En su afán de forzar los resultados hasta llegar a los dos tercios, los operadores del MAS están poniendo en riesgo la legitimidad del próximo Gobierno
Probablemente “indignación” es el adjetivo que puede expresar mejor el estado de ánimo de la ciudadanía frente a la bochornosa actuación del Órgano Electoral, en sus niveles nacional y departamentales. Sea por instrucciones político-sectarias o por incapacidad profesional, sus autoridades se han aplazado en la conducción del proceso electoral último.
De nada han valido los reclamos por mayor transparencia y seriedad ni las advertencias sobre que estaban poniendo en riesgo no sólo su idoneidad profesional, sino que aportaban a la desinstitucionalización de un órgano básico para el sostenimiento de la democracia.
Tampoco valió recordar que la existencia de un órgano electoral plural e independiente fue una difícil conquista de la ciudadanía frente a su tradicional copamiento por los partidos circunstancialmente mayoritarios, y la resistencia que se puso cuando se intentó volver a partidizarlo, resistencia que tuvo éxito hasta 2009, cuando el MAS redujo a esta instancia vital del aparato estatal a ser un apéndice del Órgano Ejecutivo y, más duro aún, del partido oficialista.
Hay que insistir en que pese a esa advertencias, los vocales mantuvieron el rumbo que los ha llevado al fracaso, y son tan burdas las maniobras denunciadas que fácil es recordar las elecciones de 1978 en las que el fraude fue tan grosero que se las tuvo que anular y las de 1989, cuando la denominada “banda de los cuatro”, mediante el manejo inescrupuloso del voto ciudadano posibilitó que quien obtuvo un lejano tercer lugar resulte elegido Presidente de la República. Fueron esos hechos los que motivaron a pelear por un órgano electoral independiente.
En esta línea de análisis, resulta incomprensible que los operadores del MAS, pese a estar seguros de su amplia mayoría electoral, presionen en forma tan burda para alcanzar los dos tercios de la votación y, sobre todo, de la Asamblea Legislativa. Pareciera que hay una obsesión tan fuerte que incluso están poniendo en duda la legitimidad y legalidad de esta su victoria y que, además, pone en la mesa del debate su propio origen ilegal e inconstitucional.
En estas horas los vocales electorales departamentales están terminando su trabajo. El desquite que están dando frente a las denuncias documentadas de irregularidades debería servir para que, comprobándolas, se corrijan los errores (presumiendo que son tales) y que los resultados que finalmente sancionen sean los que corresponden al voto ciudadano libre y no a los laboratorios donde se ha procesado el fraude.
Para ello, bien harían en escuchar la exhortación de los obispos de la Iglesia Católica que afirman que “al igual que muchos ciudadanos en las últimas horas, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por la demora y denuncias de irregularidades graves en el conteo oficial de los votos por parte del TSE, estos hechos ponen en evidencia la falta de idoneidad de esta instancia e inevitablemente despiertan dudas y susceptibilidades sobre el proceso. Es fundamental que sus responsables extremen esfuerzos para concluir su tarea de manera transparente y en el plazo más breve posible”.
Nos sumamos, pues, a esa demanda.
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