Harold Olmos ante la grave situación de deterioro que vive Venezuela (30% de inflación, carestía, subvenciones imposibles) piensa que un General Vildoso para enderezar la legalidad de Venezuela

Henrique Capriles podría alegrarse de no haber vencido. Admitamos que Nicolás Maduro ganó limpiamente la elección del 14 de abril. Ocurre que el candidato opositor se ha agigantado en un avispero económico y social del que es responsable el Gobierno que representa Maduro y que éste (tampoco Capriles) parece capaz de controlar.  El líder opositor tiene a por lo menos la mitad de la población a su lado y ese número tenderá a crecer con el probable retorno a la rutina de la escasez y de los apagones, para los cuales no hay solución inmediata a la vista. Eso, en sí, vuelve difícil un Gobierno de Maduro.

El precio promedio de los crudos venezolanos oscila estos días los 100 dólares el barril. Sería bonanza aún para un país que requiere de un precio de 90 dólares para mantener a su industria a flote, pero insuficiente para el crecimiento exponencial de los gastos públicos. Los precios han estado en declive en las últimas semanas debido a un crecimiento económico de China menor al previsto y a que Estados Unidos importa menos porque produce más. Después de Estados Unidos, China encabeza la lista de  compradores de petróleo venezolano, con más de 600.000 barriles diarios, de los cuales un tercio amortiza pagos anticipados. Una deuda púbica creciente, del Estado y de la empresa gana-pan PDVSA, agravan un círculo ceñido por la violencia responsable de unas 20.000 muertes el año pasado, uno de los peores índices del mundo.

La escasez de alimentos, la presión por divisas para importaciones, las expectativas de su propio electorado y la necesidad de restar fuerza a los reclamos de la oposición que encabeza Capriles apuntan hacia la única fuente capaz de incrementar los ingresos del Estado de inmediato: el precio ridículo de la gasolina (20 litros equivalen a siete bolivianos).

Tocar la gasolina puede resultar explosivo. Lo sabía Hugo Chávez, quien surgió a la vida pública al reprimir “el caracazo” de hace 24 años provocado por  una mínima alteración del precio. Los venezolanos pueden estar dispuestos a todo, menos a que le toquen el precio de algo que consideran que les debe ser gratuito, o casi. Con una inflación que bordea el 30 por ciento, no es ninguna sorpresa que la previsión del crecimiento de la economía venezolana en 2013 que hacen organismos internacionales hubiese bajado drásticamente de 3,3 por ciento para 0,1 por ciento. (Para Bolivia la previsión es de 4,8 por ciento, menor que la de 5 por ciento de principios de año).

La negativa de Consejo Nacional Electoral de aceptar un recuento total de votos y la precipitada proclamación de Maduro como vencedor puede basarse en un punto: ¿Qué hacer si se confirman las denuncias de irregularidades?

Una pregunta más angustiosa todavía es la actitud que puedan asumir los militares. Cuando en Bolivia se agotaron las opciones de las dictaduras, hubo un general que se atrevió a dar un paso que parecía imposible: asumió el mando y en poco más de dos meses completó la transferencia del Gobierno a las fuerzas civiles y al ganador de las elecciones de 1980. La situación venezolana es muy diferente, pero en estos momentos pueden caber todas las hipótesis. Uno puede preguntarse si del “bravo pueblo” al que da glorias el himno nacional surgirá un general Guido Vildoso.

Internacionalmente, el cuadro venezolano es más complejo que el de Bolivia en 1982. La supervivencia del régimen boliviano no era vital para ninguno de sus vecinos. La Venezuela de hoy encabeza el grupo de regímenes del ALBA y es pivote de Unasur. Cuba está muy presente en la vida del vecino país. Las misiones de decenas de miles médicos cubanos sustentan las obras sociales, por las cuales Venezuela paga con petróleo: entre 100.000 y 115.000 barriles diarios.  Ese intercambio, en el que el petróleo es entregado a precio menor al del mercado, es fundamental para la economía cubana. Una dirección diferente de la brújula política venezolana colocaría a Cuba al borde de otro “período especial” como el que sobrevino tras la caída de la ahora ex Unión Soviética.

Venezuela está al norte de Sudamérica, pero las ramificaciones de la crisis en que se encuentra se extienden mucho más allá de su geografía.

El autor es periodista

http://haroldolmos.wordpress.com

Argentina y Brasil debaten largamente sobre los temas pendientes, el intercambio comercial, las recíprocas acusaciones de negociados

La presidenta argentina Cristina Kirchner recibirá este jueves a su par brasileña Dilma Rousseff, en un encuentro destinado a fortalecer la alianza estratégica bilateral y discutir controversias económicas en el marco de la integración regional.

"Tenemos una agenda bastante amplia con Argentina. Siempre discutimos todas las relaciones, las comerciales, las inversiones (...) Iremos a discutir todos los asuntos", adelantó Rousseff a la prensa antes de viajar.

Dilma y Cristina se llevan bien pese a dificultades financieras. maratónica reunión en Casa Rosada

Las mandatarias "se reunirán a partir de las 12H30 (15H30 GMT) en la Casa Rosada (gobierno) e irán ingresando a la reunión los ministros de cada área del tema que se analice", dijo a la AFP una fuente gubernamental en Buenos Aires que pidió reserva de identidad.

La cumbre terminará con "una cena de agasajo y un brindis la noche del jueves en el Museo del Bicentenario", ubicado detrás de la sede gubernamental, agregó la fuente.

Un amplio abanico de temas pendientes incluye, por el lado brasileño, la preocupación por la caída de sus exportaciones a Argentina.

A los argentinos, en cambio, los desvela la decisión de la minera brasileña Vale de suspender un proyecto en Mendoza (oeste) y un desbalance en el comercio de autopartes, según fuentes diplomáticas.

La cumbre de Buenos Aires se produce en momentos en que Paraguay eligió como presidente al magnate del Partido Colorado Horacio Cartes, y así está en condiciones de regresar al seno de un debilitado Mercosur, que también integran Uruguay y Venezuela.

Paraguay había sido excluido del Mercosur y del bloque ampliado Unasur a raíz de la polémica destitución por parte del Congreso del presidente Fernando Lugo en junio pasado.

Venezuela también renovó liderazgo al elegir mandatario a Nicolás Maduro, quien reemplaza a Hugo Chávez, cuya muerte había obligado a suspender este encuentro Kirchner-Rousseff, previsto para el 7 de marzo pasado en la localidad turística de El Calafate (sur argentino).

En materia comercial, las exportaciones globales argentinas "acumulan al primer trimestre del año un crecimiento del 7% interanual que se explica por los mayores envíos a Brasil", según un informe de la consultora privada Abeceb.com al cual tuvo acceso la AFP.

Pero el comercio de autopartes entre ambos países es deficitario para Argentina, con un desbalance de 8.000 millones de dólares anuales, según datos del ministerio argentino de Industria, cuando se acerca el vencimiento, a mitad de este año, del Pacto Automotor Común (PAC).

La liberación del comercio automotor, si caduca el PAC, no es un alternativa bien vista por Argentina y se espera una negociación o bien la extensión automática por otros dos años del acuerdo, según fuentes industriales argentinas.

Del lado brasileño, Argentina es su tercer socio comercial después de China y Estados Unidos, pero el comercio bilateral se redujo el año pasado, un fenómeno atribuido por exportadores brasileños a las barreras y requisitos impuestos por Kirchner.

Los principales socios comerciales de Argentina son Brasil, China, Chile y Estados Unidos, según estadísticas de la oficina estatal INDEC.

Brasil le vendió a Argentina 17.998 millones de dólares, un retroceso del 20,7% frente a los 22.709 millones de 2011, al tiempo que sus importaciones se contrajeron 2,7% y sumaron 16.444 millones de dólares en 2012, según cifras oficiales brasileñas.

El déficit comercial argentino, que en 2011 fue de 5.802 millones de dólares, se redujo a 1.554 millones de dólares el año pasado.

El ministro brasileño de Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel, aseguró que su país está dispuesto a sacrificar un superávit elevado con Argentina, a cambio de aumentar el flujo comercial.

Otra cuestión sensible que estará sobre la mesa de conversaciones es la decisión de la poderosa minera brasileña Vale de abandonar un megaproyecto de fabricación y transporte de potasio, un insumo para la industria de agroquímicos.

El argumento de la firma es que el costo de la inversión creció de 6.000 a 12.000 millones de dólares, según informó un asesor de Vale en una audiencia en el Congreso argentino el 9 de abril pasado.

Un gesto valorado en Buenos Aires antes del viaje de Rousseff fue la aclaración de la constructora aeronáutica brasileña Embraer de que el Estado argentino no está relacionado con pagos de sobornos en la compra de aviones por la reestatizada Austral.

OPINION se refiere a la internacionalización del crimen organizado, al incremento del narcotráfico, la presencia de grupos criminales y el clima de violencia. centra en jueces y fiscales el control de los delincuentes y en preservar a la sociedad de su presencia

En estos tiempos en que la ola de violencia delictiva se incrementa, mucha gente se pregunta sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno para preservar la seguridad de las personas y se analizan algunos de los problemas centrales que pueden estar originando este clima de intranquilidad.

Los factores profundos pueden ser anotados desde la internacionalización del crimen organizado, el incremento del narcotráfico en el departamento de Santa Cruz, la presencia de grupos de criminales que operan en la frontera con el Brasil y desde luego los factores de pobreza y desarraigo que se inscriben en situaciones que deben ser analizadas con el debido cuidado y seriedad.

Lo cierto es que la violencia criminal casi siempre obedece a una especie de proceso social donde la concurrencia de una serie de aspectos representan en determinado momento esa especie de detonante que quizá nunca debería llegar porque tiene que ver con el deterioro de la institucionalidad de un país. 

El Gobierno ante la ola de asesinatos, registrados los últimos 15 días en Santa Cruz, con intervención de asesinos a sueldo, conocidos como sicarios, ha expresado su intención de aplicar la ley de fuga es decir eliminar físicamente a estos delincuentes que se resistan. Paralelamente ha desplegado un operativo con grupos de élite policial y grandes redadas en calles y avenidas de la capital cruceña.

Sin embargo, más allá de los factores que se han anotado hasta ahora, como las causas posibles para la ola delictiva, no se puede dejar de mencionar, una vez más, la responsabilidad de fiscales y jueces como elementos indispensables en el proceso de combate contra la delincuencia. Como se sabe, la acción administrativa, judicial y penal es fundamental para castigar y reprimir el delito, como una de la tareas esenciales que tiene el Estado.

Si por un lado la Policía cumple con su deber, muchas veces llena de dificultades, para apresar a los delincuentes, asesinos, sicarios y otros elementos antisociales, su labor queda truncada y frustrada si la cadena de administración de justicia falla en uno de sus eslabones y libera a peligrosos criminales, reincidentes y que no llegaron a cumplir penas por diferentes motivos. Es incomprensible que peligrosos delincuentes transiten libremente por calles, pese a que han sido capturados en operativos policiales, pero luego ser liberados por falta de adecuadas acciones fiscales o de jueces.

Hace algunos meses se había anunciado la tramitación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de una ley que sancione de manera drástica a jueces y fiscales que liberen a delincuentes avezados y de extrema peligrosidad, pero nada de esto ha ocurrido, lo que conforma también un cuadro de impunidad o cuando menos de sospecha en torno al trabajo de estos administradores de justicia que no cumplen con su deber. Lo que no puede pasar por alto, por más tiempo, es el silencio que rodea el trabajo de algunos fiscales y jueces luego de que liberan a delincuentes, acciones que se pierden, a no ser por denuncias que realizan algunos medios de comunicación social y de tímidas protestas de jefes policiales.

Se dijo también en alguna oportunidad, que era necesario realizar una investigación, una auditoría sobre la labor de fiscales y jueces para averiguar la cantidad de casos en los que han quedado liberados delincuentes, como el caso de un individuo que habría cometido más de 60 asesinatos, y que discurría su vida en libertad. Nada de esto se ha cumplido.

de ser evidente lo revelado en esta crónica de ERBOL, habría cierta luz en la investigación oficial de Chaparina. Evo y García monitorearon la masacre

Aida Camacho, abogada del Movimiento Sin Miedo y de la parte acusadora del caso Chaparina, dijo hoy que el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el exministro de Gobierno Sacha Llorenti y otras autoridades hicieron el monitoreo de la represión policial a la marcha indígena, registrada el 25 de septiembre de 2011, desde la Casa Presidencial, ubicada en la zona San Jorge de la ciudad de La Paz.

los medios conserva mas de un MIL de imágenes de la violencia

La abogada hizo estas afirmaciones en una entrevista concedida a la Red ERBOL, donde aseguró que la reunión de las autoridades de Gobierno durante la represión a la marcha indígena fue revelada en las declaraciones informativas de la exministra de Defensa, Cecilia Chacón, quien  se presentó ante la comisión de fiscales del caso Chaparina el pasado 6 de marzo.

Sin embargo, García Linera aseguró en su respuesta escrita a la Fiscalía sobre el caso Chaparina, que ni el presidente Morales, ni el entonces ministro de Gobierno, ni su autoridad, sabían de la intervención policial a la marcha indígena.

“Estamos sorprendidos por el informe del Vicepresidente, quien aduce no haber tenido conocimiento de absolutamente nada, lo lamentable es que omitió que la noche del 25 de septiembre, la misma noche de la represión y durante la represión, hubo una reunión en la Casa Presidencial, donde se encontraba el Presidente, Vicepresidente, el ministro Romero, la ministra Chacón, el viceministro Navarro, todos ellos junto a Sacha Llorenti”, dijo Camacho.

Añadió que en esa reunión,  Lorenti informaba de manera permanente al Presidente, Vicepresidente y quienes estaban en la Casa Presidencial, incluido el canciller David Choquehuanca, que efectivamente se había desarticulado la marcha, que  iban a trasladar a los indígenas a otro lugar, que no se conocía.

“Una serie de informes que Llorenti daba a los presentes en la Casa Presidencial. Ellos estaban además atentos a las conversaciones telefónicas de Llorenti que permanentemente se comunicaba (con el centro de) operaciones, que en ese momento era Chaparina, todo esto en presencia del Vicepresidente y Presidente, entre las 20.00 a 22.00 (del 25 de septiembre de 2011), así se tiene registrada en la declaración de la exministra Chacón”, afirmó.

“Amnesia del Vicepresidente”

Añadió que “lamentablemente” todo este monitoreo fue objeto de “olvido” del Vicepresidente, quien además –una vez  suscitada la represión– dijo saber quién dio la orden y ahora en su informe dirigido al Ministerio Público dice lo contrario.

“El Vicepresidente  (tiene) un problema de amnesia temporal, respeto a lo que dijo y luego refleja en el informe. Porque las declaraciones (de Chacón), más otras declaraciones que se encuentran en el cuaderno de investigaciones del caso, desmienten la carta enviada por García Linera a los fiscales que están encargados de la investigación”, sostuvo.

Analizan proceso contra García 

Indicó que ahora la dirigencia indígena se encuentra analizando la posibilidad de presentar una denuncia penal contra García Linera por falso testimonio.

La parte acusadora, los marchistas y la dirección indígena estamos tomando una decisión respeto a la posibilidad de iniciar un proceso contra Vicepresidente por falso testimonio, sin embargo, existe una decisión gubernamental de interferir en cualquier proceso que sea en contra de funcionarios de Gobierno. Entonces es necesario hacer una evaluación  si el proceso contra el Vicepresidente por falso testimonio, puede tener el curso legal que correspondiente”, apuntó.

si horas antes fue la ONU que condenó la situación de DDHH en Bolivia, ahora es el Departamento de Estado que muestra frases agrias sobre lo mismo

El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este viernes el informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2012. En el acápite referido a Bolivia, se identifica como principales problemas en derechos humanos en el país “la detención arbitraria, la negación de un juicio justo y la violencia contra las mujeres”.

El informe, que se encuentra colgado en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, hace una recopilación de diferentes sucesos acaecidos en el país y que, demostrarían, “la aplicación inconsistente de las leyes y un sistema judicial disfuncional”.

Embajada de EEUU protegida por un guardia nacional. LP

“Los problemas más graves de derechos humanos incluyen la detención o prisión arbitrarias, la negación de un juicio público justo y oportuno, y la violencia contra las mujeres. Otros problemas de derechos humanos incluyen duras condiciones carcelarias, las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, la corrupción oficial en el poder judicial y en otros lugares, la falta de transparencia en el Gobierno, la trata de personas y la justicia vigilante”, señala la parte inicial del informe.

En materia de justicia, el informe relata el caso de Jacob Ostreicher, el empresario que fue denunciado por lavado de dinero y cuyo caso destapó la denominada red de extorsión que operaba al interior del Órgano Ejecutivo, a la cabeza de Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno.

También cita casos de jueces como la de Miriam Flores, quien fuera detenida por otorgar un permiso sin custodia policial para Pablo Cossío, hermano del ex gobernador de Tarija, Mario Cossío, quien se encontraba en la cárcel de Morros Blancos cumpliendo una condena por enriquecimiento ilícito.

Asimismo menciona la detención de la juez Iris Justiniano, la que otorgó libertad bajo fianza al asambleísta departamental de Santa Cruz, Lucio Vedia (MAS), quien fuera sorprendido conduciendo en estado de ebriedad una camioneta incautada al narcotráfico.

“La ley establece un poder judicial independiente, pero el poder judicial fue ampliamente considerado corrupto, sobrecarga de trabajo, y debilitado por las vacantes en sus niveles más altos”, señala el Departamento de Estado en su informe de 28 páginas que está dedicado a Bolivia.

Sobre violencia y acoso, además de citar casos en los que el Gobierno arremetió contra la prensa nacional, reporta sobre las muertes de algunas mujeres en función pública, como las concejalas del municipio paceño de Ancoraimes, Juana Quispe, y de Guayaramerín - Beni, Daguimar Rivera.

“Las mujeres tienen derecho a los mismos derechos legales que los hombres, pero en general no gozan de un estatus social igual a la de los hombres”, señala el informe, esta vez, sobre las condiciones sociales de las mujeres en el país.

Otro punto del informe habla del hacinamiento existente en las cárceles del país y que se suman a otros tratos “crueles” que el Estado ejercería contra la población, por ejemplo, el caso de Leonor Boyán, quien denunciara haber sido agredida por la Policía por, supuestamente, ser la responsable de haberle lanzado una piedra al viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, en las protestas que realizó el sector de salud el año pasado, en contra de las ocho horas laborales.

Este informe del Departamento de Estado se encuentra dividido en siete secciones: 1) El respeto a la integridad de la persona. 2) Respeto por las Libertades Civiles. 3) Respeto a los derechos políticos. 4) La corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno. 5) Actitud del Gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntas violaciones de los derechos humanos. 6) Discriminación, abusos sociales y trata de personas. 7) Derechos de los trabajadores.

Ley del Talión. si ojo por ojo, diente por diente del viejo Testamento rigió la vida cientos, si acaso no miles de años atrás, hoy la convivencia exige firmeza sí, pero no ejecuciones para combatir el crimen. Harold Olmos

La licencia para matar sicarios otorgada por el Ministro de Gobierno equivale a una capitulación ante el crimen, organizado o desorganizado, que sacude a Santa Cruz. El Ministro Romero, generalmente mejor articulado y más sereno que otras autoridades, dijo este miércoles, horrorizado por el asesinato de una persona en el centro de Santa Cruz, a pocos metros del Parque Urbano, que la policía estaba autorizada a disparar contra los sicarios que sorprendidos in fraganti o que resistan obedecer las órdenes policiales.
La muerte del ciudadano Honorio Rodríguez fue registrada por una cámara de seguridad y con su divulgación por las redes de TV todo el país fue enfrentado a una realidad que parecía pertenecer a Tijuana, en México, o a Medellín, en la Colombia en la década de 1980. Santa Cruz estaría rumbo a una “tijuanización”.
Sin vueltas, el ministro Romero ordenó aplicar la Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente): como los asesinos tienen sangre fría para matar “yo quiero que se les aplique la ley de fuga”.
Con esa orden, capaz de generar ejecuciones tan nauseantes como las que hemos presenciado por TV en los últimos días, el Ministro reconoce la impotencia de los servicios de seguridad de brindar una protección adecuada a la ciudadanía ante la oleada criminal que sufre Santa Cruz.
No fue el “ojo por ojo” la norma que devolvió los niveles normales de seguridad a Medellín. Fue la preparación adecuada de sus policías y la reorganización drástica de los sistemas de seguridad pública.
Algunas “favelas” en Río de Janeiro fueron pacificadas con la instalación de la “policía comunitaria” en las que ciudadanos y policías trabajan mano a mano para combatir la delincuencia. La norma draconiana anunciada por el Ministro Romero acaba de abrir un nuevo debate sobre la inseguridad pública que crece en Santa Cruz.

Marcelo Soza y su abogado en Sucre para responder a la inculpación de la Fiscalía General por incumplimiento de deberes y acciones administrativas. hoy protesta por la masacre del Hotel Las Américas al cumplirse 4 años.

C. Peña Y Lillo / Correo Del Sur - El Deber

El fiscal Marcelo Soza declaró ayer en Sucre, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes. La autoridad judicial, que presentó su renuncia al cargo el mes pasado y dejó de asistir a las audiencias del juicio por presunto terrorismo, supuestamente se alejó de sus funciones para realizarse un tratamiento médico.

Este es el tercer proceso que hay en contra de la autoridad judicial, ya que en La Paz existe una causa penal abierta por la denuncia de la senadora Carmen Eva Gonzales, legisladora que presentó audios en los que supuestamente la voz de Soza revela malos manejos en el caso de presunto terrorismo. El otro caso en el que está involucrada la autoridad es una acción administrativa que internamente la Fiscalía indaga.

Pese a que el abogado de Soza, Moisés Ponce de León, negó que su cliente se hubiera presentado en la capital del país para prestar alguna declaración informativa, el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Enrique Montaño, dijo que su colega dio su testimonio informativo por algo más de una hora y luego se retiró. 

Según Montaño, Soza argumentó que no se presentó a continuar con el juicio, en el cual se acusa a 39 personas de terrorismo, debido a complicaciones en su salud por una enfermedad que padece, aunque no se precisó a qué tipo de afección se refiere.

Soza sumó a su declaración documentos en los que se confirma su mal estado de salud. El fiscal Montaño analizará los informes y definirá si continúa con el proceso o ordena el sobreseimiento de la causa.

Las reacciones

La presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, María Elva Pinckert, dijo que el inicio del proceso contra Soza es uno más de los mecanismos que persigue el Gobierno para tapar la verdad del caso de presunto terrorismo. “Ahora que se acercan las elecciones, buscan cualquier tipo de excusas para hacer que el caso se cierre”, apuntó la diputada.

De igual forma aseveró que hay muchas peleas internas dentro del partido de Gobierno y que temen que los detenidos empiecen a decir la verdad. 

Guerrero que acusa a Soza por incumplimiento

Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, uno de los acusados en el caso de presunto terrorismo, considera que los procesos contra Soza son parte de una estrategia del Ministerio de Gobierno para amedrentarlo y hacer que termine por escapar del país. 

“Él (Marcelo Soza) sabe mucho. Por eso quieren que se calle y no diga nada”,  apuntó el jurista, que no descartó que el principal acusador en contra de su cliente pueda terminar encarcelado 

    Otros detalles    

1  Hoy, a partir de las 10:00, en la plaza 24 de Septiembre, se realizará un acto en el que se recordará el cuarto año del operativo realizado en el hotel Las Américas, donde se mató a Eduardo Rózsa, Magyarosi Árpád y Michael Dwyer, además de detener a Mario Tadic y Elöd Tóásó, procesados por el presunto terrorismo.

2  Hoy la Comisión de Ética del Senado llevará adelante una sesión para evaluar si investiga o no a la senadora Carmen Eva González (CN), por la presunta extorsión a un exfuncionario de la Asamblea Legislativa. El caso se conoció luego de que el fiscal Marcelo Soza presentara un video en el que supuestamente la legisladora recibe dinero de un funcionario del Senado.

Gobierno y fiscalía descalifican fallo

 La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, coincidieron en calificar el fallo del Tribunal Constitucional como extemporáneo y aseverar que el juicio por presunto terrorismo no sufrirá ninguna modificación.

“No es cierto que la sentencia haya dispuesto declinatoria de competencia alguna, sino que la autoridades jurisdiccionales verifiquen el estado actual de salud del imputado Gary Prado, para, en función a ello, determinar el traslado de obrados a otra ciudad que esté a nivel del mar”, complementó Guerrero.

Para el abogado de Prado, Otto Ritter, lo único que debe hacer el juzgado es aplicar el fallo constitucional y adelantó que si no ocurre esto, se denunciará a escala internacional.