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martes, 4 de octubre de 2011

Luis Fernando Prado ha escrito un valiente artículo sobre "el crimen de lesa humanidad" cometido en San Lorenzo, llamando a las cosas por su nombre. el texto nos da luces y ayuda a comprender la trampa en que ha caído Evo Morales


El bebé tiene tres meses. Fue salvado por una valiente enfermera, despedida de su trabajo por rescatar al niño. Ella se quedó con el niño apretándolo contra su pecho y lo llevó hasta Rurrenabaque, donde después pudo entregárselo a su madre, que lo perdió mientras la policía gasificaba y golpeaba reprimiendo a los marchistas.
Hay niños de 5 años que cuentan cómo se escaparon de la policía y se ocultaron tres días en el monte. El mayor tenía 5 años. Mujeres que fueron golpeadas y quienes les ponían bolsas en la boca hasta desmayarlas (filmadas), porque se negaban a subir a las camionetas hasta que no aparezcan sus hijos.
Podríamos escribir un montón de páginas con los abusos, vejámenes y crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra los que marchaban pacíficamente porque se respeten sus derechos. Y habrá que escribirlas, para que el país se entere y los autores de semejante canallada sean juzgados.
Para ello debemos identificar a los autores, pero sobre todo a quién fue el que emitió la orden para que todo esto suceda. En el gobierno todos pretenden lavarse las manos y pretenden hacernos creer que se trató de un exabrupto de los policías rasos, de una “decisión operativa tomada en la zona de conflicto”, palabras usadas por el ex viceministro de gobierno Marcos Farfán.
Pero veamos un poco más allá con la información que ha ido apareciendo. Existe un memorial a la Fiscalía de La Paz firmado por la ministra Nilda Copa, el viceministro Nelson Cox, el abogado del Ministerio de Gobierno Denis Roda en representación del ex ministro de gobierno SS Llorenti (Sergio Sacha) y el abogado Fernando Ribera, pidiendo la intervención de la marcha. La primera pregunta es porque a la fiscalía de La Paz, si la marcha se encontraba en el Beni, es una primera violación. El fiscal Edwin Sarmiento asignado al caso por la ex Juez Betty Yañiquez y actual fiscal de distrito de La Paz, afirma que nunca dio una orden de intervención de la marcha desmintiendo al ex Ministro Llorenti.
Sigamos viendo algunos otros detalles que son muy importantes: el día 20 de septiembre llegan 500 policías a Yucumo para prevenir enfrentamientos, esta movilización, tiene un costo alto, pues se necesita viáticos, comida, movilidades y otros pertrecho que la policía afirma no tener para velar por la seguridad ciudadana en las ciudades. El día de la intervención se movilizó dos aviones Hércules de la fuerza aérea, se alquilaron flotas y se movilizaron camionetas de la policía. Todo este movimiento, para poder hacerlo debe seguir un proceso burocrático para que se asignen los recursos necesarios, porque supuestamente ya no existen más los gastos reservado de libre disponibilidad.
Recopilemos, el fiscal nunca dio la orden, por la tanto la persona que ordenó la intervención tuvo que tener el poder necesario, para ordenar a la ex Ministra y al Comandante de la Fuerza Aérea autorice el uso de los aviones para usos que no son de rutina. La persona que contrató las flotas se llama Karolina Vertiz Arancibia (con C.I. 92442267 Cbba), pero no está inscrita en el padrón electoral y en el Ministerio de Gobierno no la conocen, ¿quién es está persona? ¿Dónde trabaja? ¿De dónde sacó los fondos para contratar las flotas y con la autorización de quién? ¿Usó documentos falsos?, son algunas de las interrogantes que nos vienen a la cabeza.
Pero sigamos, la persona que ordeno la intervención está por encima de los ministros, eso queda claro, porque hasta para tener la disponibilidad de dichos fondos tuvo que intervenir el ministro de Finanzas, a no ser que estos actos no provengan del Tesoro General de la Nación y sean fondos caribeños como algunos de los que, daban vueltas en vagonetas con vidrios oscuros, por la zona de conflicto.
Pero aún así, hasta para que los caribeños les entreguen esos fondos, se necesita la solicitud de una alta autoridad, de mayor rango que un ministro.
Queda claro que fue una operación militar planificada. ¿Quién es el Mariscal que dio la orden, para tan salvajey brutal represión? El vice presidente afirmó que él sabe quién dio la orden, pero no lo dirá. ¿Está chantajeando a alguien? De acuerdo a nuestro ordenamiento legal, si se conoce un delito y no lo denuncia es cómplice, sólo hay una persona, a la que el vicepresidente quiere proteger y que tiene el poder para haber dado la orden, no puede ser otro que el Presidente. Si no es así, es mejor que digan quién fue.
La justicia tarda pero llega.

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