La débil investigación por el caso CAMC entra en una semana de definiciones. La comisión especial conformada en la Asamblea Legislativa Plurinacional debería dar respuestas por uno de los mayores casos de presunta corrupción desde que comenzó la gestión gubernamental en enero de 2006. No podemos abrigar grandes esperanzas, sin embargo, dado que el órgano que realiza las indagaciones está controlado por el oficialismo y parece lejos de realizar una investigación independiente.
Hay que saber que está en juego la credibilidad del Estado sobre siete megacontratos por más de $us 500 millones otorgados a la empresa china por vía directa sin mayor fiscalización. La denuncia realizada por el periodista Carlos Valverde, el 3 de febrero, señala directamente al corazón del poder, lo que aumenta la gravedad del caso.
Llama la atención que, al menos, siete ministros se han ocupado militantemente de salir en defensa del presidente Evo Morales, señalado por presunto tráfico de influencias, dado que su expareja, Gabriela Zapata, terminó al mando de la CAMC. Sin embargo, no dan datos concretos sobre las dudas que se han generado sobre esta materia. ¿Por qué se dio a una sola empresa contratos millonarios sin licitación pública? ¿Por qué se otorgaron las obras a una empresa cuestionada en otros países por abusos laborales y malversaciones? ¿Qué papel jugó Zapata en este proceso? ¿Continuaba Zapata en relación con el presidente Evo Morales durante la firma de esos contratos?
El pueblo boliviano no quiere campañas ni cortinas de humo. Reclama respuestas porque está cansado de la corrupción, un lastre que no se ha podido erradicar pese a las promesas electorales para la gestión del MAS. La corrupción es la principal preocupación de los electorados en América Latina y los gobiernos tienen la obligación de responder al respecto.
La expareja del mandatario está detenida desde el 26 de febrero y el pasado miércoles se celebró su audiencia de medidas cautelares por legitimación de ganancias ilícitas en la que acusó directamente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de estar vinculado con el caso. La oposición ha alertado que tanto la investigación que impulsa la Contraloría como la que tiene en sus manos el Poder Legislativo son parte de una operación de limpieza de cara del Gobierno de Morales. Esperemos que funcionen las instituciones y se recupere la confianza rota por este y otros casos donde todo está más oscuro que claro
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