentables. Es obvio que la JIFE tiene en su poder todos los informes que ha elaborado la ONU sobre el impacto que ha tenido el impresionante crecimiento de los cultivos de hoja de coca, que han convertido al país en el principal proveedor de cocaína de América del Sur y destino apetecido de los grandes cárteles de narcos mexicanos y colombianos. Es natural también que este organismo conozca de cerca lo que ocurre con el lavado de dinero, que ha colocado a Bolivia en una lista negra o que sepa lo que ha sucede con la política de erradicación, sometida al capricho de los cocaleros, quienes bajo el pretexto del “control social” o la “justicia comunitaria” deciden cuándo echar o tolerar a la policía en sus territorios.
El presidente Morales quiere llamar la atención del mundo sobre los beneficios del consumo de la coca, pero además de la industrialización más rentable y polémica, es muy poco lo que se puede mostrar en este campo. Algunas plantas para la elaboración de infusiones, una que otra microempresa que produce jabones o dentífrico, no sirven para convencer a un organismo y mucho menos para justificar más de 30 mil hectáreas de cocales, un 250 por ciento por encima de los límites permitidos por ley.
Cuando el MAS era oposición, insistía hasta el cansancio por un estudio que ayude a delimitar con exactitud la demanda legal y tradicional de la coca. Han pasado seis años y el oficialismo no ha hecho más que poner excusas, lanzar propuestas incongruentes y en la mayoría de los casos, ignorar el asunto, lo que hace presumir que no le interesa en realidad ponerle límites a la coca, que de poco va penetrando en nuevas áreas del país, como sucede con el Tipnis y otras zonas, donde también se refuerza la presencia de narcotraficantes.
El viaje de Evo Morales a Viena, adonde irá acompañado de varios dirigentes cocaleros, no hace más que confirmar que pese a ser presidente de todo el país, su mayor interés sigue estando focalizado como un dirigente sindical con el objetivo fundamental de expandir a como dé lugar las plantaciones de coca.
El presidente Morales quiere llamar la atención del mundo sobre los beneficios del consumo de la coca, pero además de la industrialización más rentable y polémica, es muy poco lo que se puede mostrar en este campo.
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