El Movimiento Sin Miedo presentó este lunes más irregularidades en la contratación de la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. La denuncia va en sentido de que se violó la Constitución Política del Estado y las leyes de licitación al aceptar que el estado boliviano sea quien busque el financiamiento para la construcción de la carretera.
Según la convocatoria de licitación emitida el 4 de agosto de 2008, se establecía que la empresa adjudicada debería buscar su autofinanciamiento para la construcción de la carretera, lo que no se cumplió con la brasileña OAS.
"El 4 de agosto de 2008 de igual se firma el contrato con OAS, sin que la empresa ofrezca financiamiento en términos que el estado haga el financiamiento, razón por la cual recién después de dos años y medio el 15 de febrero de 2011, recién se firma el contrato de financiamiento por el cual el prestatario no es OAS, sino el gobierno, la ABC y quien se beneficia es el Banco de desarrollo del Brasil (BNDES)", dijo este lunes el jefe Nacional del MSM, Juan del Granado en conferencia de prensa.
De acuerdo con el ex alcalde paceño, este tipo de propuesta recibió informes negativos de parte del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento externo en tres ocasiones, el 31 julio, el 19 de agosto y el 3 de septiembre, informes que recomiendan que se busque otro tipo de financiamiento, sin embargo de igual forma el Estado mediante la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en fecha 15 de febrero se firma el contrato con OAS para que inicie los trabajos de construcción de la carretera.
A esto se suma el sobreprecio, el cual tendría un costo de 415 millones de dólares y el financiamiento para la obra sólo sería de un 80 por ciento, con un costo adicional del 20 por ciento para el Estado, lo que las figuras delictivas se agravan por daños económicos al Estado.
"Por ello el fiscal que fue asignado al caso deberá requerir toda la documentación, incluso el proceso licitatorio, porqué se contrató a OAS si no tenía financiamiento, porque no fue descalificada de inmediato, de que privilegios goza OAS para que se le adjudique un contrato que viola las normas de contratación", son preguntas que hizo del Granado como parte querellante en este proceso.
Las autoridades denunciadas son: Patricia Ballivian, ex presidenta de la ABC; José Luis Zúñiga Tarifa, gerente administrativo de ABC; Carlos Méndez Cárdenas, gerente de construcción de ABC; Andrés Castro Kukoc consultor de ABC y Gerardo Pereira responsable de la brasileña OAS, quienes están acusados de los delitos contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes.
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