La oposición boliviana ha calificado como “intocables” los bonos que distribuye el Gobierno, no solo la Renta Dignidad (ex Bonosol) que ha sobrevivido tres regímenes, sino también el Juancito Pinto y el Juana Azurduy, que sin duda alguna son la respuesta al amplio caudal de votos conseguido por el MAS en las contiendas electorales posteriores al 2005. Seguramente el oficialismo responderá con una apuesta mayor y hasta podría ofrecer el pago doble, como hizo con el aguinaldo, no solo porque tiene la plata, sino porque le sobra demagogia. La pregunta es ¿cuánto le sirven los bonos a la gente beneficiada?
El auge de los bonos ha sido generalizado en la mayoría de los países latinoamericanos y Bolivia no es el caso más exagerado, si lo comparamos con Argentina o Venezuela, donde se cuentan por decenas, sin mencionar los subsidios y otras formas de distribución, producto del histórico nivel de ingresos por los excepcionales precios de las materias primas de exportación.
¿Ha sido acertada esta receta? Siempre es mejor repartir plata entre los pobres a que se la guarden los grupos elitistas, como sucedió en los años 70 en la región, cuando producto del auge de los petrodólares y las dictaduras se encargaron de pagar muy bien la lealtad de sus allegados. Los resultados están a la vista: en los últimos 15 años, más de 100 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza y desde el 2000 los indicadores de marginalidad han caído en un 30 por ciento, no solo por influencia de los bonos, sino también por otras medidas como el aumento del salario mínimo y otras políticas relacionadas con reformas impositivas.
No hay duda que los bonos y todas las formas de transferencia monetaria seguirán entregándose en la misma medida y tal vez más, solo si se mantiene el abultado nivel de ingresos que depende de factores exógenos. De hecho, los bonos no representan una carga significativa en el presupuesto de Bolivia, apenas un dos por ciento, lo que es una bicoca si lo comparamos a lo que se invierte en seguridad y defensa.
El debate consiste no solo en la dicotomía de mantener o no los bonos, sino en buscar otras formas más efectivas de la distribución de la riqueza, que aseguren sostenibilidad a las políticas sociales y mayor movilidad social a la ciudadanía. De acuerdo al Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) del Banco Mundial, los bonos son importantes, pero no han conseguido disminuir ni un ápice la desigualdad en el continente. América Latina posee tasas de desigualdad similares a las de África Subsahariana y un 75 por ciento de la población en el continente considera que no existen los medios para superar la pobreza.
Unos pesos en el bolsillo pueden ayudarle a una familia a mitigar el hambre y a sobrevivir en mejores condiciones, pero la única forma de lograr que viva bien es con mayor acceso a la educación, a la salud y a las instancias de poder, que siguen manteniéndose en manos de unas élites que monopolizan las instituciones y no dejan espacio a la democratización. Lamentablemente esta característica se mantiene pese los supuestos procesos revolucionarios que se han llevado adelante en la región.
El auge de los bonos ha sido generalizado en la mayoría de los países latinoamericanos y Bolivia no es el caso más exagerado, si lo comparamos con Argentina o Venezuela, donde se cuentan por decenas, sin mencionar los subsidios y otras formas de distribución, producto del histórico nivel de ingresos por los excepcionales precios de las materias primas de exportación.
¿Ha sido acertada esta receta? Siempre es mejor repartir plata entre los pobres a que se la guarden los grupos elitistas, como sucedió en los años 70 en la región, cuando producto del auge de los petrodólares y las dictaduras se encargaron de pagar muy bien la lealtad de sus allegados. Los resultados están a la vista: en los últimos 15 años, más de 100 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza y desde el 2000 los indicadores de marginalidad han caído en un 30 por ciento, no solo por influencia de los bonos, sino también por otras medidas como el aumento del salario mínimo y otras políticas relacionadas con reformas impositivas.
No hay duda que los bonos y todas las formas de transferencia monetaria seguirán entregándose en la misma medida y tal vez más, solo si se mantiene el abultado nivel de ingresos que depende de factores exógenos. De hecho, los bonos no representan una carga significativa en el presupuesto de Bolivia, apenas un dos por ciento, lo que es una bicoca si lo comparamos a lo que se invierte en seguridad y defensa.
El debate consiste no solo en la dicotomía de mantener o no los bonos, sino en buscar otras formas más efectivas de la distribución de la riqueza, que aseguren sostenibilidad a las políticas sociales y mayor movilidad social a la ciudadanía. De acuerdo al Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) del Banco Mundial, los bonos son importantes, pero no han conseguido disminuir ni un ápice la desigualdad en el continente. América Latina posee tasas de desigualdad similares a las de África Subsahariana y un 75 por ciento de la población en el continente considera que no existen los medios para superar la pobreza.
Unos pesos en el bolsillo pueden ayudarle a una familia a mitigar el hambre y a sobrevivir en mejores condiciones, pero la única forma de lograr que viva bien es con mayor acceso a la educación, a la salud y a las instancias de poder, que siguen manteniéndose en manos de unas élites que monopolizan las instituciones y no dejan espacio a la democratización. Lamentablemente esta característica se mantiene pese los supuestos procesos revolucionarios que se han llevado adelante en la región.
Un cambio significativo solo es posible si se da el gran salto cualitativo en los medios más eficaces de distribución de la mejor riqueza que puede ofrecer un país: conocimiento, servicios, condiciones para generar nuevos emprendimientos, escuelas con profesores capacitados (no adoctrinados) y hospitales que además de la gran mole de cemento ofrezcan personal bien entrenado, suficientes camas y profesionales bien remunerados para atender bien a todos por igual.
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