El excomandante de las Fuerzas Armadas Alvin Anaya dijo a Efe que la sentencia "no debió ocurrir nunca" porque sus camaradas sólo cumplieron órdenes "en democracia, donde el factor político es quien define y los militares están obligados a subordinarse".
Anaya espera que el actual comando castrense se pronuncie para decir al menos que los excomandantes condenados "no son genocidas, asesinos ni masacradores, sino que han cumplido una misión que les encomendó el factor político en democracia".
La sentencia impuso a cinco excomandantes penas de diez a 15 años por el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta" por la muerte de 64 personas en la represión a las protestas desatadas contra el segundo Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
El general retirado Víctor Jemio también advirtió que la relación entre Morales y las Fuerzas Armadas "se va a dificultar" y les "costará mucho" a los gobernantes "tener la subordinación leal, consciente y disciplinada" de los militares.
"Es una lección tan dura ésta que no será ignorada por los profesionales de la defensa, ellos ya saben a que atenerse. Saben lo que hacen los políticos: emiten las órdenes y después huyen y los abandonan", sostuvo Jemio, en alusión a Sánchez de Lozada que reside en EE.UU. después de renunciar a su cargo en octubre de 2003.
El excomandante del Ejército y senador opositor Marcelo Antezana dijo a Efe que si ocurre una conmoción interna, los altos mandos "la van a pensar dos veces" antes de obedecer órdenes del presidente.
"¿Cómo van a dar cumplimiento a una orden legal de la cabeza del poder político si mañana los van a encarcelar?", cuestionó.
La postura de los militares jubilados contrasta con el silencio que mantienen hasta el momento las Fuerzas Armadas, cuyo comandante, el almirante Armando Pacheco, está fuera del país.
En declaraciones desde Estados Unidos a la red Bolivisión, el exministro de Defensa de ese momento Carlos Sánchez Berzaín defendió hoy la legalidad de las decisiones tomadas por Sánchez de Lozada para restituir el orden en el país durante el conflicto.
"La Constitución manda al Presidente, al gabinete y a las Fuerzas Armadas defender el orden interno y eso fue lo que se hizo", señaló.
Insistió en que también deberían ser procesados los líderes sociales que instigaron aquellas movilizaciones, entre ellos el actual presidente Morales, a quien desafió a derogar un decreto que otorga amnistía a esos dirigentes para protegerlos de un juicio.
Al respecto, Morales dijo hoy, escuetamente en rueda de prensa, que no responderá a declaraciones de un "delincuente" como Sánchez Berzaín, que está asilado en Estados Unidos.
Fuente: EFE, La Paz
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