Repudio al gobierno soberbio y déspota El Gobierno salió al frente de las encuestas para criticarlas y restarles credibilidad porque considera que no reflejan la opinión del pueblo, después que los diarios del Grupo Líder publicaron los resultados obtenidos por la empresa Captura Consulting y que reflejan un fuerte rechazo de la población de cuatro ciudades del eje a la gestión del presidente Evo Morales y su Gobierno.
Nunca antes la credibilidad del Mandatario, del Vicemandatario y sus ministros estuvo tan baja como ahora, debido, en gran parte, a la equivocada decisión de elevar el precio de los hidrocarburos a niveles sin precedentes y luego revocar la medida por la rebelión que amenazaba agudizarse en todo el país, con efectos impredecibles.
Los esfuerzos gubernamentales por echar la culpa de esa reacción a partidos opositores, a la derecha oligarca y a los intentos desestabilizadores fueron inútiles, como inútil es el intento oficialista de echar sombras a las encuestas para desprestigiarlas. Basta salir a las calles, hablar con la gente y encontrar, cuando menos, expresiones de desencanto por la gestión que realiza el Gobierno.
Los medios de comunicación, incluyendo La Prensa, desde sus páginas editoriales, han señalado frecuentemente los errores que cometían las autoridades para que corrigieran y mejoraran su gestión administrativa y su imagen. Sin embargo, la respuesta gubernamental ha sido el desprecio y la soberbia o la acusación infundada de que los medios son sus enemigos.
Se advirtió constantemente que por dedicarse a la persecución de opositores políticos y buscar mecanismos para deshacerse de ellos, como Joaquino, Cossío, Fernández y otros, se estaba descuidando la administración del país y se quiso barnizar la ineficiencia aferrándose a pregonar que las reservas estaban creciendo como no lo habían hecho jamás. Se criticó la política petrolera para que se empezara a trabajar en serio, se señaló la nacionalización de los hidrocarburos como un eufemismo y ahora se sabe que las empresas extranjeras que operan en el país estuvieron a punto de recibir 57 dólares por barril de petróleo explotado cuando su costo de producción está en aproximadamente cinco dólares. Se alertó sobre la falta de seguridad jurídica que ahuyenta las inversiones, sobre la necesidad de que se restablezca la presunción jurídica de inocencia y el debido proceso a los acusados, sobre la ausencia de la necesaria independencia de poderes o de las violaciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos, pero nada se tomó en cuenta.
Las consecuencias de ese desprecio, de suponer que las cosas se están haciendo bien, de pensar que todos los sectores aliados están o deben estar de acuerdo con lo que el Gobierno hace o si no son traidores; el creer que todo el que critica es derechista, oligarca o enemigo, son los resultados no de las encuestas formales y científicas, sino de lo que se advierte en las calles, mercados, oficinas y donde se vaya a conversar con los hombres y mujeres corrientes.
El presidente Morales y su Gobierno deben analizar su gestión y hacer profundas reflexiones y autocríticas, y buscar las soluciones adecuadas para evitar que todo el apoyo popular que en algún momento habían capitalizado continúe bajando por un tobogán.
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