Leopoldo Fernández con valor civil y gran serenidad admirable en un hombre de sus años y de la respetabilidad de que siempre gozó, espera obtener su libertad

Recordar los luctuosos acontecimientos de El Porvenir, Pando, ocurridos hace tres años y que provocaron la muerte de 16 personas, debe servir para que todos los sectores involucrados en el conflicto suscitado a raíz del proyecto de construcción del tramo II de la carretera que unirá a Cochabamba con Beni, realicen un renovado esfuerzo para que a través del diálogo y la búsqueda del bien mayor se adopten las resoluciones que permitan superarlo. Hasta ahora no han sido creadas las condiciones básicas para que un diálogo de la naturaleza que se requiere pueda hacerse realidad. Los diversos intereses en pugna —unos legítimos, otros no; unos explícitos, otros latentes— han impedido que, pese a la retórica dialoguista presente en los dos polos del diferendo, el Gobierno y los dirigentes indígenas, haya la suficiente voluntad política para ceder mutuamente posiciones y hallar vías de solución. 
Abona a esta situación la confusa acción gubernamental. Por un lado, hay ministros y funcionarios que han mostrado predisposición al diálogo, al punto incluso de sufrir desaires, pero, por el otro, en forma simultánea se ha desatado una campaña inventando conspiraciones nacionales e imperiales en su contra, desprestigiando a personas e instituciones, e incluso permitiendo que movimientos sociales afines organicen una “contra marcha” que puede incluso generar espacios de violencia fratricida. Asimismo, las autoridades del Ejecutivo han desechado —una vez más, por un falso concepto de autoridad, tan falso, que cuando estaban en el llano criticaban— el aporte de la Iglesia Católica o del Defensor del Pueblo —que tan cercano está a ellas— como mediadores en el conflicto, sin tener, empero, la capacidad de establecer los marcos de confianza mutua indispensables para poder dialogar, precisamente por el sistemático ataque al que han sido sometidos los marchistas y dirigentes indígenas (no hay que olvidar, por ejemplo, aquél calificativo de ser “salvajes” hecho por un importante dirigente campesino y del MAS).
Desde el campo indígena también se han dado muestras de intransigencia que han impedido que se conozca con claridad las posiciones respecto del tema en conflicto, dando preeminencia a actores ligados indirectamente al tema y que han ido tomando protagonismo expresando sus propios intereses. A los elementos señalados se agrega el peligro concreto de que la violencia tome cartas en el asunto. La prepotente organización de un bloqueo en contra de los indígenas en Yucumo, a cargo de gente afín al MAS; la búsqueda de “armas” por parte del Ministerio Público dentro de la marcha indígena; el envío de efectivos policiales “sin armas de fuego” a esa localidad, y el discurso crecientemente confrontacional de las principales autoridades del país, así como una renovada acción de represión política, son datos que obligan a que se las exhorte a extremar esfuerzos para evitar que este conflicto termine en confrontación. Ello será posible si se crean las condiciones para instalar un diálogo. Esto exige hacer mutuas concesiones en aras del desarrollo y la paz social.