Durante las últimas semanas en Bolivia, como en gran parte de los países latinoamericanos, la agenda económica ha estado ocupada por una serie de análisis y comentarios sobre los efectos que podría tener en la región la finalización del denominado “superciclo” de bonanza, posibilitado por el auge de los precios de las materias primas en los mercados internacionales.
Ahora, cuando todos los indicadores auguran el inicio de un ciclo de declive, las preocupaciones se concentran en la mejor manera de afrontar la caída y desarrollar fuentes de ingresos alternativas.
Es al llegar a este punto cuando en nuestro país se enfrenta a la urgente necesidad de hacer algo al respecto y hacerlo pronto. Y es entonces cuando un elemental sentido de responsabilidad obliga a autoridades gubernamentales principalmente, pero también al sector privado, a buscar las fórmulas más adecuadas para ensanchar la base productiva y así atenuar los efectos negativos.
Y es al llegar a ese punto cuando de manera unánime, aun pasando por eventuales discrepancias teóricas, se identifica al sector privado, y muy especialmente a las inversiones extranjeras, como la mejor opción.
El Gobierno nacional, felizmente, ha dado durante los últimos meses muy buenas señales en ese sentido. Y eso se ha reflejado en una valoración positiva que de manera coincidente han hecho sobre la situación actual y las proyecciones hacia el futuro inmediato de la economía nacional.
El más reciente ejemplo de esa mirada optimista la ha dado el último informe de la calificadora de riesgo asociada a Fitch Ratings, Aesa Ratings, que considera que Bolivia podría mejorar su calificación hasta llegar al grado de inversión BBB- si mantiene sus indicadores macroeconómicos, mejora sus índices de gobernabilidad y da más incentivos para atraer inversiones.
Sin embargo, y sin llegar a poner en duda los argumentos en los que se basan las miradas optimistas, hay otros datos que no pueden ni deben pasar desapercibidos si en verdad se quiere afrontar con alguna posibilidad de éxito los desafíos que ya se ven venir.
Entre ellos, merece especial atención un informe también conocido hace pocos días que da luces al respecto. Se trata del Índice de facilidad para hacer negocios, según el que Bolivia es, con Haití y Venezuela, uno de los tres países latinoamericanos en los que más complicado resulta hacer negocios.
Según ese estudio, Bolivia cayó del puesto 151 al 157, entre 189 naciones evaluadas según 10 áreas como la apertura de negocios, comercio exterior pago de impuestos y cumplimiento de contratos, entre otros puntos.
En el primer punto se indica, por ejemplo, que en Bolivia se necesitan 15 procedimientos para abrir un negocio, frente a 8,3 en Latinoamérica y 4,8 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Como es evidente, tal situación es desde todo punto de vista incompatible con la necesidad de buscar nuevos motores para mantener el dinamismo de la economía nacional. Razón más que suficiente para que todos los esfuerzos del país se concentren en superar las trabas identificadas.
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