Después de años de gestación llegó el parto de los montes. Ha nacido con honores, pero prematura, la nueva escuela antiimperialista de las Fuerzas Armadas. De ahí saldrán diplomados de enemigos del imperio nuestros golpistas frustrados y alguno de los políticos de los próximos años. Como tantos títulos nacionales, prometen ser diplomas vacíos.
El antiimperialismo no es una estrategia militar ni una técnica administrativa de una élite gobernante. Es una manera de ser de todo un pueblo. Una manera de concebir la libertad. Es rebeldía generalizada. Es insumisión compartida. Es el coraje ingobernable del pueblo que no puede ser propiedad de ningún otro pueblo. Como la solidaridad, como la honradez, se lleva dentro o no se lleva. Como los valores éticos, el antiimperialismo no se aprende. O la vida te los ha contagiado, o no los tienes. El antiimperialismo no lo dan ni lecciones ni discursos. La capacidad y la decisión de un pueblo de conducirse por sí mismo no se enseñan. Es consecuencia de haber desarrollado la inteligencia, la personalidad y el orgullo de todo el pueblo.
Si en todas las escuelas del país enseñamos a nuestros niños a repetir como loros, estamos haciendo un país de sumisos. Si en nuestras escuelas no enseñamos a pensar, a discutir, si enseñamos a callar ante el absurdo, estamos formando un país de esclavos. Si nuestros pequeños y nuestros jóvenes no aprenden a investigar y a ser críticos, continuaremos aceptando callados las órdenes de cualquier impostor de dentro o de fuera. Un pueblo que no domina la ciencia ni la naturaleza, que no sabe producir ni administrar, que no es capaz de plantear sus sueños ni contar sus dolores, es un pueblo preparado únicamente para servir y obedecer.
Por eso, la escuela que acaban de inventarse no sirve para nada. No cambiará nada. No va por ahí el futuro de nuestra gente ni el de nuestra patria. Es otro elefante imaginario. O cambian nuestras escuelas, rediseñan nuestros colegios y transforman nuestras universidades, o seguiremos siendo de por vida carne de cañón para los más estúpidos imperialismos, porque seremos siempre dependientes.
Gastan lo que tenemos en mantener, armar y mimar a un ejército incapaz de defendernos de nadie. Los recursos que quedan alcanzan apenas para escuelas que dan lástima, que castran y humillan. En lugar de comprender el problema, en lugar de atacarlo, se sacan de la manga una escuelita antiimperialista para los que ya están duros para cambiar. Tranquilizan su conciencia y no avanzamos
conversaciones, tertulias, confidencias trascendentes del pasado, de la actualidad y del futuro
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jueves, 25 de agosto de 2016
Alvaro Puente siendo de izquierda es sincero y escribe su pensamiento rechazando la Escuelita antiimperialista para los que están ya duros para cambiar. tranquilizan su conciencia, termina mostrando que con esta creación de Evo no avanzamos porque lo del antiimperialismo tiene que ser una actitud colectiva y se con valores como la solidaridad, la honradez, valores éticos. su texto es noble y pedagógico
viernes, 19 de agosto de 2016
después de LT, ahora El Deber se ocupa de cooperativas que no son tales. en Perú y Colombia las llamas empresas "ilegales" porque como en Bolivia están fuera de las normas. "hacen lo que les viene en gana" no pagan impuestos y en materia social no tienen control, en materia de seguridad física se aplazan. solo reparten el dinero de la venta de minerales al Estado. buscar soluciones de fondo, no simples paliativos.
Una muy fuerte tensión tuvo que vivir el país a raíz de las discrepancias entre el Gobierno nacional y las cooperativas mineras del occidente, lo que tendría que invitar a una meditación menos nerviosa, pero sobre todo más profunda. Una de las preguntas que han surgido en los días de tensión es si las cooperativas mencionadas deben o no pagar los impuestos de ley, pues salió a luz que pagan solamente el 1% de sus utilidades, mientras que las empresas privadas, e incluso las estatales, pagan el 7%.
A propósito de ello, se recordó que esas empresas gozan de algunas ventajas adicionales, como el derecho que tienen a explotar algunos parajes mineros que figuran en el patrimonio de la empresa estatal, Comibol. Esas transferencias son hechas sin cargo alguno.
Otra ventaja que tienen consiste en que han recibido equipos y maquinaria de la estatal por unos montos que luego fueron condonados, así como algunas deudas en efectivo. En el análisis no debería interferir la consideración de si las cooperativas mineras del occidente tienen o no una ligazón política con el Gobierno nacional, como se ha mencionado en los días del conflicto.
Acerca de los impuestos, considerando lo que dice la ley de cooperativas, habrá que fijar las condiciones de operación tomando en cuenta que, en este caso, se trata de la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado boliviano, lo que las diferencia de otras cooperativas que operan en el país. Y todo esto podría llevar a revisar la situación de empresas que, con el nombre de cooperativas auríferas, operan en el territorio nacional.
Este tipo de operaciones reciben, en Perú y Colombia, la denominación de ‘minería ilegal’, por el hecho de que no pagan impuestos ni cuidan el medioambiente, llegando a arrojar mercurio a los ríos, lo que causa un daño irreparable.
Para este caso convendría tomar contacto con autoridades de esos dos países que prohíben esas explotaciones, a tal grado que lo que ellas producen no puede ser comercializado dentro de sus territorios ni exportado.
Una buena oportunidad se presenta para el país a raíz de este conflicto provocado por exigencias de las cooperativas mineras del occidente. El caso puede provocar una revisión global de este tipo de empresas y de sus operaciones en el territorio nacional
A propósito de ello, se recordó que esas empresas gozan de algunas ventajas adicionales, como el derecho que tienen a explotar algunos parajes mineros que figuran en el patrimonio de la empresa estatal, Comibol. Esas transferencias son hechas sin cargo alguno.
Otra ventaja que tienen consiste en que han recibido equipos y maquinaria de la estatal por unos montos que luego fueron condonados, así como algunas deudas en efectivo. En el análisis no debería interferir la consideración de si las cooperativas mineras del occidente tienen o no una ligazón política con el Gobierno nacional, como se ha mencionado en los días del conflicto.
Acerca de los impuestos, considerando lo que dice la ley de cooperativas, habrá que fijar las condiciones de operación tomando en cuenta que, en este caso, se trata de la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado boliviano, lo que las diferencia de otras cooperativas que operan en el país. Y todo esto podría llevar a revisar la situación de empresas que, con el nombre de cooperativas auríferas, operan en el territorio nacional.
Este tipo de operaciones reciben, en Perú y Colombia, la denominación de ‘minería ilegal’, por el hecho de que no pagan impuestos ni cuidan el medioambiente, llegando a arrojar mercurio a los ríos, lo que causa un daño irreparable.
Para este caso convendría tomar contacto con autoridades de esos dos países que prohíben esas explotaciones, a tal grado que lo que ellas producen no puede ser comercializado dentro de sus territorios ni exportado.
Una buena oportunidad se presenta para el país a raíz de este conflicto provocado por exigencias de las cooperativas mineras del occidente. El caso puede provocar una revisión global de este tipo de empresas y de sus operaciones en el territorio nacional
sábado, 13 de agosto de 2016
Previus. el Gobierno del MAS ha cometido un pecado mortal al pactar con las llamadas "cooperativas mineras" que de tales solo tienen el nombre. son grupos de explotación a jóvenes contratistas que ganan según producen. para ellos no hay Ley, ni seguridad física y menos social. cuánta diferencia de la forma de trabajo en COMIBOL. Los Tiempos no lo dice por decoro, lo cierto es que no cabe diálogo con los ilegales, no tuvieron miedo de causar heridas a más de un centenar de policías, que el Gobierno los entregó como "corderos de sacrificio a los desaforados" sólo cabe exigir el respeto a la Ley y ahora también el resarcimiento por cada uniformado herido.
Diversos estudios muestran que en el país prima la opción preferencial por el conflicto. Se trata de una larga tradición, legitimada por el apoyo que particularmente desde los sectores académicos y políticos (mientras no se ejerce el poder) se ha dado a la toma de las calles para la protesta, de manera que el conflicto fue convertido en un mito que incluso contendría ribetes de madurez democrática.
En esos análisis no se toma en cuenta, obviamente, cómo esta opción de lucha gremial, sindical o política afecta los derechos de la mayoría ciudadana a la que, además, le exigen su adhesión. No hay paro, bloqueo o toma de calles sin que los organizadores pidan a la población disculpas por las molestias que provocan, para de inmediato pedirle que “comprenda que su lucha (de objetivo claramente sectorial) también la beneficiará”.
Así, desmitificando el conflicto se puede observar que, por lo general, se trata de manifestaciones de poder antiestatales desde específicos sectores que se sienten representantes del interés nacional. Esta visión, además, es adobada con manidos conceptos ideológicos sobre el ejercicio del poder.
En el frente, los eventuales inquilinos del Gobierno perciben que esa visión, que fue parte de sus postulados en el llano, atenta contra la buena gobernanza y se dan cuenta de que el recurrente conflicto socava sus propios cimientos.
Esta situación se observa en el conflicto entre el Gobierno y los cooperativistas mineros y un clímax demostrativo es el momento en que Policía y cooperativistas “intercambian prisioneros”. Asimismo, esta pérdida de horizontes ideológicos se constata también en el campo simbólico, cuando una de las demandas del sector es prohibir la organización de sindicatos en las cooperativas mineras, en las que, como se ha comprobado, se sobreexplota la mano de obra, con la misma intensidad con la que se incumplen elementales obligaciones sociales y ambientales.
Obviamente, el Gobierno debe realizar los mayores esfuerzos para recuperar la paz social y normalizar la vida cotidiana en el país dentro del marco constitucional y legal vigente. De lo contrario se afecta la capacidad de gobernanza, extremo que se debe evitar utilizando todos los instrumentos que la ley otorga para ese fin.
Un mecanismo clave para ello es privilegiar el diálogo y el cumplimiento de las normas vigentes, condiciones que, lamentablemente, no están dadas porque son 10 años en los que se privilegió otros instrumentos de negociación como la de dividir a los sectores, cooptar dirigentes, distribuir prebendas, ejercer directa represión, bajo una concepción hegemonista del poder.
Hoy, en otras circunstancias, pareciera que ha llegado el momento de que el Gobierno revise esa forma de actuar e incorpore en su práctica del diálogo transparente con los sectores, lo que será posible si comprende que hay muchos factores que han provocado su pérdida de hegemonía cuanti y cualitativa.
Si así lo hace, será posible restablecer la paz social. Si mantiene la decisión de seguir utilizando otros mecanismos, la sucesión de conflictos que no sólo que afectará a la población en su rutina cotidiana, sino también a las propias autoridades.
En esos análisis no se toma en cuenta, obviamente, cómo esta opción de lucha gremial, sindical o política afecta los derechos de la mayoría ciudadana a la que, además, le exigen su adhesión. No hay paro, bloqueo o toma de calles sin que los organizadores pidan a la población disculpas por las molestias que provocan, para de inmediato pedirle que “comprenda que su lucha (de objetivo claramente sectorial) también la beneficiará”.
Así, desmitificando el conflicto se puede observar que, por lo general, se trata de manifestaciones de poder antiestatales desde específicos sectores que se sienten representantes del interés nacional. Esta visión, además, es adobada con manidos conceptos ideológicos sobre el ejercicio del poder.
En el frente, los eventuales inquilinos del Gobierno perciben que esa visión, que fue parte de sus postulados en el llano, atenta contra la buena gobernanza y se dan cuenta de que el recurrente conflicto socava sus propios cimientos.
Esta situación se observa en el conflicto entre el Gobierno y los cooperativistas mineros y un clímax demostrativo es el momento en que Policía y cooperativistas “intercambian prisioneros”. Asimismo, esta pérdida de horizontes ideológicos se constata también en el campo simbólico, cuando una de las demandas del sector es prohibir la organización de sindicatos en las cooperativas mineras, en las que, como se ha comprobado, se sobreexplota la mano de obra, con la misma intensidad con la que se incumplen elementales obligaciones sociales y ambientales.
Obviamente, el Gobierno debe realizar los mayores esfuerzos para recuperar la paz social y normalizar la vida cotidiana en el país dentro del marco constitucional y legal vigente. De lo contrario se afecta la capacidad de gobernanza, extremo que se debe evitar utilizando todos los instrumentos que la ley otorga para ese fin.
Un mecanismo clave para ello es privilegiar el diálogo y el cumplimiento de las normas vigentes, condiciones que, lamentablemente, no están dadas porque son 10 años en los que se privilegió otros instrumentos de negociación como la de dividir a los sectores, cooptar dirigentes, distribuir prebendas, ejercer directa represión, bajo una concepción hegemonista del poder.
Hoy, en otras circunstancias, pareciera que ha llegado el momento de que el Gobierno revise esa forma de actuar e incorpore en su práctica del diálogo transparente con los sectores, lo que será posible si comprende que hay muchos factores que han provocado su pérdida de hegemonía cuanti y cualitativa.
Si así lo hace, será posible restablecer la paz social. Si mantiene la decisión de seguir utilizando otros mecanismos, la sucesión de conflictos que no sólo que afectará a la población en su rutina cotidiana, sino también a las propias autoridades.
miércoles, 10 de agosto de 2016
vuelve a nombrar los casos de corrupción que no son todos, porque siempre hay novedades. las incongruencias, las contradicciones son tales que provocan aberración, lo sucedido el 6 de agosto con el colosal incendio en Cochabamba sin auxilio alguno porque "estaban jugando los soldaditos de plomo a cientos de kilómetros" el pueblo comprueba la iniquidad y el despilfarro.
MAS ABERRACIONES
Parece que todo se resume a la insensatez. Y a la incompetencia. Si a esto le añadimos la absoluta convicción que Gobierno y Estado son sinónimos, y peor aún cuando creen que ese Estado les pertenece -como a un cocalero su "cato"- tenemos como resultado condiciones ideales para la formación de la tormenta perfecta que vemos venir.
La Nación de Buenos Aires, publica en la fecha la adquisición de 24 aviones T6-C por 300 millones de dólares para enfrentar al narcotráfico sobre todo, en la más porosa de sus fronteras que es, obvio, el norte. O sea que nuestro límite con la Argentina es considerado "poroso" lo que en buen romance significa, frontera perforada, filtrable, de regalado acceso. Y claro, no es para menos. Las avionetas que constantemente dejan caer envoltorios de cocaína en territorios a un par de kilómetros de la frontera, se les ha vuelto inocultable ahora que por fin han abierto los ojos, después de los últimos ocho años de la administración kirchnerista que estuvo muy ocupada saqueando su propio país.
Nosotros somos mucho más prácticos y tecnológicamente avanzados . Esa misma cantidad de dinero, se invirtió en la compra de un satélite, cuyo destino -por ende su utilidad-, es un secreto impenetrable. Pero a estas alturas, el tema del lacrimógeno satélite, es una menudencia. Seguro alguien se está dando el trabajo de desglosar el platanal que se ha gastado en proyectos improductivos, inoperantes y desahuciados. La falta de planificación con que confronta García Linera a los Gobernadores que están embalados reclamando el escamoteado Pacto Fiscal, es con la misma energía con que el país ha interpelado el 21F por la apropiación indecente de instituciones, la sombreada y discrecional asignación de recursos públicos, encarados más mediática y electoralmente, que de genuino interés de servir y hacer las cosas bien.
A casi once años de esta administración, las idas y venidas con proyectos -ni asoma una realización- tales como el Mutún -a cuyos supuestos realizadores de resonantes contratos que terminan en simple cobro de boletas de garantía-, el gobierno tiene la extraña habilidad de olvidar por completo, la contraparte y soporte estatal necesario para avanzar. Misicuni, el verdadero karma cochabambino, es soslayado en la toma de medidas con verdadera voluntad política. Con una frivolidad sádica, pretenden consolar al otrora granero de Bolivia, con la promesa de un estadio monumental para ser sede de un mundial de fútbol.
Son apenas ejemplos de cómo la administración masista, ha usado discursos y festivas inauguraciones de obras, con un entusiasmo digno de un cierto grado de verosimilitud. A las pobres vacas las han adelgazado por exceso de ordeño y falta de nuevos pastos. La micro- corrupción de la que hace alarde el vice Presidente, es cuestión de perspectiva. Cientos de millones de dólares en edificios innecesarios excepto por su utilidad para autosatisfacción caudillista, otros tantos esfumados en el Fondo Indígena, en asignaciones directas, en la instalación de plantas alejadas de acceso directo a vías de un ferrocarril que lo haga viable como el caso de Bulo Bulo, hasta una ingenio azucarero...sin caña. Sobre corrupción y su medición hay mucha, mucha tela que cortar. Y no es plantando un par de cabezas de turcas en diferentes cárceles en el afán de poner en escena un transparencia que está muy lejos de ser verdadera.
De Yacimientos, hay poco sobre lo que los entendidos no se hayan aún pronunciado. La nacionalización lleva un gigante signo de interrogación. Y nunca está demás una fría y objetiva reflexión sobre el reconocimiento a que los de "antes" han sido parte por las certeras exploraciones y posteriores explotaciones que mal que les pese, es lo que les ha permitido aprovechar los altísimos precios para la bonanza que se vivió.
El exacerbado centralismo de esta época, sumada a la cultura del se hace lo que yo digo, ha hecho una patética demostración el fin de semana del 6 de agosto. Un incendio de importantes proporciones debido a la prolongada sequía, afectó a una provincia de Cochabamba. No se acercó el Ministro de Defensa, ni tampoco Defensa Civil. La sociedad civil, junto a bomberos y un grupo de voluntarios del SAR, son los que tuvieron que socorrer, solos, pues la ausencia de los responsables se hizo patente. Ni helicópteros, ni despliegue de tropa se podía esperar. El besa manos hizo que todos estén formados cual soldaditos de plomo, a cientos de kilómetros, por lo que el drama que se desarrollaba, tenía orden de postergarse.
San Pedro, consciente de que el pueblo está arrinconado, ha concedido un poco de lluvia al torturado territorio nacional, pero no llegó a ser tormenta. Tormenta es la se viene con las demandas regionales. Si no, miren lo que significará el enfrentamiento por Incahuasi.
Karen Arauz
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