El gran problema para Evo Morales es haber admitido públicamente que él fue quien dio la orden de meter bala aquella madrugada del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas.
Producto de la intervención policial murieron tres ciudadanos europeos, con familia, con un Estado al que le pagan para proteger a sus ciudadanos (no al revés, como en Bolivia) y con un aparato supranacional como la Unión Europea que, entre otras cosas, no puede permitir que anden matando como a cucarachas a los habitantes que portan un pasaporte que representa a 27 naciones.
En Irlanda, en Hungría y en Croacia saben muy bien que lo del hotel Las Américas fue un crudo ajusticiamiento cometido por fuerzas policiales bolivianas que dispararon a mansalva contra Eduardo Rózsa, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer. Numerosas voces oficiales de aquellos países se han pronunciado al respecto y le han exigido al Gobierno boliviano una investigación imparcial sobre lo que las autoridades nacionales calificaron como una célula terrorista-separatista, que supuestamente tenía intenciones de asesinar al presidente y a otros dignatarios.
Incluso un representante de la Unión Europea solicitó que
los resultados de las autopsias practicadas a dos de las víctimas en sus lugares de origen, donde están en marcha sendos procesos judiciales, sean tomadas en cuenta dentro de la investigación que se había iniciado en Bolivia. La respuesta del Gobierno fue un rotundo rechazo mezclado con abundantes dosis de soberbia y chauvinismo.
Videos, fotografías e innumerables evidencias demostraron después que la versión oficial sobre el caso terrorismo era muy débil y en todo caso pesaba más la tesis del complot gubernamental para criminalizar a cientos de dirigentes cívicos, empresarios y líderes políticos de Santa Cruz y destruir no sólo el proceso autonómico nacido en la región, sino también amilanar definitivamente al departamento más pujante y con mayor proyección nacional.
Que ahora se divulgue un cable diplomático a través de esa herramienta denominada WikiLeaks, que confirma todas las versiones que jamás le otorgaron credibilidad a la tesis gubernamental, no es ninguna coincidencia. Es una señal clara de que la verdad siempre termina por imponerse, por más que los poderosos de turno sean expertos en imponer
sus mentiras.
Lo que afirma la Embajada de Estados Unidos, basado en una fuente de alto nivel, es la constatación de que el “Caso Rózsa” fue una farsa de principio a fin, planificada y perpetrada por los servicios de Inteligencia de Bolivia al amparo de las más altas cúpulas políticas del Gobierno. Es una ilusión pensar que esa verdad prospere en las actuales circunstancias políticas del país, donde la mitad está comprada y la otra parte amedrentada por un régimen abusivo e inescrupuloso.
El problema, decíamos al principio, es que esa verdad está siguiendo su curso normal fuera de nuestras fronteras, allá donde no hay cargo, poder ni dinero que pueda comprar la justicia; allá donde ni siquiera Pinochet pudo escapar, allá donde saben que, con relación al caso Rózsa, el único que ha confesado es el señor Presidente.Lo que afirma la Embajada de Estados Unidos, basado en una fuente de alto nivel, es la confirmación de que el “Caso Rózsa” fue una farsa de principio a fin, planificada y perpetrada por los servicios de Inteligencia de Bolivia al amparo de las más altas cúpulas políticas del Gobierno.
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