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viernes, 23 de diciembre de 2011

Victor Gutiérrez lamenta la insuficiente reacción de las autonomías violadas por el MAS que desarrolla "una estrategia de guerra"

Diciembre de 2011 marca el final de una estrategia de guerra diseñada desde el Gobierno del MAS para acabar con la oposición, que en un principio, se mostraba fuerte sobre todo en momentos en que cinco departamentos (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca) esgrimían con mucha fuerza las banderas autonómicas (2006-2008), cohesión que ponía en riesgo la estrategia de copamiento del poder del Estado para el Gobierno masista.

A partir de esa constatación el partido de Gobierno diseñó y puso en marcha una estrategia de guerra, cuya finalidad era la de desarticular por completo a lo que ellos se encargaron por denominar como la “media luna”, para ello había que echar mano del Órgano Judicial, instrumentarlo, tenerlo a su completa disposición, hacer del Ministerio Público una especie de moderno control político y que en esa medida instaure diversos procesos judiciales en contra de las cabezas visibles de ese movimiento autonómico que amenazaba sus pretensiones fuertemente centralistas. Para ello diseñaron y aplicaron un plan cuidadosamente elaborado en términos militares, dislocaron su fuerzas hacia el noreste del país, hacia Pando concretamente para desde allá asestar el primer golpe desestabilizador y luego ir descendiendo, para ello designaron un “comandante de guerra” que planifique y desarrolle la guerra, quien se encargó en septiembre de 2008 de defenestrar de su cargo de prefecto de Pando a Leopoldo Fernández Ferreira, en ese momento constituido como el prefecto de mayor experiencia política en funciones. El siguiente objetivo era Mario Cossío Cortez (gobernador de Tarija), éste terminó pidiendo asilo en Paraguay como forma de escapar a la cárcel de Tarija. Los próximos blancos eran los gobernadores del Beni y Santa Cruz, la maquinaria legal se desplegó con rapidez y pronto Ernesto Suárez Sattori y Rubén Costas Aguilera tenían sobre sus espaldas varios procesos judiciales. Este momento finalmente ha llegado y tanto Ernesto Suárez, como Costas, aguardan audiencias ya señaladas.

Lo lamentable de todo esto es que hasta el día de hoy las principales víctimas como lo son las autoridades departamentales tanto del Beni, como de Santa Cruz, no han sido capaces de elaborar verdaderas respuestas en función al ataque. Esto, sin duda, tiene varias explicaciones pero sobre las que por hoy no nos detendremos a analizar, limitándonos a expresar simplemente que dichas autoridades departamentales no están a la altura de los desafíos que les han sido planteados.

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