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sábado, 13 de agosto de 2016

Previus. el Gobierno del MAS ha cometido un pecado mortal al pactar con las llamadas "cooperativas mineras" que de tales solo tienen el nombre. son grupos de explotación a jóvenes contratistas que ganan según producen. para ellos no hay Ley, ni seguridad física y menos social. cuánta diferencia de la forma de trabajo en COMIBOL. Los Tiempos no lo dice por decoro, lo cierto es que no cabe diálogo con los ilegales, no tuvieron miedo de causar heridas a más de un centenar de policías, que el Gobierno los entregó como "corderos de sacrificio a los desaforados" sólo cabe exigir el respeto a la Ley y ahora también el resarcimiento por cada uniformado herido.

Diversos estudios muestran que en el país prima la opción preferencial por el conflicto. Se trata de una larga tradición, legitimada por el apoyo que particularmente desde los sectores académicos y políticos (mientras no se ejerce el poder) se ha dado a la toma de las calles para la protesta, de manera que el conflicto fue convertido en un mito que incluso contendría ribetes de madurez democrática.
En esos análisis no se toma en cuenta, obviamente, cómo esta opción de lucha gremial, sindical o política afecta los derechos de la mayoría ciudadana a la que, además, le exigen su adhesión. No hay paro, bloqueo o toma de calles sin que los organizadores pidan a la población disculpas por las molestias que provocan, para de inmediato pedirle que “comprenda que su lucha (de objetivo claramente sectorial) también la beneficiará”.
Así, desmitificando el conflicto se puede observar que, por lo general, se trata de manifestaciones de poder antiestatales desde específicos sectores que se sienten representantes del interés nacional. Esta visión, además, es adobada con  manidos conceptos ideológicos sobre el ejercicio del poder.
En el frente, los eventuales inquilinos del Gobierno perciben que esa visión, que fue parte de sus postulados en el llano, atenta contra la buena gobernanza y se dan cuenta de que el recurrente conflicto socava sus propios cimientos.
Esta situación se observa en el conflicto entre el Gobierno y los cooperativistas mineros y un clímax demostrativo es el momento en que Policía y cooperativistas “intercambian prisioneros”. Asimismo, esta pérdida de horizontes ideológicos se constata también en el campo simbólico, cuando una de las demandas del sector es prohibir la organización de sindicatos en las cooperativas mineras, en las que, como se ha comprobado, se sobreexplota la mano de obra, con la misma intensidad con la que se incumplen elementales obligaciones sociales y ambientales.
Obviamente, el Gobierno debe realizar los mayores esfuerzos para recuperar la paz social y normalizar la vida cotidiana en el país dentro del marco constitucional y legal vigente. De lo contrario se afecta la capacidad de gobernanza, extremo que se debe evitar utilizando todos los instrumentos que la ley otorga para ese fin.
Un mecanismo clave para ello es privilegiar el diálogo y el cumplimiento de las normas vigentes, condiciones que, lamentablemente, no están dadas porque son 10 años en los que se privilegió otros instrumentos de negociación como la de dividir a los sectores, cooptar dirigentes, distribuir prebendas, ejercer directa represión, bajo una concepción hegemonista del poder.
Hoy, en otras circunstancias, pareciera que ha llegado el momento de que el Gobierno revise esa forma de actuar e incorpore en su práctica del diálogo transparente con los sectores, lo que será posible si comprende que hay muchos factores que han provocado su pérdida de hegemonía cuanti y cualitativa.
Si así lo hace, será posible restablecer la paz social. Si mantiene la decisión de seguir utilizando otros mecanismos, la sucesión de conflictos que no sólo que afectará a la población en su rutina cotidiana, sino también a las propias autoridades.

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