El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este viernes el informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2012. En el acápite referido a Bolivia, se identifica como principales problemas en derechos humanos en el país “la detención arbitraria, la negación de un juicio justo y la violencia contra las mujeres”.
El informe, que se encuentra colgado en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, hace una recopilación de diferentes sucesos acaecidos en el país y que, demostrarían, “la aplicación inconsistente de las leyes y un sistema judicial disfuncional”.
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| Embajada de EEUU protegida por un guardia nacional. LP |
“Los problemas más graves de derechos humanos incluyen la detención o prisión arbitrarias, la negación de un juicio público justo y oportuno, y la violencia contra las mujeres. Otros problemas de derechos humanos incluyen duras condiciones carcelarias, las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, la corrupción oficial en el poder judicial y en otros lugares, la falta de transparencia en el Gobierno, la trata de personas y la justicia vigilante”, señala la parte inicial del informe.
En materia de justicia, el informe relata el caso de Jacob Ostreicher, el empresario que fue denunciado por lavado de dinero y cuyo caso destapó la denominada red de extorsión que operaba al interior del Órgano Ejecutivo, a la cabeza de Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno.
También cita casos de jueces como la de Miriam Flores, quien fuera detenida por otorgar un permiso sin custodia policial para Pablo Cossío, hermano del ex gobernador de Tarija, Mario Cossío, quien se encontraba en la cárcel de Morros Blancos cumpliendo una condena por enriquecimiento ilícito.
Asimismo menciona la detención de la juez Iris Justiniano, la que otorgó libertad bajo fianza al asambleísta departamental de Santa Cruz, Lucio Vedia (MAS), quien fuera sorprendido conduciendo en estado de ebriedad una camioneta incautada al narcotráfico.
“La ley establece un poder judicial independiente, pero el poder judicial fue ampliamente considerado corrupto, sobrecarga de trabajo, y debilitado por las vacantes en sus niveles más altos”, señala el Departamento de Estado en su informe de 28 páginas que está dedicado a Bolivia.
Sobre violencia y acoso, además de citar casos en los que el Gobierno arremetió contra la prensa nacional, reporta sobre las muertes de algunas mujeres en función pública, como las concejalas del municipio paceño de Ancoraimes, Juana Quispe, y de Guayaramerín - Beni, Daguimar Rivera.
“Las mujeres tienen derecho a los mismos derechos legales que los hombres, pero en general no gozan de un estatus social igual a la de los hombres”, señala el informe, esta vez, sobre las condiciones sociales de las mujeres en el país.
Otro punto del informe habla del hacinamiento existente en las cárceles del país y que se suman a otros tratos “crueles” que el Estado ejercería contra la población, por ejemplo, el caso de Leonor Boyán, quien denunciara haber sido agredida por la Policía por, supuestamente, ser la responsable de haberle lanzado una piedra al viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, en las protestas que realizó el sector de salud el año pasado, en contra de las ocho horas laborales.
Este informe del Departamento de Estado se encuentra dividido en siete secciones: 1) El respeto a la integridad de la persona. 2) Respeto por las Libertades Civiles. 3) Respeto a los derechos políticos. 4) La corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno. 5) Actitud del Gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntas violaciones de los derechos humanos. 6) Discriminación, abusos sociales y trata de personas. 7) Derechos de los trabajadores.
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