El disenso es pues parte del derecho a la libre expresión del pensamiento, y sólo cuando se puede expresar sin temor a represalias, hay democracia.
Uno de los pilares fundamentales de un sistema democrático es el respeto a los derechos humanos. Uno de ellos es el derecho a disentir y a protestar. En ejercicio de ese derecho, varios sectores de la población salieron a marchar tras el gasolinazo del presidente Evo Morales.
La población rechazaba la medida económica del Gobierno demandando se la revirtiera. Su movilización consiguió su objetivo, pues el presidente Morales anunció el 31 de diciembre la abrogación del Decreto 748.
Tras la medida, la calma volvió al país, pero casi de inmediato senadores, diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) e incluso autoridades de Gobierno aparecieron en los medios de comunicación anunciando procesos contra las personas que organizaron las movilizaciones, arguyendo que traicionaron al proceso de cambio del Gobierno.
Es más, el Vicepresidente, en un programa del canal de Tv estatal, fustigó duramente a los dirigentes sindicales de las organizaciones que marcharon acusándolos de instrumentos de la derecha y de que las movilizaciones habían sido financiadas por la oposición.
Parece que dirigentes del MAS no entienden que el concepto del derecho a disentir no es otra cosa que el derecho que se tiene de apartarse de la opinión de otros. Se puede diverger de la opinión, posición o acción de personas o grupos en aspectos comunes.
La capacidad que tenemos los hombres de diferenciarnos en maneras de pensar refleja una condición inherente al ser humano: nacer libres y vivir en libertad.
El Gobierno y la gente del MAS debe entender que podemos diverger de una mayoría o una minoría sobre temas concretos dentro de materias como política o religión, que por lo general son bastante controversiales. Pero, sin lugar a dudas, el derecho a disentir tiene importantes vínculos con los componentes de la democracia, el pluralismo y el derecho de las minorías o incluso la lucha de las mayorías contra posiciones doctrinarias de minorías dominantes o que controlan el poder.
Por ello es inaceptable la postura de algunas autoridades y militantes del MAS de anunciar juicios contra quienes no están de acuerdo con la política y medidas que aplica la actual administración gubernamental. El tratar de difundir temor para coartar el derecho a disentir es propio de administraciones totalitarias y no democráticas.
Debemos entender el derecho a disentir como aquel que ampara —bajo el espíritu de las leyes y del estado de derecho— la posibilidad de discrepar y manifestar desacuerdo en el debate público que genera una sociedad democrática.
El disenso es pues un derivado natural del derecho a la libre expresión del pensamiento, y sólo cuando se puede expresar públicamente sin temor a represalias, hay democracia. El derecho a disentir es, por tanto, un valor básico enmarcado dentro de la libertad.
Ahora bien, en lo que no estamos de acuerdo es que si bien existe el derecho a disentir, no se lo puede hacer con actos vandálicos como los que se produjeron contra instituciones públicas, privadas y sindicales. Deberán ser las instituciones afectadas las que inicien los procesos contra los responsables de los respectivos destrozos y, en el marco de lo que establece la norma, individualizando las acciones.
El respeto a los derechos forma parte de los cimientos en la estructura de los derechos; su consolidación, mejoramiento, ampliación y promoción son pilares que se debe desarrollar a futuro, siempre y cuando el respeto esté garantizado por el Estado. (Texto: diario La Prensa, LP, BOLIVIA)
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