Aparentemente el Gobierno tiene planes de empeorar todavía más el turbio panorama político previo al referéndum del domingo 21 de febrero, con amenazas surgidas en un cuadro de desesperación en el que se encuentra el oficialismo por lavar la imagen de las principales figuras gubernamentales.
Pese a que han surgido voces más prudentes que sugieren no tomar represalias con los periodistas que han estado haciendo graves revelaciones públicas, la irascibilidad parece ser más fuerte en otras autoridades que amenazan constantemente con recurrir a los tribunales contra los comunicadores, lo que en este contexto equivale a desatar la persecución, pues está claro que la justicia es hoy un resorte represivo al servicio del régimen.
No vamos a afirmar que el ejercicio del periodismo ha estado libre de la hostilidad en los últimos años, pues la situación ha sido difícil, pero debemos admitir que hasta el momento el Gobierno se ha cuidado de no caer en la judicialización, como ha sucedido con los políticos opositores víctimas del acecho de jueces y fiscales funcionales. Comenzar a hacerlo en este momento no solo sería perjudicial para la democracia, sino también para el propio sistema político hegemónico, cuya credibilidad se ha deteriorado con la inmensa ola de denuncias de corrupción que han llegado a tocar las más altas esferas del poder.
Más allá de los resultados de este domingo, las autoridades tienen que guardar calma e ingresar en un proceso de autocrítica y saneamiento, de lo contrario el denominado "proceso de cambio" podría acelerar aún más su desprestigio. Ellos mismos han reconocido la necesidad de investigar toda las denuncias realizadas y lo peor sería proceder a la manera acostumbrada y simplemente apelar a la pantomima para esconder y encubrir los malos manejos.
Tal como se han ido desencadenando los hechos recientes, se podría anticipar más evidencias comprometedoras, como corresponde en un Estado de derecho, donde los periodistas están llamados a ejercer una labor de fiscalización y los mandatarios tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía que los eligió. En este marco conviene actuar conforme a la ley y los principios y no con el abuso la persecución, elementos que precisamente han erosionado la imagen del Gobierno.
Y en este cuadro desquiciado en el que surgen amenazas de ajustes de cuentas, vuelve al tapete la machacona tesis de la conspiración, con vinculaciones de los periodistas, medios de comunicación y de algunas figuras de la oposición con supuestas fuerzas del imperio que estarían detrás de las denuncias y de la campaña proselitista opuesta al oficialismo. Para ello, algunos voceros gubernamentales no han tenido reparos en admitir que existe un trabajo de espionaje hacia la prensa y, por último, hubo gruesas acusaciones tratando de hacer creer que hay quienes trabajan como agentes encubiertos al servicio de Estados Unidos. Por esto mismo se sugirió la posibilidad de expulsar al encargado de negocios de la Embajada norteamericana, lo que terminaría por arruinar las perspectivas de la política nacional.
Más allá de los resultados de este domingo, las autoridades tienen que guardar calma e ingresar en un proceso de autocrítica y saneamiento, de lo contrario el denominado "proceso de cambio" podría acelerar aún más su desprestigio. Ellos mismos han reconocido la necesidad de investigar toda las denuncias realizadas y lo peor sería proceder a la manera acostumbrada y simplemente apelar a la pantomima para esconder y encubrir los malos manejos.
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