Sentencia para la galería. golpe escénico. mostrar que Evo lo puede todo. que puede pulverizar a "sus enemigos" pregunta. hasta cuándo la impunidad? El Dia. SC. Bolivia

La Justicia boliviana ha condenado a siete de los 17 acusados por el caso “Octubre Negro”, entre ellos a tres exministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y a cuatro militares que participaron en la represión de 2003 que dejó como saldo 67 muertos y alrededor de 450 heridos.

La sentencia ha dejado un sabor agridulce entre los que buscaban justicia para las víctimas de aquel fatídico episodio, pero sobre todo, ha vuelto a corroborar que en Bolivia es aún una utopía pensar en una administración judicial independiente y libre de la manipulación política.

El juicio ha estado plagado de irregularidades y empezó muy mal porque desde un principio fueron excluidos del proceso y mediante decreto, todos aquellos dirigentes sindicales y campesinos que tomaron las armas e instigaron a sus bases a usar la violencia para alterar el orden democrático en el país.

Los encargados de llevar adelante este proceso judicial fueron designados expresamente por el régimen para dictar una sentencia que ya había sido anunciada por los niveles políticos, cuyo interés era simplemente cumplir con una simple formalidad jurídica y darle paso a una suerte de linchamiento de quienes fueron señalados como únicos responsables de lo ocurrido hace ocho años. Los otros diez acusados que consiguieron fugar del país, seguramente anticipaban este desenlace y optaron por refugiarse en países amigos, que obviamente entienden también que la justicia boliviana no ofrece las garantías de un proceso justo a nadie que a priori esté señalado como enemigo del régimen gobernante, que ha tomado las riendas de los tribunales y se erige hoy como juez y parte al mismo tiempo.

Lo ocurrido en octubre de 2003 es una herida dolorosa en la construcción democrática de Bolivia, pero justamente por eso, merecía que los operadores de la justicia consigan actuar con plena transparencia, con el objetivo de mostrarle al país qué fue lo que realmente ocurrió, quiénes estaban detrás del conflicto, quiénes lo financiaban, quiénes fueron los que prepararon el terreno para un desenlace fatal y obviamente juzgar la forma cómo actuaron los órganos represivos del Estado, los ministros y en definitiva todo el Gobierno que estuvo varias semanas acechado por las protestas que derivaron en un cambio brusco en la conducción política.

No hay duda que los gobernantes deben enfrentar su responsabilidad por las órdenes que dieron en esos días, pero no es posible pensar en justicia si quedan fuera del proceso los causantes de la zozobra, los autores de las emboscadas armadas, los que causaron destrucción en la propiedad pública y privada, los que encabezaron ese salvaje cerco a la ciudad de La Paz, que impuso el terror en la ciudadanía. Mientras no se busque la justicia para todos y se no apliquen las sanciones a quienes corresponda, ni este Gobierno ni la democracia boliviana estarán a salvo de la impunidad de la que gozan ciertos sectores que siguen imponiéndole al país sus propios intereses en desmedro del bien común. Para el régimen de Evo Morales, en especial, por haber sido en su proceso de conquista del poder, el principal incitador de la violencia, esta sentencia se yergue como una espada de Damocles, pues empodera a los mismos cabecillas de la anarquía que se desató en el 2003, a repetir sus hazañas y dejar nuevamente a las instituciones estatales y a la ciudadanía en general a expensas de los que lucran con la ingobernabilidad de este país.

Mientras no se busque la justicia para todos y no se apliquen las sanciones a quienes corresponda, ni este Gobierno ni la democracia estarán a salvo de la impunidad de ciertos sectores que siguen imponiendo sus propios intereses en desmedro del bien común. Para el régimen de Morales, en especial, por haber sido el principal incitador de la violencia.