Bolivia debería preocuparse por la crisis económica que se cierne y que ya se hace notar, en vez de estar con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2019 y hasta en las de 2024. El Gobierno ha decidido echar a correr la reelección del presidente Evo Morales cuando quedan por delante más de cuatro años para que se cumpla el presente periodo constitucional, es decir que se ha politizado la opinión nacional por encima de todo lo urgente, volcando la preocupación ciudadana hacia una materia extremadamente compleja, que pone en juego el libre transitar de la correcta vigencia del Estado de derecho.
Se puede alegar lo que se quiera en torno a la reelección –que ahora se presenta con el eufemismo de ‘repostulación’–, pero hay que admitir que el juego es peligroso, innecesariamente arriesgado, porque en las democracias débiles como la nuestra, donde la tentación fáctica no desaparece del todo, provoca confusión y malestar. Si una institución oficialista como la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) es la que propone la modificación del artículo 168 de la Constitución, sería ingenuo suponer que esto es algo que se produce por propia iniciativa de su dirigencia, mucho menos que sea un deseo del pueblo boliviano como se pretende hacer creer.
Desde ya, existe desconcierto en cuanto a si la reforma de la Carta Magna establecerá una reelección, dos, o si las candidaturas de Evo Morales serán indefinidas. Una cosa plantea la Conalcam, otra diferente algunos movimientos sociales y otras distintas afirman los propios miembros del Gobierno. Tampoco sabe la ciudadanía cuál es la ruta que seguirá la modificación constitucional, que sería larga y engorrosa si es que el MAS no contara con el apoyo de los dos tercios en la Asamblea, que los obtuvo por ceguera de algunos de sus adversarios.
Como era absolutamente previsible, la aplastante mayoría masista en la Asamblea aprobó la norma para posibilitar la ‘repostulación’ del presidente Evo Morales, haciendo estériles los alegatos de la oposición contra una prórroga inaceptable en democracia pero que está digitada desde el poder. Las canonjías que eso representa en recursos económicos e influencia política van a influir en serias restricciones a los opositores, que empiezan a traslucirse desde ahora con la masiva propaganda a un alto costo que el Gobierno puede soportar sin inquietarse ni preocuparse de si no es inmoral echar mano de los aportes impositivos de todos los bolivianos
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