Justicia: ¿otra oportunidad perdida?
Uno de los pocos asuntos en los que hay un acuerdo nacional, tanto entre gobierno y oposición como en el conjunto de la ciudadanía, es que nuestro sistema judicial es un desastre y que en los últimos seis años ha empeorado, lo cual parecía casi imposible. Se requiere urgentemente contar con una cúpula judicial capaz de contar con un proyecto y ejecutarlo para sacar de raíz el árbol podrido
Parte importante del problema está, en consecuencia, en la forma de elegir a los magistrados que deben encarar esa tarea. Si bien es verdad que puede cuestionarse el mecanismo anterior de la elección a través del Congreso a partir de dos tercios de votos de sus miembros (posibilidad que le permitiría hoy al MAS hacer esa elección sin ninguna dificultad), no es menos cierto que elegir más de medio centenar de cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, ha demostrado ser una lotería librada más a las posiciones generales del votante en torno al gobierno (favorables o contrarias) que a los méritos intrínsecos de los numerosos candidatos en liza.
Lo que ocurre es que la previsión constitucional de un mecanismo de preselección de la propia Asamblea que, en teoría debía garantizar un filtro que elimine a los postulantes menos idóneos, choca contra la realidad de la actitud de la mayoría aplastante del oficialismo.
Estas consideraciones no se hacen hoy sobre presunciones o adivinanzas, se hacen sobre una experiencia ya vivida. En 2011 se aplicó por primera vez este sistema con las siguientes consecuencias: el MAS usó su mayoría de dos tercios en ambas cámaras para imponer una Comisión de preselección sin participación de la oposición, lo que le permitió escoger a placer a los candidatos masistas o pro-masistas que fueron a la elección. Los ciudadanos votamos y el resultado fue contundente, por primera vez en nuestra historia el 60% de los votos optó por el nulo y el blanco. En cuanto a los votos válidos, la inmensa mayoría de los candidatos recibieron porcentajes menores al 10% de respaldo. A pesar del tamaño de la bofetada el gobierno decidió posesionar a los “elegidos”. La gestión de esta nueva cabeza del Órgano Judicial ha sido lamentable porque ha sumado lo impensable, una mayoría de magistrados con deficiencias penosas en su formación y ejercicio profesional, con alarmantes niveles de corrupción y un sometimiento abierto a la influencia del Órgano Ejecutivo. El fracaso ha sido tan inocultable que los dos primeros mandatarios no han tenido otro remedio que reconocer que nuestra justicia está muy mal.
Pero como los seres humanos somos los únicos que nos empeñamos en tropezar dos veces en la misma piedra, el gobierno ha escogido repetir el libreto con la falsa ilusión de que un maquillaje (la participación del CEUB en la preselección de cargos) puede disfrazar la verdadera intención de retener bajo su control a la justicia. Es un maquillaje porque ha sido unilateral y no ha tomado en cuenta las pedidos opositores de consensuar su conformación. El más elemental sentido de responsabilidad aconsejaba que el gobierno escuchara a la oposición y que, por una vez, se abriese un diálogo franco para acordar un sistema de selección con una Comisión no sólo independiente y plural integrada por personalidades del más alto nivel aceptadas por todos, sino respetada plenamente en su veredicto por la Asamblea (que puede perfectamente, en aras del bien mayor, seguir la formalidad de su voto aprobando mediante este lo decidido por esa Comisión). Ese paso era una condición sine qua non para garantizar la postulación de los mejores juristas del país, cosa que —salvo contadas excepciones- no ocurrirá.
Al rechazar, una vez más, la construcción de un acuerdo nacional para hacer posible un proceso que nos saque del pantano, el gobierno se arriesga a que las próximas elecciones sean en realidad un nuevo Referendo en el que los votantes no harán una consideración sobre los valores intrínsecos de los candidatos, sino sobre lo que piensan en torno al Presidente y su gestión.
La cuestión es muy simple, tiene que ver con credibilidad y confianza. En el contexto de una justicia que nos avergüenza a todos, la única salida posible es que los bolivianos creamos de veras que lo que viene tiene como objetivo cambiar de raíz el sistema. Pero quienes ocupan el poder parecen no darse cuenta de que no tienen las mismas credenciales que en 2006, la de la confianza y la credibilidad que, por diversas razones, han perdido en alto grado. De nuevo, estamos a punto de echar por la borda una oportunidad histórica.
El autor fue presidente de la República
Twitter: @carlosdmesag
Parte importante del problema está, en consecuencia, en la forma de elegir a los magistrados que deben encarar esa tarea. Si bien es verdad que puede cuestionarse el mecanismo anterior de la elección a través del Congreso a partir de dos tercios de votos de sus miembros (posibilidad que le permitiría hoy al MAS hacer esa elección sin ninguna dificultad), no es menos cierto que elegir más de medio centenar de cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, ha demostrado ser una lotería librada más a las posiciones generales del votante en torno al gobierno (favorables o contrarias) que a los méritos intrínsecos de los numerosos candidatos en liza.
Lo que ocurre es que la previsión constitucional de un mecanismo de preselección de la propia Asamblea que, en teoría debía garantizar un filtro que elimine a los postulantes menos idóneos, choca contra la realidad de la actitud de la mayoría aplastante del oficialismo.
Estas consideraciones no se hacen hoy sobre presunciones o adivinanzas, se hacen sobre una experiencia ya vivida. En 2011 se aplicó por primera vez este sistema con las siguientes consecuencias: el MAS usó su mayoría de dos tercios en ambas cámaras para imponer una Comisión de preselección sin participación de la oposición, lo que le permitió escoger a placer a los candidatos masistas o pro-masistas que fueron a la elección. Los ciudadanos votamos y el resultado fue contundente, por primera vez en nuestra historia el 60% de los votos optó por el nulo y el blanco. En cuanto a los votos válidos, la inmensa mayoría de los candidatos recibieron porcentajes menores al 10% de respaldo. A pesar del tamaño de la bofetada el gobierno decidió posesionar a los “elegidos”. La gestión de esta nueva cabeza del Órgano Judicial ha sido lamentable porque ha sumado lo impensable, una mayoría de magistrados con deficiencias penosas en su formación y ejercicio profesional, con alarmantes niveles de corrupción y un sometimiento abierto a la influencia del Órgano Ejecutivo. El fracaso ha sido tan inocultable que los dos primeros mandatarios no han tenido otro remedio que reconocer que nuestra justicia está muy mal.
Pero como los seres humanos somos los únicos que nos empeñamos en tropezar dos veces en la misma piedra, el gobierno ha escogido repetir el libreto con la falsa ilusión de que un maquillaje (la participación del CEUB en la preselección de cargos) puede disfrazar la verdadera intención de retener bajo su control a la justicia. Es un maquillaje porque ha sido unilateral y no ha tomado en cuenta las pedidos opositores de consensuar su conformación. El más elemental sentido de responsabilidad aconsejaba que el gobierno escuchara a la oposición y que, por una vez, se abriese un diálogo franco para acordar un sistema de selección con una Comisión no sólo independiente y plural integrada por personalidades del más alto nivel aceptadas por todos, sino respetada plenamente en su veredicto por la Asamblea (que puede perfectamente, en aras del bien mayor, seguir la formalidad de su voto aprobando mediante este lo decidido por esa Comisión). Ese paso era una condición sine qua non para garantizar la postulación de los mejores juristas del país, cosa que —salvo contadas excepciones- no ocurrirá.
Al rechazar, una vez más, la construcción de un acuerdo nacional para hacer posible un proceso que nos saque del pantano, el gobierno se arriesga a que las próximas elecciones sean en realidad un nuevo Referendo en el que los votantes no harán una consideración sobre los valores intrínsecos de los candidatos, sino sobre lo que piensan en torno al Presidente y su gestión.
La cuestión es muy simple, tiene que ver con credibilidad y confianza. En el contexto de una justicia que nos avergüenza a todos, la única salida posible es que los bolivianos creamos de veras que lo que viene tiene como objetivo cambiar de raíz el sistema. Pero quienes ocupan el poder parecen no darse cuenta de que no tienen las mismas credenciales que en 2006, la de la confianza y la credibilidad que, por diversas razones, han perdido en alto grado. De nuevo, estamos a punto de echar por la borda una oportunidad histórica.
El autor fue presidente de la República
Twitter: @carlosdmesag
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