los argumentos de Choque...son los mismos de siempre. réplica. "el trazo está definido por Evo no se puede cambiar" entonces...no hay planteamiento. sigue la marcha. sólo soy un trasmisor "no decido nada" y aqué vino entonces? tomadura de pelo. otro retrazo más...

El canciller David Choquehuanca admitió frente a los indígenas que la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro – Secure (TIPNIS), ya está definida por el presidente Evo Morales y que el trazo del mismo no puede ser cambiado.

La autoridad gubernamental hizo esa aseveración en el encuentro que sostiene en este momento, en la población de La Embocada del Beni, con los marchistas que se movilizaban hacia la ciudad de La Paz en defesan del TIPNIS, reportó Erbol.

Asimismo, Choquehuanca aclaró a los indígenas que su presencia en el lugar no es decisiva, puesto que su misión es transmitir al Primer Mandatario los temas que se aborden en la reunión y nada más.

En tanto, los representantes indígenas reiteraron una vez más su oposición a la construcción del proyecto carretero Cochabamba – Beni. Además rechazaron la única propuesta que llevó la autoridad gubernamental al encuentro, para retomar el diálogo, en relación a la aplicación de la consulta sobre dicha vía.

En respuesta a las declaraciones de la autoridad nacional, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, le dijo que el Gobierno no era “patrón” de nadie para disponer de territorios indígenas.

La Embocada, 12 septiembre 2011 – A.A.M./ 

Leopoldo Fernández con valor civil y gran serenidad admirable en un hombre de sus años y de la respetabilidad de que siempre gozó, espera obtener su libertad

Recordar los luctuosos acontecimientos de El Porvenir, Pando, ocurridos hace tres años y que provocaron la muerte de 16 personas, debe servir para que todos los sectores involucrados en el conflicto suscitado a raíz del proyecto de construcción del tramo II de la carretera que unirá a Cochabamba con Beni, realicen un renovado esfuerzo para que a través del diálogo y la búsqueda del bien mayor se adopten las resoluciones que permitan superarlo. Hasta ahora no han sido creadas las condiciones básicas para que un diálogo de la naturaleza que se requiere pueda hacerse realidad. Los diversos intereses en pugna —unos legítimos, otros no; unos explícitos, otros latentes— han impedido que, pese a la retórica dialoguista presente en los dos polos del diferendo, el Gobierno y los dirigentes indígenas, haya la suficiente voluntad política para ceder mutuamente posiciones y hallar vías de solución. 
Abona a esta situación la confusa acción gubernamental. Por un lado, hay ministros y funcionarios que han mostrado predisposición al diálogo, al punto incluso de sufrir desaires, pero, por el otro, en forma simultánea se ha desatado una campaña inventando conspiraciones nacionales e imperiales en su contra, desprestigiando a personas e instituciones, e incluso permitiendo que movimientos sociales afines organicen una “contra marcha” que puede incluso generar espacios de violencia fratricida. Asimismo, las autoridades del Ejecutivo han desechado —una vez más, por un falso concepto de autoridad, tan falso, que cuando estaban en el llano criticaban— el aporte de la Iglesia Católica o del Defensor del Pueblo —que tan cercano está a ellas— como mediadores en el conflicto, sin tener, empero, la capacidad de establecer los marcos de confianza mutua indispensables para poder dialogar, precisamente por el sistemático ataque al que han sido sometidos los marchistas y dirigentes indígenas (no hay que olvidar, por ejemplo, aquél calificativo de ser “salvajes” hecho por un importante dirigente campesino y del MAS).
Desde el campo indígena también se han dado muestras de intransigencia que han impedido que se conozca con claridad las posiciones respecto del tema en conflicto, dando preeminencia a actores ligados indirectamente al tema y que han ido tomando protagonismo expresando sus propios intereses. A los elementos señalados se agrega el peligro concreto de que la violencia tome cartas en el asunto. La prepotente organización de un bloqueo en contra de los indígenas en Yucumo, a cargo de gente afín al MAS; la búsqueda de “armas” por parte del Ministerio Público dentro de la marcha indígena; el envío de efectivos policiales “sin armas de fuego” a esa localidad, y el discurso crecientemente confrontacional de las principales autoridades del país, así como una renovada acción de represión política, son datos que obligan a que se las exhorte a extremar esfuerzos para evitar que este conflicto termine en confrontación. Ello será posible si se crean las condiciones para instalar un diálogo. Esto exige hacer mutuas concesiones en aras del desarrollo y la paz social.

Roberto Méndez de El Dia entrevistó a Sánchez Berzaín del Instituto Interamericano para la Democracia sobre "octubre negro"

Carlos “Zorro” Sánchez, el controvertido ministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, antes de su caída en 2003,  no vive escondido en Estados Unidos y más bien, por el contrario, va y viene por varios estados, dictando conferencias a la cabeza del Instituto Interamericano para la Democracia. Su nombre volvió a saltar a la palestra luego de la sentencia del llamado “Octubre negro" contra cinco militares del entonces Estado Mayor, condenados a penas de entre 5 y 15 años, y contra dos exministros, a 3 años. Sobre ese tema, hablamos por teléfono respecto al papel del entonces vicepresidente de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, quien en su última columna dominical justificó dos decretos de amnistía que evitaron que los dirigentes de los movimientos sociales de esa época, entre ellos el ahora presidente Evo Morales, fueran enjuiciados también.

P. ¿Cómo evalúa la sentencia del caso 'Octubre negro'?
C.S.: Es un fallo injusto desde todo punto de vista, destinado a encubrir a Evo Morales y sus cómplices porque no toma en cuenta el proceso de desestabilización orquestado por los movimientos sociales, incluyendo cocaleros, que empezaron a generar conflictos desde febrero, cuando inclusive intentaron matar al presidente Gonzalo Sánchez. Ellos no accedieron al diálogo planteado por un gobierno legítimo y democráticamente elegido y a partir de entonces llevaron adelante un plan de conspiración hasta lograr su derrocamiento, el 17 de octubre. Un resultado fue la existencia de dos ganadores, Carlos Mesa y Evo Morales. Mesa era el vicepresidente de Goni y luego, cuando quedó como presidente, firmó dos decretos perdonando a los responsables de la convulsión, entre ellos a Evo Morales, que igual llegó al poder después.

P. ¿Ud está diciendo que Mesa urdió un complot contra su propio presidente Goni...?
C.S.: Los hechos así lo demuestran. Después de esta sentencia injusta, Evo Morales no se ha pronunciado pero sí ha mandado a Carlos Mesa que lo haga y que defienda sus decretos de amnistía en los que se perdonó a los verdaderos responsables de haber actuado contra el orden constitucional. No se perdona a los culpables. Evo maneja a Carlos Mesa, cuando quiere lo apreta cuando quiere lo suelta y cuando quiere también Evo lo perdona en correspondencia a ese favor. Acaba de hacerlo ahora al excluirlo del juicio de responsabilidades en el tema de los llamados “petrocontratos”. 

P. Pero, en Octubre negro hay víctimas fatales, 63 muertos, ¿quién es el responsable entonces?
C.S.: En ese proceso tenemos que subrayar que Evo Morales es el que acusa y sus jueces y sus fiscales los que condenan. Los militares actuaron en defensa del orden constitucional y fueron condenados. Es como si un ladrón ingresara a una casa a robar y los dueños reaccionaran y actuaran y después en un juicio los ladrones quedaran absueltos y los dueños culpables. Por eso desafío a Evo Morales que levante esos dos decretos de amnistía y que los subvertores del orden constitucional, entre ellos el mismo “Evo-Morales-muerte”, junto a las autoridades de entonces, nos sometamos a un jurado internacional que investigue y que dicte una sentencia imparcial. Estoy seguro que acabará preso porque durante estos últimos 8 años se han estado jactando de haber atentado contra el orden constitucional.

P.¿Por qué le dice Evo Morales-muerte?
C.S.: Porque desde que apareció en el escenario político ha sembrado muertes, desde 1990. Primero como dirigente cocalero, luego como bloqueador y después cuando asumió la Presidencia de la República. Ha estado en por lo menos 14 masacres, desde las de Sacaba, pasando por “La Calancha", Huanuni, Cochabamba, Porvenir y la misma matanza en el hotel Las Américas. Pero no solo eso, ahora Evo Morales está preparando a sus movimientos sociales para enfrentar a los indígenas que pelean por la defensa de su territorio.

P. Un Tribunal de Florida acaba de negar una demanda para el resarcimiento de daños civiles a las víctimas de Octubre Negro.
C.S.: Voy a analizar ese fallo y vuelvo a desafiar a Evo Morales que juntos nos sometamos a tribunales internacionales. Vamos a ver quién termina en la cárcel. Que no me tenga miedo.

"Ambos complotaron contra el Gobierno de Goni  y generaron 'Octubre negro' y ambos salieron beneficiados.  Evo llegó al poder y Mesa dictó dos decretos de amnistía perdonando a los que generaron todo'

Carlos Sánchez
Exministro de Defensa de Goni

"La condena es injusta. Es como si unos ladrones entraran a una casa a robar y los dueños se defendieran, y poco después los dueños acaben condenados y los ladrones absueltos".

'Que Evo no me tenga miedo'

"Estoy dispuesto a someterme a cualquier tribunal internacional y desafÍo a evo morales que haga lo mismo.
vamos a ver quién termina en la cárcel".

El perfil

Carlos Sánchez  Berzaín 
Exministro de defensa de Goni.

Ciudad natal: 
Cochabamba, Bolivia (51) años

 Estudios: 
Derecho, con maestría en Derecho Constitucional, Ciencias Políticas.

 Trayectoria: 
Docente universitario, cinco veces ministro, diputado y dirigente nacional del MNR.

En la actualidad:
Exiliado político, director del Instituto Interamericano para la Democracia en Estados Unidos

Sentencia para la galería. golpe escénico. mostrar que Evo lo puede todo. que puede pulverizar a "sus enemigos" pregunta. hasta cuándo la impunidad? El Dia. SC. Bolivia

La Justicia boliviana ha condenado a siete de los 17 acusados por el caso “Octubre Negro”, entre ellos a tres exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y a cuatro militares que participaron en la represión de 2003 que dejó como saldo 67 muertos y alrededor de 450 heridos.

La sentencia ha dejado un sabor agridulce entre los que buscaban justicia para las víctimas de aquel fatídico episodio, pero sobre todo, ha vuelto a corroborar que en Bolivia es aún una utopía pensar en una administración judicial independiente y libre de la manipulación política.

El juicio ha estado plagado de irregularidades y empezó muy mal porque desde un principio fueron excluidos del proceso y mediante decreto, todos aquellos dirigentes sindicales y campesinos que tomaron las armas e instigaron a sus bases a usar la violencia para alterar el orden democrático en el país.

Los encargados de llevar adelante este proceso judicial fueron designados expresamente por el régimen para dictar una sentencia que ya había sido anunciada por los niveles políticos, cuyo interés era simplemente cumplir con una simple formalidad jurídica y darle paso a una suerte de linchamiento de quienes fueron señalados como únicos responsables de lo ocurrido hace ocho años. Los otros diez acusados que consiguieron fugar del país, seguramente anticipaban este desenlace y optaron por refugiarse en países amigos, que obviamente entienden también que la justicia boliviana no ofrece las garantías de un proceso justo a nadie que a priori esté señalado como enemigo del régimen gobernante, que ha tomado las riendas de los tribunales y se erige hoy como juez y parte al mismo tiempo.

Lo ocurrido en octubre de 2003 es una herida dolorosa en la construcción democrática de Bolivia, pero justamente por eso, merecía que los operadores de la justicia consigan actuar con plena transparencia, con el objetivo de mostrarle al país qué fue lo que realmente ocurrió, quiénes estaban detrás del conflicto, quiénes lo financiaban, quiénes fueron los que prepararon el terreno para un desenlace fatal y obviamente juzgar la forma cómo actuaron los órganos represivos del Estado, los ministros y en definitiva todo el Gobierno que estuvo varias semanas acechado por las protestas que derivaron en un cambio brusco en la conducción política.

No hay duda que los gobernantes deben enfrentar su responsabilidad por las órdenes que dieron en esos días, pero no es posible pensar en justicia si quedan fuera del proceso los causantes de la zozobra, los autores de las emboscadas armadas, los que causaron destrucción en la propiedad pública y privada, los que encabezaron ese salvaje cerco a la ciudad de La Paz, que impuso el terror en la ciudadanía. Mientras no se busque la justicia para todos y se no apliquen las sanciones a quienes corresponda, ni este Gobierno ni la democracia boliviana estarán a salvo de la impunidad de la que gozan ciertos sectores que siguen imponiéndole al país sus propios intereses en desmedro del bien común. Para el régimen de Evo Morales, en especial, por haber sido en su proceso de conquista del poder, el principal incitador de la violencia, esta sentencia se yergue como una espada de Damocles, pues empodera a los mismos cabecillas de la anarquía que se desató en el 2003, a repetir sus hazañas y dejar nuevamente a las instituciones estatales y a la ciudadanía en general a expensas de los que lucran con la ingobernabilidad de este país.

Mientras no se busque la justicia para todos y no se apliquen las sanciones a quienes corresponda, ni este Gobierno ni la democracia estarán a salvo de la impunidad de ciertos sectores que siguen imponiendo sus propios intereses en desmedro del bien común. Para el régimen de Morales, en especial, por haber sido el principal incitador de la violencia.

Daniel Montamat exdignatario del Estado argentino acaba de publicar algo muy grave. a pesar de grandilocuentes expresiones de integración Bolivia envía cada vez menos gas a la Argentina. qué dice a ésto Evo Morales?

Pese a las promesas oficiales y las grandilocuentes expresiones sobre la integración energética con Bolivia, lo cierto es que ese país envía cada vez menos gas a la Argentina.

Las cifras de agosto son contundentes: en medio de un duro invierno y con el promocionado gasoducto internacional Juana Azurduy (GIJA) funcionando por primera vez a pleno durante un mes completo, las importaciones de gas boliviano registraron uno de los volúmenes más bajos del año, aunque el precio que pagó el Gobierno creció significativamente.

Esa merma en el volumen de gas que envió Bolivia no fue reemplazada por producción local, sino por importaciones de gas natural licuado (GNL) aun más caro que el fluido que llega del Altiplano.

Según cifras de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las exportaciones de gas a la Argentina en agosto fueron de 7,16 millones de metros cúbicos diarios (mcd). Esa cifra es inferior a la registrada en los meses de febrero, marzo, mayo y julio, y prácticamente igual que el promedio de junio.

Pero además de la mayor demanda que había en agosto -cuando unas 300 industrias sufrieron varios días de cortes de gas- respecto de los meses previos, otro hecho justificaba la expectativa de un crecimiento en la disponibilidad de hidrocarburos bolivianos: el 30 de junio pasado, en un acto que se transmitió por cadena nacional y contó con la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, la presidenta Cristina Kirchner inauguró el GIJA y prometió que desde ese mismo día llegarían por el nuevo ducto "7 millones y medio de metros cúbicos por día de gas". Al día siguiente, por ese caño pasó algo menos de un millón de mcd.

Durante los primeros días todavía se siguió usando en forma parcial el viejo gasoducto, hasta que desde el 12 de julio el GIJA comenzó a operar en forma plena. Julio terminó con un promedio de 7,62 millones de mcd de gas exportado a la Argentina. Todavía estaba por debajo del récord de febrero, pero al menos durante cuatro días seguidos los envíos superaron los 10 millones de mcd. Durante agosto, en cambio, sólo un día se superaron los 10 millones y el promedio quedó bien abajo (6% menos que en julio, mientras que a Brasil los envíos de Bolivia crecieron uno por ciento).

FLEXIBILIDAD

La inauguración del GIJA, para el cual se invirtieron 173 millones de pesos, debía servir en teoría para incrementar el volumen de importación de gas de Bolivia, además de otorgar mayor seguridad y flexibilidad, por tratarse de una construcción más moderna que el viejo caño Pocitos-Campo Durán. Según el acuerdo entre YPFB y la estatal argentina Enarsa, Bolivia debía mandar durante este invierno un promedio de entre 7,7 y 11,3 millones de mcd de gas. El mínimo saltará el año próximo a 11,6 millones y en 2013, a 13,5 millones, hasta llegar a los 27,7 millones en 2021. Para llegar a esos volúmenes era necesario construir el GIJA, aunque hasta ahora el proceso fue el inverso.

El ex secretario de Energía Daniel Montamat consideró que para cumplir con ese acuerdo Bolivia debería desarrollar nuevos yacimientos. "Bolivia tiene potencial, pero por los cambios en las reglas de juego la inversión privada se redujo al mínimo y la inversión de la empresa pública boliviana tiene problemas de cantidad y eficiencia", sostuvo.

Como consecuencia de esta situación, el peso de Bolivia en las importaciones de gas que realiza la Argentina cayó hasta el 24%, un piso que no se había tocado antes. En agosto, la Argentina importó 916,3 millones de metros cúbicos, de los cuales sólo 221,7 millones los aportó YPFB y el resto llegaron mediante las operaciones de regasificación de GNL. Con un detalle para tener en cuenta: mientras la Argentina paga desde julio 10,20 dólares el millón de BTU (un 34% más que a comienzos de año y un 300% más que a los productores locales de gas), importar GNL cuesta aún más caro, entre 12 y 15 dólares el millón de BTU.

Tanto en junio como en julio, por ejemplo, el gas boliviano representaba aún el 29% de las importaciones argentinas. En 2010, era el 56% del total. Así, mientras en agosto el volumen de gas que ingresó en el sistema nacional a través de las terminales de Bahía Blanca y Escobar creció 18% respecto de julio, los envíos bolivianos cayeron 6 por ciento.

DESEMBOLSOS

El año pasado, el Estado argentino pagó unos 400 millones de dólares por el gas boliviano y otro tanto por las operaciones de GNL. Esa cifra equivale a lo que se desembolsó sólo en el primer semestre por el fluido que envía YPFB. Pero la mayor dependencia del GNL (más caro) y la suba de precios en el gas boliviano hacen cada vez más creíbles los pronósticos que vaticinan que la Argentina cerrará el año 2011 con un déficit en su balanza energética que podría ubicarse entre los 3000 y los 5000 millones de dólares.

DIXIT
"Bolivia tiene potencial, pero por los cambios en las reglas de juego la inversión privada se redujo al mínimo y la pública tiene problemas de eficiencia"
Daniel Montamat 
Ex secretario de energía .

la jueza Ùrsula Ùngaro del distrito de Florida (al medio) es tenida como experimentada jurista que ha juzgado antes a narcotraficantes como Noriega y Somoza. ha fijado para el 23 el juicio a Sanabria

El general (r) René Sanabria Oropeza, ex jefe antinarcóticos de Bolivia, se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de conspirar para importar cocaína.

Otro acusado en esta causa, Marcelo Juan Foronda Azero, también asumió responsabilidad por el mismo cargo ante la jueza Ursula Ungaro, en un tribunal de Miami, que dictará la sentencia definitiva el próximo 23 de septiembre.

Sanabria, de 58 años y Foronda, de 43 años, comparecieron vestidos con el uniforme beige de prisioneros y con cadenas en los tobillos, acompañados por sus abogados defensores.

Sanabria, quien dirigía una división de inteligencia del Ministerio de Gobierno de Bolivia, y Foronda fueron capturados en febrero pasado en Panamá y trasladados a Miami por el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA).

Los dos alcanzaron un acuerdo con los fiscales federales a cambio de una sentencia menos severa y las autoridades estadounidenses se comprometieron a eliminar un segundo cargo: importación de cocaína.

"Estamos muy contentos con el acuerdo", declaró a los periodistas Sabrina Vora-Puglisi, abogada de Sanabria.

La jueza advirtió a Foronda y al general retirado, quien había ingerido un medicamento para los nervios antes de la audiencia, que serán deportados a Bolivia una vez que cumplan la sentencia que les impondrá en septiembre.

Orlando do Campo, defensor de Foronda, señaló que las penas que su cliente puede afrontar van de 9 a 14 años de cárcel, y que la jueza deberá sopesar varios factores como el papel que tuvo en el delito y el monto de la droga importada.

Vora-Puglisi dijo que el cargo de conspiración para importar cocaína es castigado con una pena máxima de cadena perpetua.

"Pero hay otras opciones (de sentencias para su cliente). Sin embargo, no quiero dar detalles porque el caso aún está abierto", comentó al finalizar la vista judicial.

Los fiscales federales aún no han recomendado a Ungaro un rango de sentencias y la decisión final estará a cargo de la jueza.

Las autoridades estadounidenses acusaron en el caso a Sanabria, a Foronda, al coronel de la policía boliviana Milton Sánchez Pantoja y su hermano Jorge Sánchez Pantoja el 16 de septiembre de 2010.

La Fiscalía Federal imputó a Foronda de enviar un cargamento de 144 kilos de cocaína a EE.UU. que llegó al puerto de Miami escondido en un contenedor con rocas de zinc, después de negociar su envío con un agente encubierto de la DEA en septiembre de 2010.

Cuando el cargamento de la droga llegó al puerto de Miami, la DEA lo decomisó en noviembre de ese año.

Presuntamente Sanabria y Milton Sánchez Pantoja se aseguraron que el contenedor con la droga cruzara sin problemas la frontera entre Bolivia y Chile.

Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja también estuvieron de acuerdo en vender 100 kilos de cocaína a supuestos integrantes de carteles colombianos de droga (que resultaron ser policías chilenos encubiertos) que afirmaron querían distribuir narcóticos en Miami y en otras partes de Estados Unidos.

Los fiscales federales habían notificado a la jueza que entre las pruebas que planeaban presentar en el juicio había vídeos de conversaciones grabadas de Sanabria y Foronda, documentos, fotografías y un informe sobre el análisis de la cocaína en conexión con el caso, realizado por un laboratorio.

El general fue jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia en el periodo 2007-2009.

diversas reacciones está provocando la sentencia a 15 años de cárcel del Estado Mayor de las FFAA que cumplió órdenes del Capitán General. ver art. de nuestro editor en Bolivia Primera Plana

El excomandante de las Fuerzas Armadas Alvin Anaya dijo a Efe que la sentencia "no debió ocurrir nunca" porque sus camaradas sólo cumplieron órdenes "en democracia, donde el factor político es quien define y los militares están obligados a subordinarse".

Anaya espera que el actual comando castrense se pronuncie para decir al menos que los excomandantes condenados "no son genocidas, asesinos ni masacradores, sino que han cumplido una misión que les encomendó el factor político en democracia".

La sentencia impuso a cinco excomandantes penas de diez a 15 años por el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta" por la muerte de 64 personas en la represión a las protestas desatadas contra el segundo Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).

El general retirado Víctor Jemio también advirtió que la relación entre Morales y las Fuerzas Armadas "se va a dificultar" y les "costará mucho" a los gobernantes "tener la subordinación leal, consciente y disciplinada" de los militares.

"Es una lección tan dura ésta que no será ignorada por los profesionales de la defensa, ellos ya saben a que atenerse. Saben lo que hacen los políticos: emiten las órdenes y después huyen y los abandonan", sostuvo Jemio, en alusión a Sánchez de Lozada que reside en EE.UU. después de renunciar a su cargo en octubre de 2003.

El excomandante del Ejército y senador opositor Marcelo Antezana dijo a Efe que si ocurre una conmoción interna, los altos mandos "la van a pensar dos veces" antes de obedecer órdenes del presidente.

"¿Cómo van a dar cumplimiento a una orden legal de la cabeza del poder político si mañana los van a encarcelar?", cuestionó.

La postura de los militares jubilados contrasta con el silencio que mantienen hasta el momento las Fuerzas Armadas, cuyo comandante, el almirante Armando Pacheco, está fuera del país.

En declaraciones desde Estados Unidos a la red Bolivisión, el exministro de Defensa de ese momento Carlos Sánchez Berzaín defendió hoy la legalidad de las decisiones tomadas por Sánchez de Lozada para restituir el orden en el país durante el conflicto.

"La Constitución manda al Presidente, al gabinete y a las Fuerzas Armadas defender el orden interno y eso fue lo que se hizo", señaló.

Insistió en que también deberían ser procesados los líderes sociales que instigaron aquellas movilizaciones, entre ellos el actual presidente Morales, a quien desafió a derogar un decreto que otorga amnistía a esos dirigentes para protegerlos de un juicio.

Al respecto, Morales dijo hoy, escuetamente en rueda de prensa, que no responderá a declaraciones de un "delincuente" como Sánchez Berzaín, que está asilado en Estados Unidos.

Fuente: EFE, La Paz