Es muy raro escuchar una queja como la que expresaba ayer por la radio la concejal Loreto Moreno, quien se lamentaba por la actitud de los sindicatos del transporte, que se niegan a cumplir con la norma que les exige la instalación y el uso del taxímetro. "Los transportistas quieren hacer lo que les da la gana, siempre buscan imponer sus leyes sobre los ciudadanos y las autoridades", decía la dirigente, que entre otras responsabilidades ocupa la comisión de Planificación del órgano deliberante.
La señora Moreno no se dio cuenta, tal vez por su falta de experiencia en el manejo de la política criolla, que al hacer esa confesión estaba admitiendo su propia inoperancia y la ausencia de autoridad del municipio para poner orden en un asunto tan elemental como el transporte. Eso podría llevarnos a los ciudadanos a preguntarnos ¿para qué sirven las instituciones, las leyes y los políticos si no se cumplen ni se hacen cumplir sus órdenes?
Pero las palabras de la concejal van más allá de un simple desconocimiento del funcionamiento de nuestro Estado y del comportamiento de las élites dirigentes. Ella no ha tomado en cuenta que los transportistas siempre han sido elementos fundamentales del co-gobierno en la alcaldía de Santa Cruz, al igual que los gremiales y otros representantes de grandes corporaciones que hoy gozan de un amplio espacio político y la autoridad para definir políticas de Estado, principalmente el derecho a imponer el caos, la ilegalidad, el desorden y gozar de grandes privilegios. Si Loreto Moreno fuera coherente debería guardar sus taxímetros y todas sus leyes para otra oportunidad y dedicarse a hostilizar a la pequeña porción de bolivianos que se ciñen a la legalidad.
De cualquier forma, si la representante o cualquier otro funcionario sintiera el deseo de defender al ciudadano y enfrentarse a los gremios, sindicatos, asociaciones y todos los movimientos y organizaciones que hoy se encuentran en la cima del poder, deberán luchar contra toda una historia de informalidad que ha sido reforzada durante regímenes populistas, como ocurrió precisamente con el decreto de "Transporte Libre" que se instauró en los años 80. Esa fue el arma que trataron de usar para derrotar el monopolio de los transportistas que desafiaban al régimen político, pero el resultado fue peor que la enfermedad.
En realidad, ninguno de los gobiernos, ya sea en las instancias local o nacional ha intentado hacer uso de las leyes y de la autoridad para beneficiar al ciudadano con un servicio decente que evite las torturas, los malos tratos y la inseguridad a la que se someten quienes suben a un micro, a un taxi o a cualquiera de los servicios que se inventan todos los días en el marco del más absoluto libertinaje.
Lamentablemente la tendencia actual es hacia la acentuación del problema, hacia la devaluación de las normas, del ciudadano y de la autoridad y el establecimiento de un nuevo sistema en el que impera una suerte de patria subterránea dominada por cocaleros, contrabandistas, gremiales, ropavejeros, transportistas y muchos otros sectores con gran capacidad de tumulto que hasta ahora ha sido muy beneficioso para los mandamases que hasta este momento han tenido la sartén por el mango. La queja de la concejal Moreno puede ser un indicativo de que los políticos pueden estar perdiendo el control.
Ninguno de los gobiernos, ya sea en las instancias local o nacional ha intentado hacer uso de las leyes y de la autoridad para beneficiar al ciudadano con un servicio decente que evite las torturas, los malos tratos y la inseguridad a la que se someten quienes suben a un micro, a un taxi o a cualquiera de los servicios que se inventan todos los días en el marco del más absoluto libertinaje.
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