El Gobierno amenaza ahora con una Ley de Medios que reemplazará a la Ley de Imprenta y comprenderá nuevas sanciones contra el periodismo.
La libertad de expresión es el blanco preferido del Gobierno contra la cual dispara toda su artillería “legal" con el supuesto propósito de acallar a los medios de comunicación y, de esa manera, eliminar uno de los factores críticos de los errores de las autoridades nacionales.
Al Gobierno de poco le sirvió su estrategia inicial de querer controlar por el miedo a medios y periodistas con ataques verbales de altas autoridades y agresiones físicas a periodistas y a predios periodísticos por grupos de choque de movimientos sociales oficialistas. Fracasó al tratar de desprestigiar a la prensa ante los ojos de la opinión pública sindicándola de ser el principal “enemigo" del Gobierno y estar al servicio de la oposición.
Por el contrario, esa hostilidad y la labor periodística, alejada de consignas partidistas y de ideologías políticas, acompañada de críticas constructivas y sinceras a los errores gubernamentales para que éstos sean corregidos, llevó a los medios a ubicarse en el primer lugar de las instituciones más creíbles del país. Ello causó indignación en sectores del poder que, después de haber logrado el control de todo lo que pudieron, ahora pretenden hacer lo mismo con los medios de comunicación.
Y en esta tarea está recurriendo al expediente de aprovechar la sumisa mayoría parlamentaria de la que dispone para aprobar leyes que amordazan la libertad de expresión y convierten a los periodistas en censores de la sociedad, papel oprobioso que jamás antes se les había endilgado.
Ése es el caso de la Ley sobre Régimen Electoral que establece sanciones económicas a los medios no autorizados por el Tribunal Electoral que realicen publicidad de los candidatos a cargos electivos en el Órgano Judicial, además de otras prohibiciones que violan la libertad.
Peor es el caso de la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, con su respectivo reglamento recientemente aprobado, con sanciones de cárcel para periodistas o el cierre indirecto definitivo de medios de comunicación. Si bien el reglamento dice que no se cerrará medios, establece la suspensión de su funcionamiento entre 150 y 360 días calendario, en los que no recibirá ni un solo centavo, pero deberá pagar todas sus obligaciones administrativas, laborales y contractuales. Ningún medio impreso, radial o televisivo, podrá sobrevivir a semejante sanción y deberá declararse en quiebra con el consiguiente despido de sus trabajadores.
Es más, será una institución gubernamental la encargada de “iniciar el procedimiento sancionatorio sin intimación previa", que es lo mismo que poner al ratón a cuidar el queso porque será “a su enemigo" al que deberá juzgar y sancionar.
El Gobierno amenaza ahora con aprobar una Ley de Medios, que reemplazará a la vigente Ley de Imprenta que, según la Ministra de Justicia, comprenderá nuevas sanciones contra el periodismo. Ésta constituye una confesión de las intenciones gubernamentales de castigar a la prensa por realizar su trabajo con independencia.
El periodismo y la sociedad deberán estar alerta ante tales propósitos de seguir afectando la libertad, que es el máximo sostén de la democracia.
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