La arremetida de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) alteña
contra la flamante Alcaldesa del municipio de El Alto sintetiza un
conjunto de malas prácticas políticas y sociales arraigadas en el país.
El caso ha desnudado una serie de argumentos antidemocráticos preñados
de intolerancia que muy poco contribuyen al desarrollo de los pueblos.
Ahora
bien, el análisis de las tensiones producidas en torno al 55 por ciento
de votación favorable a Soledad Chapetón y la fallida movilización,
debe superar la lógica de identificar ganadores y perdedores de esta
prematura pulseta. Sólo así será posible desentrañar lo que
verdaderamente está en juego detrás de esta controversia que coloca en
la mira ciudadana prácticas clientelares, corruptas e indefectiblemente
asociadas a un estilo de gestión paralela y extorsiva de los asuntos
públicos “sin responsabilidad política” por parte de dirigencias
sociales empoderadas.
Quienes defienden estas
prácticas lo hacen en nombre del potencial transformador y
revolucionario de las multitudes al extremo de desvalorizar la voluntad
popular expresada en las urnas. Esos argumentos son la base del accionar
de minorías movilizadas en torno a una diversidad de causas tanto
justas como demagógicas. También están aquellos que argumentan su
validez en “usos y costumbres” o “procedimientos propios” reconocidos
por ley y aplicables al ámbito exclusivo de las comunidades indígenas
originarias campesinas social y culturalmente homogéneas,
predominantemente rurales y reducidas en población.
La
instrumentalización y el manoseo de los usos y costumbres en un
contexto urbano intercultural, social y económicamente diferenciado
deriva en manifestaciones excluyentes, autoritarias y conservadoras.
Queda claro que éstas no nacieron con el MAS aunque, pese a la promesa
de cambio, no hizo otra cosa que exacerbarlas. Se incubaron desde hace
mucho a partir de transacciones y arreglos políticos prebendales poco
transparentes de alcaldes y una dirigencia social amiga del bloqueo de
la gestión pública sea para consolidar su poder dirigencial o para
demandar respuestas a necesidades insatisfechas de una población
altamente sensible al discurso demagógico.
Desde
esta perspectiva, prevalece el elogio al desacato al Estado de derecho,
clave en toda sociedad que se ha dotado de un conjunto de normas a fin
de resolver sus múltiples controversias. Bajo esta premisa no sorprende
que un dirigente haya desafiado de manera grosera a la autoridad
argumentando la ineficacia de la ley relativa a la designación de
subalcaldes frente a la fuerza movilizada de sus bases. En otras
palabras, se valoriza la fuerza de la presión más no aquella que emana
de la ley. Por ello fue necesario contraponer multitud contra multitud,
¡eso sí se respeta!
A propósito de la falta de
convocatoria de la Fejuve alteña, el vicepresidente García Linera ha
cuestionado el distanciamiento de la dirigencia respecto a sus bases. Lo
que en realidad debiera interpelar autocríticamente es el afán de
cooptar a la dirigencia de las organizaciones sociales y de menoscabar
su independencia a partir de la oferta de cuotas de poder que desdibujan
los límites de las responsabilidades públicas y de las privadas. Se
trata de una fórmula fascista y propia de regímenes comunistas, para
asegurar el poder total y, a la que tarde o temprano la sociedad
interpela tal como lo hizo en El Alto con su voto.
No
hay duda, el momento obliga al debate y a replantear el rol de las OS y
su relación con el poder público, reconocer el anquilosamiento precoz
de una dirigencia poco amiga de la rendición de cuentas en tiempos de
democracia. ¡Vaya paradoja! los que un tiempo parecieron progresistas,
hoy simbolizan los más conservador y antilibertario del denominado
proceso de cambio.
La autora es psicóloga, cientista política y exparlamentaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario