No cabe duda que la fuga del exfiscal Marcelo Soza a cargo del caso terrorismo, desata una situación complicada interna para el Gobierno y otra en el plano internacional, respecto a las relaciones con el vecino país Brasil.
El controvertido exfiscal había renunciado a su cargo hace un año luego de que aparecieron grabaciones en las que supuestamente denunciaba corrupción en la justicia boliviana y fotos de él con abogados a los que el Gobierno acusa de extorsión. Cabe recordar que uno de los casos más delicados estuvo en manos de Soza. El mismo se refiere a un supuesto complot contra el Gobierno del presidente Evo Morales que se dio en 2009 en Santa Cruz, cuando un comando policial desbarató una célula terrorista que pretendía asesinar al Presidente e iniciar una guerra separatista. El operativo derivó en la muerte de tres de los terroristas y fueron arrestados otros dos que guardan prisión.
Las investigaciones a cargo de Soza derivaron también en la detención de un grupo de ciudadanos bolivianos supuestamente comprometidos con el complot y el separatismo. Algunos de los imputados denunciaron extorsión y la Fiscalía General lo procesó por incumplimiento de deberes. El exfiscal desapareció de la escena pública y la fiscalía esperaba su declaración este miércoles cuando se conoció la noticia de que había fugado al vecino Brasil, con una solicitud de refugio.
Estos antecedentes no dejan sino lugar a una serie de interrogantes relacionados con el papel que ha jugado la Fiscalía General de la República que no realizó el seguimiento necesario sobre el proceso que le seguía al exfiscal. Paradojas de la vida, la huida del exfiscal se parece mucho a la del senador opositor Roger Pinto quien también se fue al Brasil donde está refugiado, es decir, ante el desconocimiento de las autoridades nacionales. Más paradojas, el exfiscal contrató los servicios del mismo abogado brasileño de Pinto.
Sin embargo, más allá de lo que ya puede ingresar hasta en la anécdota, la fuga del exfiscal Soza, podría concluir el caso del terrorismo con el archivo de obrados o por el contrario, reactivar el mismo en otras instancias donde las investigaciones se realicen con transparencia y a cargo de gente confiable. Deja al mismo tiempo, abierta una serie de interrogantes para las autoridades.
En las relaciones con el Brasil, se abren posibilidades de nuevas grietas, por los antecedentes del exsenador Pinto que goza de refugio. Seguramente que a más de la confirmación del embajada del Brasil en La Paz, las autoridades de este país guardarán silencio, y pasarán el pedido del exfiscal a la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) que deberá emitir una resolución favorable o no al pedido de refugio.
El exfiscal casi paralelamente de optar por su huida al vecino país, habría dejado una carta en la que revela que en el caso terrorismo en el que el mismo imputó a cerca de 39 personas, corrió sobornos, compra de testigos y presiones para incluir sin pruebas a líderes cruceños afirmando que se trataba de un montaje gubernamental. Si esto sería cierto, habría que aplicar el aforismo de que a falta de prueba, confesión de parte, es decir, que el exfiscal cometió todos esos delitos en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué lo hizo? Obligado o porque el asumió acciones delictivas y transgredió las normas? Estas y otras preguntas, merecen respuestas.
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