La licencia para matar sicarios otorgada por el Ministro de Gobierno equivale a una capitulación ante el crimen, organizado o desorganizado, que sacude a Santa Cruz. El Ministro Romero, generalmente mejor articulado y más sereno que otras autoridades, dijo este miércoles, horrorizado por el asesinato de una persona en el centro de Santa Cruz, a pocos metros del Parque Urbano, que la policía estaba autorizada a disparar contra los sicarios que sorprendidos in fraganti o que resistan obedecer las órdenes policiales.
La muerte del ciudadano Honorio Rodríguez fue registrada por una cámara de seguridad y con su divulgación por las redes de TV todo el país fue enfrentado a una realidad que parecía pertenecer a Tijuana, en México, o a Medellín, en la Colombia en la década de 1980. Santa Cruz estaría rumbo a una “tijuanización”.
Sin vueltas, el ministro Romero ordenó aplicar la Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente): como los asesinos tienen sangre fría para matar “yo quiero que se les aplique la ley de fuga”.
Con esa orden, capaz de generar ejecuciones tan nauseantes como las que hemos presenciado por TV en los últimos días, el Ministro reconoce la impotencia de los servicios de seguridad de brindar una protección adecuada a la ciudadanía ante la oleada criminal que sufre Santa Cruz.
No fue el “ojo por ojo” la norma que devolvió los niveles normales de seguridad a Medellín. Fue la preparación adecuada de sus policías y la reorganización drástica de los sistemas de seguridad pública.
Algunas “favelas” en Río de Janeiro fueron pacificadas con la instalación de la “policía comunitaria” en las que ciudadanos y policías trabajan mano a mano para combatir la delincuencia. La norma draconiana anunciada por el Ministro Romero acaba de abrir un nuevo debate sobre la inseguridad pública que crece en Santa Cruz.
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