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domingo, 20 de diciembre de 2015

John Arandia puntualiza cronológica y progresivamente que ha sido la periodista Claudia Soruco quién lanzó la denuncia sobre el despilfarro de recursos en el llamado Fondo Indígena y que tan sólo varios meses después Evo pidio investigar al Contralor que elevó informe más de un año despues, siendo falso lo afirmado por Carlos Romero que es a instancias del Gobierno que los delitos salen a la luz pública.

Al parecer, el Gobierno pretende "ganar indulgencias con avemarías ajenas”. En el caso del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), que ha sido quizá el caso más bullado de corrupción en el actual Gobierno, se atribuye la autoría de las denuncias, investigaciones y procesos; como un acto de transparencia y no de descontrol (cuando menos), como todo parece indicar.

En una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, de la cadena estadounidense CNN  el pasado lunes,   el ministro de Gobierno Carlos Romero sostuvo: "¿Quién denunció (la corrupción en el Fondo Indígena)? El Gobierno nacional, no fueron los opositores, no fueron los periodistas”. Al día siguiente lo reiteró: "¿Quién denunció los hechos dentro del partido (MAS)? Fue el Gobierno nacional, no fueron los opositores, no fueron los periodistas”.

El Ministro ha obviado que las denuncias sobre las irregularidades en el Fondo Indígena son anteriores a la reacción e intervención del Gobierno. Página Siete, con un reportaje de la periodista Claudia Soruco,  comprobó y denunció en noviembre de 2013 que algunos proyectos financiados con recursos de esta entidad eran fantasmas o no habían sido ejecutados.


El primer reportaje de  Página Siete titulaba "Denuncian supuestos proyectos fantasmas en el Fondo Indígena”, y fue publicado el 11 de noviembre de 2013. Al día siguiente, un dirigente de los Ponchos Rojos amenazó a la autora del reportaje con "ponerla en su lugar” y al diario con ocupar sus instalaciones. El propio ministro Romero ofreció garantías al periódico y a la periodista. El 9 de diciembre del mismo año Página Siete publicó otro reportaje  bajo el título:  "Sólo uno de los 894 proyectos del Fondo Indígena concluyó”. Dos días después, otra publicación decía: "Se desconoce el destino de 503 millones de bolivianos para proyectos” (dinero transferido entre 2010 y 2013 para ejecutar 894 proyectos).


El presidente Evo Morales reaccionó después de un mes a las denuncias reveladas por Página Siete. El 11 de diciembre de 2013 instruyó a la Contraloría General del Estado a investigar el Fondo Indígena y criticó a la Conamaq por oponerse a la investigación. Después, este diario continuó con más revelaciones sobre corrupción en esta entidad: "El Fondo Indígena financió proyectos sociales intangibles”, fue otro de los reportajes.


Los resultados de la investigación ordenada por  el Jefe de Estado  fueron conocidos  un año y dos meses después. El 12 de febrero de 2015, la Contraloría elevó un informe en el que detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados, aunque los responsables habían recibido la totalidad de los recursos  de manera anticipada. También reveló que había otros 100 proyectos que recibieron 74,6 millones de bolivianos, en tres pagos, pero que los mismos no fueron cerrados ni se tenía constancia de su ejecución plena.

Esta información inicial fue ratificada tras una intervención al Fondo Indígena que amplió los hechos:  30 proyectos inexistentes o fantasmas y 713 proyectos cuyo plazo ya venció. Esas irregularidades implican un presunto daño económico al Estado de 102 millones de bolivianos.


Hoy, siete líderes indígenas, incluidos dos senadores del oficialismo y la exministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos, están detenidos preventivamente, mientras que otros cinco permanecen en detención domiciliaria.


 La oposición expresó su extrañeza porque no fue llamada  a declarar  la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, de cuyo despacho dependía el Fondo  y cuyo directorio presidía. Achacollo se vio forzada a renunciar por el escándalo en agosto pasado. El fiscal  Ramiro Guerrero dijo que Achacollo será convocada   de acuerdo con un cronograma ya establecido y aseguró que "nadie será excluido” de casi dos centenares de  involucrados, entre exautoridades, ex y actuales dirigentes  afines al Gobierno.


Es meritoria la intervención de un Gobierno ante cualquier irregularidad, pero  lamentablemente este no es el caso. Todo lo contrario. Por ello  es tan importante el papel de una prensa independiente que fiscalice al poder.

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