“Aquí no se perdona la corrupción”, aseguró el pasado fin de semana el presidente Evo Morales. Hechos y no palabras, le exigen la oposición y la opinión pública.
La afirmación presidencial tuvo que ver con el nuevo escándalo que sacude las estructuras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la estatal petrolera nacionalizada.
Morales salió en abierta defensa del vapuleado presidente de esa institución, Carlos Villegas, de quien se piensa que muy difícilmente pudo ignorar suculentos negociados a sus espaldas.
“Saludamos el trabajo honesto y responsable del licenciado Villegas. Todo nuestro apoyo a este compañero… acusado y calumniado por alguna gente”, sentenció Morales.
El nuevo escándalo tiene que ver con supuestos casos de malos manejos en la adjudicación y construcción de dos plantas de separación de líquidos en el oriente boliviano. Están detenidos cuatro altos funcionarios.
Morales denunció que “hubo gente que se infiltró en YPFB para robar (¿Quién nombra a esos funcionarios?). A esa gente hay que castigar. Aquí no se perdona la corrupción”.
¿De verdad presidente? Para no ir muy lejos. ¿En qué estado está la investigación sobre el gigantesco contrabando de los 23 camiones descubierto en Pando y qué hace actualmente el principal acusado?
Morales “nacionalizó” YPFB y en menos de 3 años tuvo seis presidentes. Uno de los primeros, Jorge Alvarado, fue obligado a renunciar y, antes de cualquier investigación, fue designado embajador en Venezuela.
Su renuncia se produjo luego de un dictamen de la Superintendencia de Hidrocarburos que señaló que Bolivia iba a perder hasta $39 millones si no se frenaba un contrato irregular para la venta de 2.000 barriles de crudo a Brasil.
Pese a las evidencias, que incluyeron el despido de toda la plana mayor de YPFB, Morales defendió la “incorruptibilidad” de Alvarado. “Posiblemente haya incurrido en algunas fallas, pero sin ninguna mala intención”, dijo.
Más o menos lo mismo dijo ahora respecto a Villegas, sin esperar a que las investigaciones sigan su curso normal.
Villegas reemplazó en el cargo a Santos Ramírez, considerado el brazo derecho de Morales en el partido de gobierno, quien fue defenestrado el 2009 cuando era imposible encubrirlo.
El empresario Jorge O’Connor D’Arlach, de la compañía Catler Uniservice, resultó muerto en un robo de $450.000 que iba a entregar en la casa de una pariente de la esposa de Ramírez, Giovana Nava Doria Medina.
La Catler Uniservice había firmado un contrato por valor de $86 millones para la construcción de una planta procesadora de gas en Santa Cruz.
Antes de Ramírez estuvo Guillermo Aruquipa Copa, que renunció tras denuncias de nepotismo. Fue reemplazado por Manuel Morales Olivera, que también fue obligado a dimitir porque se descubrió que unos “becados” suyos a Cuba, en lugar de estudiar, veraneaban en la playa de Varadero.
Pobre YPFB y qué infortunados los bolivianos de contar con estos “servidores públicos”. Al reemplazar a Alvarado en agosto de 2006, Morales dijo: “Si aguantamos 500 años, ¿por qué no vamos a aguantar 500 más?”. Hoy me pregunto ¿a qué se refería?
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