hasta cuándo Evo? hasta cuándo abusar de la paciencia de Brasil con el caso Pinto? hasta cuándo emborrachando la perdiz? (B. el P.)

Sergio Amaral, un prestigioso diplomático brasileño, exembajador de su país en Londres y París, le concede varios párrafos a Bolivia en un artículo titulado “¿Hasta cuándo van a abusar de nuestra paciencia?”, publicado en el diario El Estado de Sao Paulo. Obviamente se refiere al caso del asilo al senador Róger Pinto y también a la persecución que el Gobierno boliviano está ejecutando contra empresarios brasileños, algo que según Amaral no es un hecho aislado y cita como antecedente la humillación que sufrió Petrobras en el 2006. 

El columnista compara los tamaños de Brasil y de Bolivia y también reflexiona sobre el poder, cuestionando de alguna manera el hecho de que los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff se dejen manosear no sólo por Bolivia, sino también por otros países como Ecuador y Venezuela. Pese que Amaral insiste en que Brasil no debe ser el abusivo del continente, tampoco debe comportarse como un bobo que además de soportar abusos, también pierde terreno en el campo del comercio sudamericano. Finalmente, Amaral afirma que Bolivia “se siente cómoda para llevar a cabo actos de provocación porque está segura de contar con la benevolencia de Brasil. Ante este escenario inusual, sólo podemos pedirle, haciendo eco de Cicerón: ¿cuánto tiempo, Morales, abusarás de nuestra paciencia?”, concluye. 

Evo va dejando rastro donde interviene como en el caso CIDOB, encapuchados, cleferos, policías todos utilizados para echar al TIPNIS, infiltración, espionaje "todo vale para su narcocarretera" El Deber

Los hechos se delatan por sí solos: la última y violenta recaptura de la sede cruceña de la Cidob no fue espontánea sino planificada y dirigida desde los niveles gubernamentales. Así lo demuestra el hecho de que efectivos policiales fueran allí destacados para apoyar la acción, en la que a favor de los oponentes al dirigente Adolfo Chávez no participaron indígenas de base, sino bandadas de encapuchados y cleferos reclutados de ciertos lugares de la ciudad, tal como fueron mostrados por los medios de comunicación. En todas estas cosas, el Gobierno dejó sus huellas digitales.

Otro hecho por demás revelador resultó la presencia de Melva Hurtado, que tomó el lugar de Chávez en la Cidob paralela, en un encuentro del masismo en Chuquisaca, Sucre, donde fue proclamado el presidente Evo Morales como candidato para las elecciones de 2014. En ese escenario, la dirigente dijo que los campesinos de tierras bajas están con el ‘proceso de cambio’. Más claro, agua.

Pistas similares es posible percibir en muchos tramos de la implacable ofensiva gubernamental contra quienes desde diversos sectores le hacen oposición. A veces, acusan rasgos de censurables recursos, como la infiltración. Fueron blanco de esta táctica algunos movimientos cívicos regionales, como el cruceño, que además del desgaste y resquebrajamiento de sus filas, registraron desvergonzados ‘cambios de frente’ de algunos de sus integrantes a los que se creía comprometidos con la causa...

Objetivo de todo: dividir para reinar, tanto desde fuera como desde dentro de las filas enemigas. El Gobierno colocó a la Cidob en la mira de este objetivo, tras el duro revés que le significara la marcha en defensa del Tipnis de 2011. Diseñó todo un esquema para provocar aceleradamente la ruptura del movimiento indígena del oriente que, aunque demográficamente minoritario respecto al occidental, representaba fuerza y tenacidad, selladas por una supuestamente férrea unidad en lo concerniente a la defensa de su territorio. Tan evidente característica le representaba al Gobierno un verdadero obstáculo para sus planes de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, con un tramo partiendo en dos el corazón del parque Isiboro Sécure, sin considerar para nada los negativos impactos ecológico-ambientales de la vía en el territorio del respectivo pueblo indígena.

¿Ha conseguido el Gobierno dividir al movimiento campesino de la zona oriental del país? El enfrentamiento entre ‘hermanos’ de la Casa Grande así lo confirma, aunque aún está por verse la magnitud real de la fractura, puesto que unas cuantas ovejas (dirigentes en pugnas) no hacen rebaño. Si la escisión es puramente a escala dirigencial o alcanza a todos los pueblos indígenas del oriente es algo que los hechos a producirse permitirán establecer más temprano que tarde.

Entretanto, lo único evidente es que el Gobierno consiguió dividir en dos bandos a la dirigencia de nuestros pueblos indígenas, ignorándose aún cuál, si el oficialista o el opositor, termina doblegando al adversario. Nos referimos a una disputa que todavía está en su comienzo y cuyo inobjetable origen, igual que otras grescas político-sociales que ocurren en el país, responde a la eficaz estrategia gubernamental de dividir para reinar.

El Deber no es el primero ni será el último en observar las compras directas sin licitación ni cotización previa, lo peor sin conocimiento de las autoridades llamadas del lujo avión y los helicópteros para uso exclusivo presidencial

Por cierto que a cualquier observador sensato no le dejan de llamar la atención ciertas adquisiciones gubernamentales, no solo porque van destinadas a fines que en poco o en nada benefician al conjunto de la colectividad, sino por la forma discrecional en que se las realiza. A casos anteriores, entre los que figura la compra de un lujoso avión francés Falcon 900 a un costo de nada menos que $us 38,7 millones para su utilización por el jefe de Estado en sus constantes periplos, se agrega ahora la adquisición de dos helicópteros, también de manufactura francesa, cuyos precios oscilan entre los 18 y 20 millones de dólares.
Ninguna de dichas naves tiene como destino un servicio público que beneficie al pueblo, que es quien con el pago de impuestos costea estos dispendiosos gastos. Serán de exclusivo uso presidencial, aunque en el decreto supremo que da luz verde a la compra de esos aparatos se argumenta como justificativo su empleo “en la atención de desastres y emergencias y otras actividades relativas a la gestión gubernamental”. Un economista se pregunta si los nuevos helicópteros responden a las prioridades nacionales, como el alivio a la pobreza, o a las comodidades del presidente Morales, mientras que en opinión de un experimentado piloto, a estar con sus especificaciones técnicas, esas naves tendrían dificultades para operar en las zonas de altura del país.
En conjunto, entre el Falcon 900 y los dos helicópteros, se trata de una erogación de aproximadamente 60 millones de dólares, suma con la cual se podían haber construido varios hospitales y centros escolares para mejorar la infraestructura de salud y educación en el país. Priorizar el gasto en estos ámbitos siempre abrumados por la necesidad es insoslayable obligación gubernamental, la misma que adquiere especial rigor en países pobres como el nuestro, donde los males que mayormente aquejan a la población son las deficiencias en los referidos servicios.
Para colmo, en el caso que nos ocupa, son las irregularidades que acompañan a las referidas adquisiciones. Se las hace en forma directa, por decreto, sin etapas previas de convocatoria a propuestas y licitaciones ajustadas a rigurosos criterios de selección que garanticen calidad y precios reales. El Gobierno nacional no sometió al Parlamento del Estado Plurinacional la aprobación de la compra del avión presidencial ni la de los helicópteros, como era su legal obligación hacerlo. Todavía se recuerda el escándalo por la compra con sobreprecio de más de un millón de dólares de un avión Beechcraft de segunda mano por el Gobierno de Hugo Banzer “para el servicio de defensa civil” a raíz del terremoto de Aiquile en 1998. El aparato no era apto para atender desastres naturales y, de remate, quedó virtualmente inutilizado por un accidente, dos años después de su irregular adquisición
Pero se hace por demás evidente que al Gobierno no parece preocuparle ni remotamente las consecuencias de tipo procesal penal de las arbitrarias acciones en que ha incurrido. La paradoja consiste en que respecto a este tipo de ilícito ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entre los casos precedentes en este sentido, se puede citar el del exalcalde de Potosí, René Joaquino, uno de los más votados en el país, defenestrado de su cargo después de un proceso penal que con toda celeridad se le instaurara bajo la acusación de compra de vehículos de medio uso para el municipio de la Villa Imperial.
Tal parece ser que desde los diversos órganos y mecanismos institucionales de control y fiscalización que funcionan en el país, nadie se atreve a ponerle freno a las compras gubernamentales por decreto.

apelamos de nuevo al texto de HV cuando se refiere a la infinita paciencia que está mostrando Brasil con relación a Bolivia y el caso Pinto

Impaciencia brasileña


 El diferendo entre Bolivia y Brasil sobre el caso del senador opositor Róger Pinto, asilado en la embajada de este último país, está mostrando que la insolencia boliviana y la impaciencia brasileña tienen dos estilos muy distintos. Estilos opuestos: Mientras el gobierno boliviano cambiaba por tercera vez de estrategia, pidiendo ahora al propio senador que salga del asilo para poner fin al conflicto, la diplomacia brasileña, inmutable, sólo aludía a temas bilaterales relacionados con la coca y la cocaína. En medio de esta diferencia de estilos, las versiones sobre los roces entre los dos países invadían los medios de comunicación, con detalles sorprendentes. Mediador frustrado: Se supo que Marco Aurelio García, un político muy cercano a Lula da Silva y admirador del régimen boliviano, se ofreció a descongelar las relaciones y para ello logró que se liberen algunos recursos para un programa de ayuda a Bolivia. Llegó a La Paz el señor García, dejó los recursos, pero el presidente Morales se negó a recibirlo. 


Ministra impertinente: Retratando la enorme diferencia de estilos, la ministra Nardy Suxo, de Transparencia, preguntó al embajador Marcel Biato si la embajada le daría asilo si ella asaltaba un banco. El gélido estilo de Itamaraty estuvo contenido en la repuesta: “Asalte usted el banco y ya veremos si le damos o no asilo en Brasil”. Las diferencias entre los dos países no se limitaron a este tipo de roces. Brasil mantiene su decisión de reducir las compras de gas natural boliviano de 29 a 19MM m3/d y Bolivia insiste en poner en la incertidumbre algunas inversiones brasileñas. Temor a la DEA: Lo que probablemente molesta más al presidente Morales es que Brasil ha insistido en aplicar, en todos sus alcances, el acuerdo trilateral (que incluye a EEUU), para el control de la coca y de las drogas. Un acuerdo que el propio presidente intentó postergar de manera indefinida el año pasado, pero que debió aceptar ante la presión brasileña. 


Operación aérea: Brasil ha puesto en el tapete la necesidad de que las fuerzas aéreas de los dos países hagan ejercicios conjuntos para controlar la salida de avionetas con droga producida en el Chapare, justamente cuando el presidente Morales, en una prematura campaña electoral, ha decidido apoyarse en los cultivos de coca (ver página 2). Concesión a Pinto: El diferendo se ahonda y el gobierno boliviano ha optado por insinuar que si Pinto renunciara al asilo –la única opción aceptable para Morales– no sería detenido, pues seguiría gozando de su condición de senador, como lo sugirió este fin de semana el diputado masista Héctor Arce Zaconeta. 


Humor por skype: Pinto no tiene la menor intención de sacar las castañas que tiene el gobierno en el fuego y la semana pasada llegó a proponer, con un sorprendente sentido del humor, que podría seguir su rol de senador usando el “skype”. Este frente externo que se ha abierto el gobierno de Morales le permite desviar la atención de las tensiones que vive por el caso TIPNIS y su frustración por no haber logrado la destitución del gobernador de Santa Cruz..

Fuente: eju.tv - Impaciencia brasileña
http://eju.tv/?p=224057

desde "Tierra Lejana" nos llega este texto que muestra la corrupción en Yacimiento. la de sus 6 presidentes y la "presunción de inocencia" que Evo sintió por Alvarado, por Morales, por Aruquipa, por Santa Ramírez y ahora por Villegas.

“Aquí no se perdona la corrupción”, aseguró el pasado fin de semana el presidente Evo Morales. Hechos y no palabras, le exigen la oposición y la opinión pública.

La afirmación presidencial tuvo que ver con el nuevo escándalo que sacude las estructuras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la estatal petrolera nacionalizada.

Morales salió en abierta defensa del vapuleado presidente de esa institución, Carlos Villegas, de quien se piensa que muy difícilmente pudo ignorar suculentos negociados a sus espaldas.

“Saludamos el trabajo honesto y responsable del licenciado Villegas. Todo nuestro apoyo a este compañero… acusado y calumniado por alguna gente”, sentenció Morales.

El nuevo escándalo tiene que ver con supuestos casos de malos manejos en la adjudicación y construcción de dos plantas de separación de líquidos en el oriente boliviano. Están detenidos cuatro altos funcionarios.

Morales denunció que “hubo gente que se infiltró en YPFB para robar (¿Quién nombra a esos funcionarios?). A esa gente hay que castigar. Aquí no se perdona la corrupción”.

¿De verdad presidente? Para no ir muy lejos. ¿En qué estado está la investigación sobre el gigantesco contrabando de los 23 camiones descubierto en Pando y qué hace actualmente el principal acusado?

Morales “nacionalizó” YPFB y en menos de 3 años tuvo seis presidentes. Uno de los primeros, Jorge Alvarado, fue obligado a renunciar y, antes de cualquier investigación, fue designado embajador en Venezuela.

Su renuncia se produjo luego de un dictamen de la Superintendencia de Hidrocarburos que señaló que Bolivia iba a perder hasta $39 millones si no se frenaba un contrato irregular para la venta de 2.000 barriles de crudo a Brasil.

Pese a las evidencias, que incluyeron el despido de toda la plana mayor de YPFB, Morales defendió la “incorruptibilidad” de Alvarado. “Posiblemente haya incurrido en algunas fallas, pero sin ninguna mala intención”, dijo.

Más o menos lo mismo dijo ahora respecto a Villegas, sin esperar a que las investigaciones sigan su curso normal.

Villegas reemplazó en el cargo a Santos Ramírez, considerado el brazo derecho de Morales en el partido de gobierno, quien fue defenestrado el 2009 cuando era imposible encubrirlo.

El empresario Jorge O’Connor D’Arlach, de la compañía Catler Uniservice, resultó muerto en un robo de $450.000 que iba a entregar en la casa de una pariente de la esposa de Ramírez, Giovana Nava Doria Medina.

La Catler Uniservice había firmado un contrato por valor de $86 millones para la construcción de una planta procesadora de gas en Santa Cruz.

Antes de Ramírez estuvo Guillermo Aruquipa Copa, que renunció tras denuncias de nepotismo. Fue reemplazado por Manuel Morales Olivera, que también fue obligado a dimitir porque se descubrió que unos “becados” suyos a Cuba, en lugar de estudiar, veraneaban en la playa de Varadero.

Pobre YPFB y qué infortunados los bolivianos de contar con estos “servidores públicos”. Al reemplazar a Alvarado en agosto de 2006, Morales dijo: “Si aguantamos 500 años, ¿por qué no vamos a aguantar 500 más?”. Hoy me pregunto ¿a qué se refería?

"el Estado Etéreo" describe El Dia, al mesías, el caudillo que llega a jugar fútbol, trae pelotas y estrena canchitas de pasto artificial, siempre repite lo mismo, sus completos, sus odios, sus ataques, va contra la legalidad de los que pagan impuestos, producen y exportan.

Está claro que el costoso avión de casi 40 millones de dólares no ha sido suficiente para sentar presencia estatal en todo el territorio nacional y obviamente, sumar dos helicópteros a la cuadrilla aérea tampoco alcanzarán para construir un Estado que anda por los aires, saltando de un pueblo a otro, inaugurando canchitas de fútbol y repartiendo cheques para proyectos que muy pocas veces terminan beneficiando a la población.

Para muchos campesinos y habitantes de pueblos alejados el Estado es el presidente, que cada tanto llega vestido de short y camiseta, acompañado de viejas estrellas del fútbol nacional y los entretiene con sus habilidades deportivas. Él es el mesías, el caudillo, el que les recuerda una historia llena de tristezas y les dice que todo lo malo que les ha ocurrido en el pasado y que les sigue ocurriendo, es culpa de otros, de los conquistadores, del imperialismo, de los gringos, de los neoliberales, de la derecha...

En esas condiciones al “Estado etéreo” no le hace falta más que una nave voladora (mejor si son varias) y un canal de televisión para reproducir el discurso “revolucionario”. Del resto se encargan los mismos pobladores, porque en realidad el Estado sigue ausente, no sólo porque la gente continúa sin escuelas dignas, sin hospitales decentes, sin servicios aceptables y obras indispensables para producir y prosperar, sino porque se ha vuelto invisible frente a las formas que los habitantes van buscando para asegurarse la supervivencia por cuenta propia, sin importar que estén reñidas con la ley. De eso se trata, desde el aire, el Estado se vuelve miope frente al contrabando, el narcotráfico y la corrupción que, paradójicamente comienza a carcomer y poner en peligro al propio sistema estatal, o lo que queda de éste, pero que sirve al menos para comprar los aviones, los helicópteros, el teleférico, el satélite y toda clase de objetos voladores.

Pero ese “dejar hacer, dejar pasar” que algunos fijaron como ideal del Estado liberal, en Bolivia se aplica sólo para la informalidad y el “cuentapropismo” ilegal del que obviamente se benefician connotados agentes gubernamentales que han convertido este paradigma en una política de estado. En Bolivia es cada vez más difícil mantenerse en la ruta de la legalidad. Los que producen, exportan y pagan impuestos, son rehenes de innumerables restricciones y trabas como aquella que impuso la Aduana hace unos días en Puerto Aguirre, la única puerta de salida directa del país hacia ultramar.

Lamentablemente el Estado sí existe para los opositores, para los que denuncian y se quejan de lo que está pasando en Bolivia y tristemente también cobra forma para los empresarios, emprendedores y todo aquel que busca cómo producir en este país de pedigüeños funcionales al Estado mesiánico que diariamente nos promete que las migajas lanzadas desde el aire nos van a convertir en Suiza.

El Estado que vive en las nubes durará lo que le dure la plata para repartir como panfletos para asistir a la “kermesse revolucionaria” que no ha parido ni un solo cambio estructural en esta Bolivia que necesita que le digan la verdad y la conduzcan hacia el camino de la productividad, la sensatez y la justicia.

Lamentablemente el Estado sólo existe para los opositores, para los que denuncian y se quejan de lo que está pasando en Bolivia y tristemente también cobra forma para los empresarios, emprendedores y todo aquel que busca cómo producir en este país de pedigüeños funcionales al Estado mesiánico que diariamente nos promete que las migajas lanzadas desde el aire nos van a convertir en Suiza.

resulta que curakas de Mallku Khota al cabo de dos semanas se dan cuenta que Evo no cumple lo que firmaron. exigen cumplir o nuevas medidas sobre propiedad minera.

El curaca mallku de ayllus externos de Norte Potosí, en especial sector Mallku Khota, Benedicto Aguilar anunció este jueves que los comunarios del norte potosino retomaran las protestas  en demanda de la reversión de la empresa minera de Mallku Khota para el Estado nacional en vista del incumplimiento del acuerdo firmado entre comunarios y autoridades de Estado.

El acuerdo establecía la reversión de la concesión minera de Mallku Khota, además de la concesionaria canadiense Suth American Silver a manos del Estado boliviano, en su parte central. Sin embargo, seis eran los puntos establecidos a lo largo del mismo. El documento fue firmado al promediar la 17.30 horas del martes 10 de julio. El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, miembros de la Gobernación potosina y comunarios de San Pedro de Buena Vista y Sacaca se hicieron presentes en Palacio de Gobierno para dar por finalizado el conflicto en el Norte Potosí. 

A la fecha los indígenas originarios de Mallku Khota denuncian el incumplimiento de este acuerdo por parte del Presidente y sus Ministros, en este sentido, manifiestan que “no les queda otra que retomar las medidas de presión y enfrentarse a los avasalladores”, con este anuncio exigen la pronta promulgación del decreto supremo en base a un borrador ya presentado y aprobado.

 Benedicto Aguilar, informó que el único punto que se cumplió al  momento es el que designaba una comisión para la elaboración de un  borrador del Decreto Supremo que pueda efectivizar lo establecido en el acuerdo, el primer punto establece que se conformará una comisión técnica, legal a fin de elaborar el proyecto de Decreto Supremo de reversión de todas las concesiones mineras registradas  a nombre de la compañía minera Mallku Khota, “en eso hemos participado nosotros y en ese sentido hemos cumplido con la elaboración del borrador”, sostuvo con la finalidad de hacer conocer que este avance se logró gracias al impulso de los comunarios.

 El segundo punto establece la suspensión todas las actividades  y formas de exploración de los minerales de este yacimiento mineralógico (…)”, sin embargo Aguilar denunció que al momento se continúa con la explotación del mineral por grupos de  avasalladores y no se aprecia la presencia del Estado que controle este hecho.

 En otros dos puntos, el Estado se compromete a hacerse cargo del centro minero de Mallku Khota en toda su cadena productiva, así también, la pronta elaboración y aprobación de una ley minera, al respecto el Curaca Mallku declaró “hasta el momento no sacan el decreto supremo, hasta el momento no cumplen, (…), queremos una nueva audiencia con el gobierno para que cumpla o ¿es que  no va ha poder cumplir ni el Presidente?, ¿acaso no tienen poder decisión? Que nos digan para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, (…).

 Los dos últimos puntos del acuerdo establecen garantizar la convivencia pacifica entre todas las comunidades (…), además de otorgar al Ministerio Público la tarea de proceder con las investigaciones que correspondan sobre los hechos acaecidos en la región, sin embargo, se denuncia que a la fecha no se han iniciado dichas investigaciones, por el contrario habría un acuerdo refrendado en la localidad de Chiro Kasa el ministro de Trabajo, “Santalla habia hecho un compromiso en Chiro Kasa de que no van a investigar los hechos, se está negociando con avasalladores y secuestradores”, denuncio Aguilar.

 “Hemos suscrito un acta de acuerdo, esta acta no ha tenido ningún valor no ha sido respetado pero nosotros seguimos respetándolo, ya  hemos suscrito el borrador de decreto supremo y hasta el momento no emiten el Decreto Supremo”, expresó el dirigente, a tiempo de hacer conocer que las 45 comunidades del sector Mallku Khota piden respeto a las  tierras comunitarias de origen y se hallan en estado de emergencia “si el Gobierno no se manifiesta no nos queda otra que enfrentarnos con los avasalladores”.

Por Mabel Pericon con material de Felipa Peña/Grupo FIDES