No debe ser fácil para los gobernantes observar que la ciudadanía no tiene similares sentimientos y percepciones que ellos. Bajo una concepción democrática del poder, esta disonancia obliga a los gobernantes a tratar de adecuar sus actos respetando dos dimensiones del ejercicio del poder: satisfacer las demandas de la gente con las posibilidades que la administración le otorga. En cambio, una visión autoritaria del poder hará que, sea mediante la seducción prebendal o ejercicio de la fuerza, se moldee aquellos sentimientos y percepciones de acuerdo a las de quienes ejercen el poder.
Bajo esa concepción, la encuesta sobre valores y principios democráticos que en homenaje a los 30 años de vida democrática ininterrumpida en el país publicamos en Los Tiempos el pasado 10 de octubre, ofrece una serie de datos que muestran, precisamente, la existencia de disonancias entre las percepciones ciudadanas y las de las autoridades. De principio, hay una de fondo: mientras la mayoría de los consultados expresa plena adhesión al sistema democrático conquistado en 1982, lo que han hecho diversas autoridades ha sido tratar de desmerecer todo lo que se ha hecho entre esa fecha fundacional y 2006.
Otra, que es muy importante, en que la mayoría considera que la democracia es, fundamentalmente, libertad de expresión, pluralismo, alternancia en el ejercicio del poder y respetos por los derechos humanos, percepción que contradice a quienes creen que esos valores tienen raíz colonial y deben estar subordinados a los intereses del Estado y sus conductores, para lo que tratan de generar e inventar ritos, mitos y conceptos que, tal como están siendo propuestos, adquieren elevada peligrosidad.
En cuanto a percepciones más especificas, no debe ser grato para muchas autoridades encontrar que las instituciones que ellas han definido como adversarias sean las que mayor credibilidad y aceptación ciudadana tienen, como son la Iglesia Católica y los medios de comunicación. Si a eso se suma que las autoridades electas regionales y municipales y que no pertenecen al oficialismo tienen porcentajes de apoyo que superan ampliamente las obtenidas por las del oficialismo, el panorama se les complica.
También es interesante observar que la mayoría de los consultados considera que el Primer Mandatario no debiera ir a una "re reelección" (lo que de ninguna manera se puede interpretar en sentido de que si lo hiciera no votaría por él), así como que cree que la Constitución no se lo permite.
Por último, debiera provocar alarma la profunda desconfianza de la gente respecto al Órgano Judicial, lo que demuestra que las advertencias que se hicieron sobre la poco transparente manera en que se procedió a su reforma y reconstitución habían sido correctas.
Se trata, pues, de una serie de datos que ratifican la compleja percepción que sobre la realidad tiene, en este momento, la gente. Sin embargo, parecería que nada conmueve a las autoridades que por lo que dicen y hacen daría la impresión que prefieren adecuar, a cualquier precio, la realidad a sus visiones y no éstas a la realidad, actitud que de ninguna manera es democrática.
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