Marcelo Soza y su abogado en Sucre para responder a la inculpación de la Fiscalía General por incumplimiento de deberes y acciones administrativas. hoy protesta por la masacre del Hotel Las Américas al cumplirse 4 años.

C. Peña Y Lillo / Correo Del Sur - El Deber

El fiscal Marcelo Soza declaró ayer en Sucre, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes. La autoridad judicial, que presentó su renuncia al cargo el mes pasado y dejó de asistir a las audiencias del juicio por presunto terrorismo, supuestamente se alejó de sus funciones para realizarse un tratamiento médico.

Este es el tercer proceso que hay en contra de la autoridad judicial, ya que en La Paz existe una causa penal abierta por la denuncia de la senadora Carmen Eva Gonzales, legisladora que presentó audios en los que supuestamente la voz de Soza revela malos manejos en el caso de presunto terrorismo. El otro caso en el que está involucrada la autoridad es una acción administrativa que internamente la Fiscalía indaga.

Pese a que el abogado de Soza, Moisés Ponce de León, negó que su cliente se hubiera presentado en la capital del país para prestar alguna declaración informativa, el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Enrique Montaño, dijo que su colega dio su testimonio informativo por algo más de una hora y luego se retiró. 

Según Montaño, Soza argumentó que no se presentó a continuar con el juicio, en el cual se acusa a 39 personas de terrorismo, debido a complicaciones en su salud por una enfermedad que padece, aunque no se precisó a qué tipo de afección se refiere.

Soza sumó a su declaración documentos en los que se confirma su mal estado de salud. El fiscal Montaño analizará los informes y definirá si continúa con el proceso o ordena el sobreseimiento de la causa.

Las reacciones

La presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, María Elva Pinckert, dijo que el inicio del proceso contra Soza es uno más de los mecanismos que persigue el Gobierno para tapar la verdad del caso de presunto terrorismo. “Ahora que se acercan las elecciones, buscan cualquier tipo de excusas para hacer que el caso se cierre”, apuntó la diputada.

De igual forma aseveró que hay muchas peleas internas dentro del partido de Gobierno y que temen que los detenidos empiecen a decir la verdad. 

Guerrero que acusa a Soza por incumplimiento

Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, uno de los acusados en el caso de presunto terrorismo, considera que los procesos contra Soza son parte de una estrategia del Ministerio de Gobierno para amedrentarlo y hacer que termine por escapar del país. 

“Él (Marcelo Soza) sabe mucho. Por eso quieren que se calle y no diga nada”,  apuntó el jurista, que no descartó que el principal acusador en contra de su cliente pueda terminar encarcelado 

    Otros detalles    

1  Hoy, a partir de las 10:00, en la plaza 24 de Septiembre, se realizará un acto en el que se recordará el cuarto año del operativo realizado en el hotel Las Américas, donde se mató a Eduardo Rózsa, Magyarosi Árpád y Michael Dwyer, además de detener a Mario Tadic y Elöd Tóásó, procesados por el presunto terrorismo.

2  Hoy la Comisión de Ética del Senado llevará adelante una sesión para evaluar si investiga o no a la senadora Carmen Eva González (CN), por la presunta extorsión a un exfuncionario de la Asamblea Legislativa. El caso se conoció luego de que el fiscal Marcelo Soza presentara un video en el que supuestamente la legisladora recibe dinero de un funcionario del Senado.

Gobierno y fiscalía descalifican fallo

 La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, coincidieron en calificar el fallo del Tribunal Constitucional como extemporáneo y aseverar que el juicio por presunto terrorismo no sufrirá ninguna modificación.

“No es cierto que la sentencia haya dispuesto declinatoria de competencia alguna, sino que la autoridades jurisdiccionales verifiquen el estado actual de salud del imputado Gary Prado, para, en función a ello, determinar el traslado de obrados a otra ciudad que esté a nivel del mar”, complementó Guerrero.

Para el abogado de Prado, Otto Ritter, lo único que debe hacer el juzgado es aplicar el fallo constitucional y adelantó que si no ocurre esto, se denunciará a escala internacional.