El Deber no es el primero ni será el último en observar las compras directas sin licitación ni cotización previa, lo peor sin conocimiento de las autoridades llamadas del lujo avión y los helicópteros para uso exclusivo presidencial

Por cierto que a cualquier observador sensato no le dejan de llamar la atención ciertas adquisiciones gubernamentales, no solo porque van destinadas a fines que en poco o en nada benefician al conjunto de la colectividad, sino por la forma discrecional en que se las realiza. A casos anteriores, entre los que figura la compra de un lujoso avión francés Falcon 900 a un costo de nada menos que $us 38,7 millones para su utilización por el jefe de Estado en sus constantes periplos, se agrega ahora la adquisición de dos helicópteros, también de manufactura francesa, cuyos precios oscilan entre los 18 y 20 millones de dólares.
Ninguna de dichas naves tiene como destino un servicio público que beneficie al pueblo, que es quien con el pago de impuestos costea estos dispendiosos gastos. Serán de exclusivo uso presidencial, aunque en el decreto supremo que da luz verde a la compra de esos aparatos se argumenta como justificativo su empleo “en la atención de desastres y emergencias y otras actividades relativas a la gestión gubernamental”. Un economista se pregunta si los nuevos helicópteros responden a las prioridades nacionales, como el alivio a la pobreza, o a las comodidades del presidente Morales, mientras que en opinión de un experimentado piloto, a estar con sus especificaciones técnicas, esas naves tendrían dificultades para operar en las zonas de altura del país.
En conjunto, entre el Falcon 900 y los dos helicópteros, se trata de una erogación de aproximadamente 60 millones de dólares, suma con la cual se podían haber construido varios hospitales y centros escolares para mejorar la infraestructura de salud y educación en el país. Priorizar el gasto en estos ámbitos siempre abrumados por la necesidad es insoslayable obligación gubernamental, la misma que adquiere especial rigor en países pobres como el nuestro, donde los males que mayormente aquejan a la población son las deficiencias en los referidos servicios.
Para colmo, en el caso que nos ocupa, son las irregularidades que acompañan a las referidas adquisiciones. Se las hace en forma directa, por decreto, sin etapas previas de convocatoria a propuestas y licitaciones ajustadas a rigurosos criterios de selección que garanticen calidad y precios reales. El Gobierno nacional no sometió al Parlamento del Estado Plurinacional la aprobación de la compra del avión presidencial ni la de los helicópteros, como era su legal obligación hacerlo. Todavía se recuerda el escándalo por la compra con sobreprecio de más de un millón de dólares de un avión Beechcraft de segunda mano por el Gobierno de Hugo Banzer “para el servicio de defensa civil” a raíz del terremoto de Aiquile en 1998. El aparato no era apto para atender desastres naturales y, de remate, quedó virtualmente inutilizado por un accidente, dos años después de su irregular adquisición
Pero se hace por demás evidente que al Gobierno no parece preocuparle ni remotamente las consecuencias de tipo procesal penal de las arbitrarias acciones en que ha incurrido. La paradoja consiste en que respecto a este tipo de ilícito ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entre los casos precedentes en este sentido, se puede citar el del exalcalde de Potosí, René Joaquino, uno de los más votados en el país, defenestrado de su cargo después de un proceso penal que con toda celeridad se le instaurara bajo la acusación de compra de vehículos de medio uso para el municipio de la Villa Imperial.
Tal parece ser que desde los diversos órganos y mecanismos institucionales de control y fiscalización que funcionan en el país, nadie se atreve a ponerle freno a las compras gubernamentales por decreto.