Ahora, más que nunca, los cruceños y el pueblo boliviano en general, necesitamos encontrar la verdad respecto del caso Rózsa. Las muertes de tres mercenarios en el hotel Las Américas dieron un vuelco total a la visión que se tenía de Santa Cruz de la Sierra, y fue el motivo central para que se desatara una ola de persecuciones y juicios que pusieron en vilo a nuestra sociedad, que no podía comprender –ni lo entiende hasta ahora– si es cierto que personalidades tan conocidas y apreciadas en nuestro medio, hubieran estado en afanes de terrorismo y separatismo.
Es imperioso encontrar la verdad porque Santa Cruz tiene todo el derecho de enterarse de qué participación cruceña hubo en esta conspiración y quiénes fueron los que presuntamente, de forma inconcebible, deseaban desmembrar la República mediante métodos violentos solo comparables con acciones terroristas similares a las que nos acongojan diariamente, vistas únicamente en algunas regiones del mundo con las que jamás quisiéramos compararnos.
Si las investigaciones en curso, tan complejas, atrabiliarias y enredadas, indican que las acusaciones que investiga el fiscal Marcelo Soza son falsas, resultado de un burdo y deleznable montaje, como señalan desde hace mucho algunos indicios nada descartables, nuestra ciudad, nuestro departamento y el país entero tienen todo el derecho de exigir una explicación de por qué se atribuyó a los cruceños esos afanes desestabilizadores, antipatrióticos y criminales. No es posible que a casi cuatro años de ocurridas las ejecuciones en el hotel Las Américas, el juicio siga dilatándose y que, mientras tanto, haya personas con su honorabilidad cuestionada, sin posibilidades de tener algún empleo que les genere ingresos, y por tanto con sus hogares descuidados si no destruidos. Esto es algo inaceptable en una comunidad civilizada como creemos tener, y resulta una muestra más de una justicia que aparenta estar sometida al poder político.
Las declaraciones grabadas que se atribuyen al fiscal Marcelo Soza, que salieron a la luz en los últimos días, indican que el caso Rózsa está lejos de ser solucionado, y que, mucho peor, comprometerían a parte de la actual alta jerarquía gubernamental, lo que sería muy grave. Este es un asunto que el Ministerio Público debe determinar lo antes posible, sin subterfugios, porque de eso depende el esclarecimiento de los sangrientos hechos acaecidos en nuestra ciudad y de sus nefastas consecuencias
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